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La magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López Jaramillo, ha sido nombrada como la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial. El propósito de esta delegación y su Observatorio de Género (CNGRJ) es fortalecer la política de igualdad y no discriminación, así como contribuir a erradicar la violencia de género, especialmente contra las mujeres.
La Comisión estará conformada por expertos, quienes en calidad de comisionados se centrarán en abordar los desafíos cruciales en materia de género. Se trata de Julio Andrés Sampedro, quien actuará como vicepresidente desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así como Juan Carlos Cortés, de la Corte Constitucional, Marjorie Zúñiga Romero, de la Corte Suprema de Justicia, y María Adriana Marín, del Consejo de Estado.
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Para la magistrada López Jaramillo, los objetivos prioritarios incluyen seguir avanzando hacia la igualdad de género, erradicar la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como eliminar la discriminación y promover la dignidad humana en todas las áreas de la justicia.
El enfoque estratégico de la delegación para este año será la “interseccionalidad”, una perspectiva que reconoce la presencia simultánea de múltiples condiciones diferenciales de vulnerabilidad de las personas. Esto se realizará con una visión amplia, según informa el CJS, para lograr la equidad y la dignidad humana en la justicia.
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Asimismo, la magistrada resaltó la importancia de herramientas para la prevención y atención del acoso sexual y por razones de género en el ámbito judicial, como el micrositio “Cero tolerancia a la violencia de género en el ámbito laboral”, la red de orientadores y de apoyo, el formato de quejas a través de los correos ‘violeta’, y la implementación del protocolo contra el acoso sexual por razones de género en el ámbito laboral.
De esta manera, se llevarán a cabo ejercicios de formación relacionados con la prevención del acoso laboral en el campo profesional, llevando a cabo su compromiso con la creación de un entorno laboral seguro y equitativo para todos los servidores judiciales.
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