Las personas juzgadas fueron activos partícipes en la elaboración, uso fraudulento y certificación de al menos 30 actas de conciliación completamente falsas, con las que fueron cobrados varios millones procedentes del tesoro público.
Gracias a la actuación procesal, se evitó que fueran cobrados otros tres mil setecientos millones de pesos, por diferentes negociaciones en bancos de Brasil, Nueva York y Londres.
El Tribunal indicó que los acusados parecen "tener un perfil sicológico donde prevalecen la falta de escrúpulos y la ausencia de respeto por la dignidad del cargo y profesión que ostentaba. El hecho de concertarse para cometer los delitos que fueron necesarios para atentar contra la seguridad y fe públicas, deja entrever una personalidad fundada en valores contrarios a los que la vida en sociedad exige…".
Por esto, fueron condenados a pagar una indemnización a favor del Ministerio de Protección Social por la suma de cuatro mil quinientos millones de pesos.
Por falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, peculado por apropiación y concierto para delinquir, fueron condenadas las cinco personas, con penas que van entre los cuatro y los catorce años.
Carlos Gonzales fue condenado a 14 años y 5 meses de prisión; Carmen del Socorro Peña, a doce años y ocho meses; Gladys Marina del Castillo, siete años; Eddy José Padilla, 4 años y 7 meses; Julio Cesar Moreno, 4 años y 7 meses.