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En cuanto la enfermera se enteró de que había abortado en su casa, Fernanda García supo que estaba en peligro. La enfermera comenzó a gritarle que era una criminal, que lo que había hecho estuvo mal, que la iban a mandar a la cárcel. “Me dijo que me iban a denunciar, que iba a enfrentar cargos”, comentó García, quien el mes pasado fue al hospital después de sufrir dolores y sangrado. “Nunca he sentido tanto miedo en mi vida”.
García dice que cuando intentó irse, el personal médico se rehusó a devolverle sus pertenencias. Comenta que decidió arrebatarles sus cosas y escapó, pero todavía se estremece cada vez que suena el timbre de su puerta, convencida de que la Policía llegó para arrestarla. Según García, muchas veces ha pensado en quitarse la vida desde entonces.
Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana ha dictaminado que el aborto no es un delito, con lo que sentó un precedente que pone al país en camino a ser la nación más poblada de Latinoamérica en permitir el procedimiento. En años recientes, miles de personas han enfrentado investigaciones penales por finalizar sus embarazos, pero, según expertos legales, la decisión unánime que tomó la Corte la semana pasada debería permitir que les retiraran los cargos. Sin embargo, casos como el de García demuestran que los máximos magistrados de la nación no están en sintonía con las visiones de la mayoría conservadora de México, donde las encuestas indican que la mayoría de las personas no cree que el aborto debería ser legal.
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Gracias a que un valiente movimiento a favor de los derechos de las mujeres ha tomado las calles de México, cada vez con mayor frecuencia, el país se está acercando a un mayor acceso al aborto, pues varios estados ya habían despenalizado el procedimiento antes del fallo de la Suprema Corte. No obstante, al igual que en Argentina, país que legalizó el aborto el año pasado, pero donde muchos doctores se rehúsan a realizar el procedimiento por motivos morales, esos cambios han generado grandes divisiones en una nación con una de las poblaciones más grandes de católicos del mundo.
De hecho, en 2018, algunos legisladores mexicanos consagraron el derecho de los médicos a negarse a realizar cualquier procedimiento que fuera en contra de sus creencias personales. Un tema polémico que se espera que la Suprema Corte aborde esta semana y podría determinar cuán disponible es el aborto en la práctica.
La Corte está considerando si va a exigir que los hospitales públicos tengan profesionales médicos en su personal que estén dispuestos a realizar abortos o que los pacientes deban ser transferidos a instalaciones que los realicen. Los magistrados también decidirán si van a prohibir que los profesionales médicos acosen o sermoneen a las mujeres que quieran abortar, una maniobra que en esencia podría cambiar la manera en que los doctores y el personal de enfermería tienen permitido tratar a la gente que busca terminar su embarazo.
“La formación de buena parte del personal médico y de salud se basa en una visión muy tradicional respecto del tema del aborto e incluso en la influencia de los valores religiosos”, señaló Roberto Castro, investigador médico de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Cuando se les pregunta si practicarían un aborto, tenemos a muchos médicos diciendo que son objetores de conciencia, que porque ellos no van a matar a un ser humano”.
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A pesar de que la semana pasada la Suprema Corte determinó que realizarse un aborto no es un delito, el procedimiento sigue siendo extremadamente difícil de conseguir. Antes de que el aborto sea legal en todo México, primero se deben impugnar la gran cantidad de leyes estatales que lo prohíben, a menos que las legislaturas locales voten para cambiarlas.
Incluso en las pocas regiones del país que ya han legalizado el aborto, las reacciones negativas han sido considerables y algunos profesionales de la salud se han negado a realizar el procedimiento. Según algunos investigadores, médicos y doctores, habrá una reacción similar al fallo de la Suprema Corte, por lo que su siguiente gran decisión —sobre el derecho de los doctores y el personal de enfermería a rehusarse a realizar el procedimiento— es muy importante.
“El siguiente reto ahora va a ser enfrentar esa objeción de conciencia”, comentó Magali Rosas Rosales, subdirectora del hospital municipal de Tepetlixpa, estado de México. “Las nuevas generaciones ya están más adaptadas a este cambio, pero los médicos adultos luchan mucho contra sus principios morales”.
Desde hace mucho tiempo, muchos doctores y trabajadores del sector de enfermería en México han denunciado a las mujeres por haberse realizado abortos ilegales. La ley federal les exige denunciar cualquier delito del que se hayan percatado, así que una de las formas más comunes en que las mujeres terminan en manos de la Policía es que sufren complicaciones a causa de los abortos realizados en casa, van al hospital sangrando y en poco tiempo las delatan ante las autoridades.
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A medida que las activistas han expandido el acceso al aborto en todo el país, a veces sus esfuerzos han provocado una revuelta entre algunos médicos y personal de enfermería. Cuando en Ciudad de México se legalizó el aborto, en 2007, muchos trabajadores del sector sanitario no realizaban el procedimiento. En Oaxaca, donde se legalizó el aborto en 2019, un grupo de médicos luchó, sin éxito, para que se derogara la ley.
La reacción negativa también se ha extendido a las legislaturas estatales. Dos de los partidos más poderosos de la nación añadieron cláusulas a las constituciones de diecinueve estados que enfatizaban el compromiso del gobierno para proteger la vida desde el momento de la concepción.
La medida no agregó ninguna nueva sanción al aborto, pero fue una herramienta poderosa para señalar que todas las personas que no denunciaran un aborto en esos estados “estaban en una falta muy grave”, comentó Martha Lamas, activista feminista. “Tuvo impactos en la mente de mucha gente”.
La semana pasada, en otro fallo crucial, la Suprema Corte declaró que esas cláusulas también eran inconstitucionales. Al comprometerse a proteger la vida nonata, “implícitamente lo que está logrando es imponer límites a los derechos humanos de otras personas, en este caso de las mujeres”, dijo Luis María Aguilar, uno de los magistrados.
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García asegura que sigue teniendo miedo, a pesar de las acciones de la Corte. Ella vive en Guanajuato, un bastión del partido conservador PAN, donde los políticos locales se manifestaron enérgicamente en contra de la decisión de despenalizar el aborto. Además, García vive con familiares conservadores y teme que la vayan a echar de su casa.
Antes de irse del hospital, García mencionó que le ordenaron que se desvistiera para hacerle un examen. Luego una trabajadora social entró en la habitación y le exigió que le dijera la dirección de su casa y otros datos personales para que el hospital pudiera denunciarla ante las autoridades.
Desde la visita a la sala de urgencias, García asegura que no ha podido dormir bien de noche. “Es una angustia cada día”, comentó. “Apenas ladran mis perros y empiezo a temblar, empiezo a sentir que son ellos, que ya que es un hecho, que sí voy a enfrentar los cargos”.