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El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas abordó a puertas cerradas la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo. Un territorio rico en petróleo y recursos naturales que Guyana administra y Venezuela reclama.
“Estoy satisfecha, podemos decir que la mayoría del Consejo apoya la integridad territorial”, dijo la embajadora de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, al término de más de dos horas de reunión en la que participó el embajador de Caracas ante la ONU, Samuel Moncada.
Moncada dijo, sin embargo, en un video divulgado en redes sociales que “el consejo se dio cuenta de que hay dos versiones”. “Esto es una pelea, por decirlo de algún modo, un debate, que va a continuar por los siguientes meses y aquí estamos cumpliendo nuestro papel de desmentir la versión de Guyana”, señaló el representante venezolano.
Hasta ahora no hay un comunicado oficial del Consejo de Seguridad de la ONU.
La reunión con la ONU fue solicitada el 5 de abril por el presidente de Guyana, Irfaan Ali, cuyo país es actualmente miembro de este foro de la ONU, la reunión abordó las “Amenazas a la paz y la seguridad internacionales” a raíz de la ley promulgada el pasado 3 de abril por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que considera al Esequibo como nuevo estado venezolano.
Para Guyana esa ley es una “violación flagrante” del derecho internacional.
“Creemos que hay un patrón” en los pasos que ha dado Venezuela últimamente “y no creemos que debamos esperar hasta que haya una invasión de nuestro territorio”, dijo la embajadora a la prensa para justificar la reunión.
Según la diplomática, el representante venezolano dijo en la reunión que su país “no invadirá Guyana”.
“Pero creo que, si sus acciones están diciendo una cosa y sus palabras otra, tenemos que estar preocupados”, agregó Rodrigues-Birkett.
El presidente de Guyana, Ali, señala en su carta que la nueva ley venezolana “consolida la intención de Venezuela” de anexar más de dos tercios del territorio soberano de Guyana y convertirlo en parte de dicho país.
Según las autoridades guyanesas, esta ley viola las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 1 de diciembre de 2023.
Guyana recurrió en 2018 a la CIJ para que ratifique un laudo de 1899 en el que se fijaron las fronteras actuales entre los dos países.
El Esequibo, un territorio de 160.000 km2, es administrado por Guyana, pero Venezuela lo reclama al defender los límites de su época como colonia de España.
La pugna se reavivó cuando en 2015 el gigante energético estadounidense ExxonMobil descubrió enormes reservas de petróleo en la zona. No se espera una sentencia de la CIJ antes del próximo año.
La última vez que los 15 miembros del Consejo abordaron este reclamo territorial se remonta al 8 de diciembre, también a pedido de Guyana, tras el referéndum organizado en Venezuela para preguntar a la población sobre la incorporación del Esequibo a territorio venezolano.
Días después, el 14 de diciembre, el presidente de Guyana se reunió con su homólogo venezolano para abordar las formas de resolver las tensiones surgidas por la disputa territorial.
La OEA calificó de “fascista” la ley que impulsa Venezuela sobre el Esequibo
La Organización de los Estados Americanos (OEA) dio su opinión sobre la disputa y calificó de “fascista” la ley para la defensa del Esequibo impulsada por el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Esta ley pone en riesgo la seguridad no solamente de Guyana, sino también la paz y seguridad hemisférica”, apuntó la organización a través de un comunicado.
Para Guyana, este intento de Venezuela constituye “una flagrante violación de los principios más fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, una visión que hoy compartió la OEA.
“Es absolutamente contraria a los más elementales principios del derecho internacional y reafirma una vez más el patrón dictatorial de quien detenta el poder en Venezuela”, apuntó el organismo con sede en Washington.
La “utilización combinada de la represión interna con la postura agresiva del régimen hacía la República Cooperativa de Guyana” es “un nuevo hito en la espiral infinita de pobreza moral y política del régimen venezolano”, se añadió en el comunicado.
“Como toda ley fascista que se precie”, agregó, “no solo contiene la amenaza externa, sino que también cumple con sus cometidos de represión interna”.
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