El paso hacia una justicia étnica con la creación de cinco juzgados de restitución

“El reto es lograr que la administración de justicia conecte con el territorio y las necesidades tantas veces expresada por las comunidades”, dice la magistrada Gloria Stella López Jaramillo. (Foto de referencia)

Foto: Óscar Pérez

Querer regresar a su finca es el sueño de miles de víctimas del conflicto armado en Colombia. Es, además, un derecho conocido como la restitución de tierras, el cual implica la devolución de propiedades despojadas o abandonadas a aquellas personas que tuvieron que salir de sus hogares. El objetivo de este derecho es, entonces, restablecer la propiedad de la tierra junto con sus respectivos títulos, y mejorar las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios para asegurarles una vida más digna. Aunque la ley existe desde 2011, todavía se presentan necesidades frente al acceso a la justicia para todos aquellos que esperan habitar nuevamente sus territorios.

Desde 2017, por ejemplo, el resguardo indígena Zio Baín Buenavista de Puerto Asís (Putumayo) le exigió al juez de Restitución de Tierras primero de Mocoa la aplicación de la norma que ordena la protección a los grupos étnicos víctimas de confinamiento y desplazamiento en el marco del conflicto armado. Más adelante, en 2020, solicitaron que el juez iniciara la etapa de recolección de pruebas. Sin embargo, el juzgado consideró que todavía no se había establecido un universo completo de personas que podrían verse relacionadas en el caso. Así que continuaron en una primera etapa para notificar a las personas que no habían sido vinculadas al proceso.

Esto hizo que las dificultades aumentaran, pues la población de la zona es flotante: se va moviendo con el tiempo por las dinámicas no solo del conflicto, sino también por asuntos culturales. Inconformes con la decisión del juez, llegaron hasta la Corte Constitucional con una acción de tutela. Y fue gracias a este recurso, presentado por los integrantes del resguardo indígena Zio Baín Buenavista, que el alto tribunal ordenó un plan de descongestión que el CSJ aplicará con la creación de nuevos cinco despachos con nuevos jueces especializados y en zonas priorizadas debido a sus luchas colectivas por la restitución de la tierra.

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El propósito de la sentencia es darle también solución a una de las mayores dificultades para el acceso a la tierra, es decir, la congestión que existe para darle resolución a las solicitudes, procesos acumulados llenos de trabas y dilaciones. Y las cifras lo demuestran. A corte del 31 de enero de 2024, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la entidad que busca reintegrar las tierras despojadas en el marco del conflicto armado, detalla que, de las 151.513 solicitudes de restitución, 389 son casos caracterizados como étnicos y se han emitido, apenas, un total de 30 sentencias. De esos pronunciamientos, han salido beneficiadas 51.536 personas que corresponden a 17.293 familias.

En aras de garantizar el derecho a la tierra de las comunidades, fue que la Corte Constitucional le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) priorizar en el 2022 un enfoque diferenciado que respete las garantías de los derechos colectivos y una restitución efectiva del territorio. Pues, es el CSJ quien tiene el deber de implementar criterios de priorización, con el fin de destinar medidas y recursos que permitan promover la justicia y reparación para aquellos que han sido afectados por la violencia y el desplazamiento forzado.

Los casos más emblemáticos que tienen que ver con restitución de territorios colectivos de comunidades afro e indígenas han tenido menor número de atención, según detalla la magistratura. Debido a esto, es que entender los conflictos que han rodeado a estas comunidades resulta tan importante para la administración de la justicia. “El reto es lograr que la administración de justicia conecte con el territorio y las necesidades tantas veces expresada por las comunidades”, dice la magistrada Gloria Stella López Jaramillo del CSJ, quien también explica que los nuevos juzgados de restitución de tierras funcionarán con un enfoque centrado en la protección y reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades étnicas.

