Víctimas de la guerra en Urabá, Antioquia, recibieron apoyo psicosocial y jurídico

Una de las estrategias del enfoque psicosocial es el acompañamiento y asesoría a las víctimas antes de dar sus testimonios.

Foto: Archivo

Nerelvis Hernández permaneció callada mucho tiempo. Algunos de sus conocidos dicen que pasaban días enteros sin pronunciar palabra, otros creen que pudo pasar una década de mutismo completo a raíz del asesinato de su esposo en medio del conflicto. “No quería ni que me hablaran, me sentía sola y ni comía”, recuerda la mujer.

Su historia es la de miles de personas en Antioquia, y especialmente en la región del Urabá, que tras la guerra, y ante la falta de recursos para poder costear un abogado o un psicólogo, tuvieron que paliar sus dolores en silencio y en completa soledad.

El Espectador conoció un proyecto que cambió la situación de Nerelvis y de otras ocho personas, quienes recibieron apoyo psicosocial y jurídico durante 18 meses, con el objetivo de ayudar a sanar los recuerdos que les dolieron durante años.

Organizado por la diócesis de Apartadó (Antioquia) y la Organización de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el proyecto atendió a nueve personas que sufrieron desplazamiento forzado, presenciaron la muerte de alguno de sus familiares o en algunos casos, fueron víctimas de más de una violencia solo por habitar en el Urabá.

La región, conocida por su riqueza de recursos naturales y abundantes afluentes hídricos, se convirtió desde los 70 en un epicentro de guerra en el que las guerrillas y los grupos paramilitares hicieron su presencia para controlar el territorio. El Centro Nacional de Memoria Histórica contabilizó casi 8.000 asesinatos en la zona y los habitantes aún recuerdan algunas de las masacres que impusieron el terror en San Pedro de Urabá, que fue atacada en 1994 por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y menos de cinco años después, las Farc volvieron a atacar a los civiles.

La importancia de sanar

Este proyecto inició en agosto de 2022 con la ayuda de abogados, expertos en temas de víctimas y psicólogos dispuestos a escuchar los recuerdos del conflicto. La Diócesis de Apartadó, consciente de las constantes vulneraciones que la población de Urabá ha sufrido en la guerra, abrió un programa para atender a 10 víctimas.

El primer paso, explicó la Arquidiócesis a este diario, era incluir a personas violentadas en el programa para conocer cuál era su historia y ya con conocimientos jurídicos, diseñar alguna estrategia para ayudarlos a encontrar justicia. Así, abrió cupos para que seis casos de graves violaciones a derechos humanos, y cuatro víctimas que fueron desplazadas, entraran al programa.

“La mayoría de las personas que entraron a la convocatoria eran de muy escasos recursos. No tienen quien ponga la cara por ellos y ni hablar de pagar un abogado”, recuerda Bardoth García, coordinadora de la Diócesis. Sin embargo, no fue una tarea fácil. En el caso de Narelvis el acompañamiento psicológico le ayudó a hablar de lo ocurrido y recuperar su vida social.

“Estaba medicada (psiquiátricamente), siempre tenía que estar asistida de sus hijas o nietas y en un momento, dudamos si ingresarla al proyecto, porque dudábamos si ella tenía realmente la voluntad de recibir el apoyo psicosocial. Pero su evolución fue tan grande que ahora es capaz de relacionarse nuevamente con las personas, hablar e incluso fue hasta la Fiscalía para declarar sobre el asesinato de su esposo”, asegura García.

Pero el apoyo no se queda únicamente en lo psicológico. Según conoció El Espectador, también hay asesorías jurídicas para que las víctimas puedan acceder a justicia que durante mucho tiempo estuvo paralizada o ausente.

Los litigantes que trabajaron de la mano con la Diócesis lograron recabar información que las víctimas necesitaban para poder iniciar o continuar los trámites, por ejemplo, en materia de restitución de tierras. A través de derechos de petición solicitaron datos como la georreferenciación, los radicados ante la Unidad de Restitución de Tierras o las acreditaciones como víctimas para que esos procesos, algunos al borde de ser archivados, volvieran a moverse en las instituciones del Estado.

“Las personas no creían en nosotros y ahora vemos el cambio, la receptividad y ver cómo están más activos. Pero en el plano de justicia, también logramos que procesos de restitución de tierras, que llevaban quietos desde 2016, volvieran a moverse para que quienes fueron desplazados o violentados reciban un hogar propio”, explica García.

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador