La perseverante

/Daniel Gómez

“A mí no me interesa ver al procurador en la cárcel… lo que nos interesa es que la información sea clara”, dijo a una emisora Mónica Roa hace algunos meses. La directora de programas de Women's Link Worldwide se refería al fallo de tutela que les dio la razón a ella y otras 1.200 mujeres de distintos lugares del país, quienes argumentaban que se les había violado el derecho a la información.

La razón: el procurador general y las procuradoras delegadas Carreño y Hoyos obstaculizaron la cátedra en derechos sexuales y reproductivos ordenada por la Corte Constitucional; sembraron confusión entre las entidades prestadoras de servicios de salud en lo que concierne al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en los tres casos que permite la ley; manipularon información científica para sacar del mercado la anticoncepción de emergencia (e impedir la inclusión del misoprostol en el Plan Obligatorio de Salud); y promovieron la objeción de conciencia institucional para dificultar la prestación de servicios de IVE.

Hace seis años, gracias a una demanda interpuesta por Roa, la Corte Constitucional reconoció el derecho de niñas y mujeres a exigir al Estado una IVE si hay riesgo para la vida o salud —física o mental— de la mujer, si el embarazo es resultado de violación, o si el feto tiene malformaciones que hacen inviable la vida extrauterina. Quizás en aquel entonces esta abogada no hubiese podido imaginar el calibre de los obstáculos que el propio Estado interpondría al cumplimiento de la ley. Tampoco hubiera podido prever que, en un acto sin precedentes, la procuradora Hoyos la demandaría penalmente en una suerte de represalia por haberse atrevido a encabezar la tutela por el derecho a la información.

Pero su defensa de los derechos sexuales y reproductivos no sólo ha despertado la oposición dentro del ámbito legal. Desde hace seis años cuenta con un esquema de seguridad, pues ha recibido diferentes amenazas y su oficina, que había sido blanco de vandalismo en 2006, fue vulnerada de nuevo el pasado mes de mayo.

Roa, sin embargo, persevera. Sabe que los fallos judiciales son el comienzo y no el fin de los procesos sociales, que —en materia de derechos adquiridos— pueden darse retrocesos. Sabe también que Colombia tiene 32 departamentos en los que los derechos sexuales y reproductivos deben ser difundidos. Y es consciente de que sin información confiable es imposible tomar decisiones libres.

* Columnista de ‘El Espectador’