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Además, se suman otros desafíos al proceso dentro de la ruta de justicia étnica. En el informe emitido por la Procuraduría en mayo de 2023, respondiendo a la misma sentencia de la Corte Constitucional, se expone que las comunidades étnicas enfrentan falta de reconocimiento y protección de sus territorios ancestrales, lo que viola sus derechos y los deja vulnerables ante la presencia de actores armados. Por lo que garantizar su derecho a la justicia requiere también “buscar la garantía para las víctimas, en este caso comunidades indígenas y afrocolombianas, de lograr la restitución de sus tierras de manera justa y equitativa, teniendo en cuenta su cosmovisión, tradiciones y formas de organización social”, como dice la abogada.

Pero ese no es el único obstáculo. Existe una dificultad para implementar políticas públicas en el terreno, la falta de continuidad en las entidades responsables y los altos costos logísticos lo ponen aún más barreras a la situación. Otro asunto es la persistencia de la violencia y los conflictos con terceros en los territorios indígenas que, de una forma u otra, dificultan el acceso a la justicia y el desarrollo institucional, mientras que la falta de enfoque diferencial y seguimiento adecuado agrava también el panorama.

Por ello, a partir de un análisis, desde el CSJ estimaron que una de las soluciones posibles que permitiría superar este problema es la creación de esos nuevos juzgados. Un conjunto de despachos que se dedicarán exclusivamente a resolver las controversias relacionadas con los temas étnicos, y esperan incorporar, dentro de sus plantas, un equipo interdisciplinario que permita reconocer las dinámicas de las comunidades y aplicar una justicia con enfoque étnico.

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Para llegar a esto, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores desempeña un papel fundamental en el proceso de diseño e implementación de los nuevos juzgados de restitución de tierras étnicos. A través de espacios promovidos y acompañados por el Programa Justicia Inclusiva de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se han podido desarrollar estrategias para la inclusión de enfoques interculturales, la participación activa de las comunidades étnicas en el proceso de restitución, y la capacitación del personal judicial en la materia.

“La colaboración entre las instituciones y la Rama Judicial es determinante para el diseño e implementación efectiva de estos juzgados. Su participación siempre ha sido importante para que se tomen en cuenta las perspectivas y necesidades de las comunidades étnicas en este proceso, el cual, en todas sus formas, es una nueva apuesta en lo judicial; y en términos de cambio, en los conflictos de restitución de tierras de rutas colectivas”, describe la magistrada López.

Hasta ahora, los avances hacia la puesta en marcha de los tribunales incluyen, además de cuestiones logísticas, la selección de personal, específicamente ya se está desarrollando la designación de jueces en los despachos que abrirán, seguida de capacitación en aspectos étnicos y culturales. Serán dos juzgados en Cauca, y de a uno en Mocoa, Quibdó (Chocó) y Apartadó. Sin embargo, las víctimas todavía están a la espera de las aperturas de los despachos para que resuelvan los casos que llevan procesando por años.

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Nury Martínez, la abogada de la Comisión Colombiana de Juristas (Coljuristas) que representó a los accionantes en el proceso, indica que sí es necesario que existan los juzgados, pero que su creación ha sido tardía e insuficiente para atender las dificultades de las familias indígenas para el acceso a la tierra. “La resolución está, pero lo que necesitamos todos es que el juzgado exista”, dice la defensora. Asimismo, será crucial la coordinación con las entidades responsables del sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas, así como la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT.

Respecto a los procesos que llevarán los despachos, el órgano de cierre para este tipo de casos sigue siendo de competencia de los jueces. Excepto a cuando exista un opositor para la restitución de la tierra, es decir, otra persona o colectivo que ocupa el mismo territorio; allí, quien asume la competencia de resolución de los procesos, es el tribunal regional al cual pertenezca el juzgado.

De esta manera, la creación de nuevos juzgados especializados en la restitución de tierras étnicas representa un paso significativo hacia la garantía de los derechos territoriales de las comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, persisten desafíos para garantizar medidas adecuadas para la población étnica. Parafraseando a la abogada Martínez, es crucial que estos juzgados funcionen de manera efectiva y se adapten a las dinámicas culturales y territoriales de las comunidades étnicas para garantizar la justicia en la restitución de tierras.

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