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El medio venezolano Armando.info rechazó “de la forma más categórica” las acusaciones hechas por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, contra dos de los socios-directores del medio, los periodistas Roberto Deniz y Ewald Scharfenberg, a quienes acusa en el escándalo de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto.
En un comunicado oficial, el medio afirma que “sin duda” se trata “de una maniobra muy torpe e improvisada que el régimen ha urdido para tratar de desprestigiar a Armando.info, de intimidarnos a sus periodistas de modo de impedir la difusión del documental y, en suma, de acallar a nuestro medio, una voz independiente que está a punto de cumplir diez años destapando los mayores escándalos de corrupción del régimen”.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, denunció que el exministro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Tareck El Aissami, y “su mafia” tenían una “nómina fantasma” parte de la trama Pdvsa-Cripto, en la que financiaban, con los fondos de la petrolera estatal y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), a periodistas y medios para ejecutar “campañas de descrédito” y “guerra sucia” contra “autoridades del Estado”, resumió EFE.
La acusación del fiscal se da, según el medio, porque el 3 de mayo compartieron en la televisora pública estadounidense la promoción de un documental, producido en conjunto con el programa Frontline, que cuenta la historia del caso de Alex Saab y por el que cuatro de sus periodistas están exiliados desde 2018.
“Tras cuatro años de producción, el documental A Dangerous Assignment: Uncovering Corruption in Maduro´s Venezuela (“Una pauta peligrosa: Descubriendo la corrupción en la Venezuela de Maduro”) presenta nuevas revelaciones sobre los negocios y conexiones de Alex Saab”, explicó el medio.
Agregó que el socio del proyecto es Frontline y que se realizó con los más altos valores periodísticos. También mencionó que la serie recientemente fue galardonada con el Óscar de la Academia en la categoría “Mejor Documental” y confirmó que será emitida desde el próximo 14 de mayo por PBS, la cadena pública de televisión de Estados Unidos.
“Las aseveraciones del fiscal Tarek William Saab resultan no solo risibles, sino inverosímiles. Mucho antes de que su despacho denunciara la existencia de esa trama, Armando.info ya había denunciado, con pruebas sobre hechos verificados, cómo Pdvsa, en el afán de evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos, le había entregado a varios intermediarios cercanos al gobierno la comercialización del petróleo de todos los venezolanos”, continúa la declaración del medio.
Por su parte, en una rueda de prensa, Saab dijo que los descubrimientos de esta “trama” se hicieron a través de nuevas confesiones del empresario Samark López —actualmente detenido y acusado de ser testaferro de El Aissami—, quien dijo que la intención de estas campañas era desprestigiar a dirigentes y personajes de la vida política nacional.
Asimismo, López dijo que estas campañas eran dirigidas por El Aissami y fueron “diseñadas, implementadas y pagadas” por Joselit Ramírez, exjefe de Sunacrip detenido en marzo del año pasado por corrupción administrativa ligada a la trama Pdvsa-Cripto.
En su confesión, López aseguró que los medios y personas involucradas en estas campañas “recibieron o siguen recibiendo financiamiento de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)”.
Saab mostró conversaciones entre Samark López y los opositores Julio Borges, Leopoldo López, Carlos Vecchio y Carlos Ocariz, a quienes acusó la semana pasada de conspirar para “implosionar la moneda nacional y generar el alza del dólar paralelo (a una tasa al margen de la establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV)”.
El 2 de mayo, Saab dijo que Leopoldo López y Borges recibieron beneficios por más de mil millones de dólares a través de dos contratistas ligados a la trama PDVSA-Cripto, por lo que ordenó una orden de captura contra los dos opositores.
El fiscal general dijo que, luego de casi siete años, han logrado “procesar 32 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera, incluyendo la trama PDVSA-Cripto”, y que actualmente han judicializado “a 290 personas”, mientras que “76 han sido condenadas”, entre los que se encuentran cuatro expresidentes de Pdvsa, El Aissami, Nelson Martínez, Elogio del Pino y Rafael Ramírez.
“La estrategia de criminalizar desde el poder el ejercicio del periodismo, una marca de fábrica del régimen de Nicolás Maduro, recientemente ha alcanzado cotas nunca antes vistas en la historia moderna de Venezuela. Pero Armando.info no va a cejar en su esfuerzo de seguir haciendo periodismo de investigación, con estándares internacionales y sin responder a intereses particulares, para informar a sus usuarios y seguidores sobre asuntos de evidente interés colectivo e histórico”, finalizó en la declaración Armando.info.
Represión hacia los medios y periodistas en Venezuela
De acuerdo con cifras de Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (APEVEX), sólo en febrero de este año se han cometido 41 violaciones al derecho a la libre expresión en Venezuela y cerca de 400 medios de comunicación han cerrado.
“Tenemos violación al derecho a la libre expresión, al derecho de la libre prensa. Se está violando el derecho de la población a estar informada oportunamente de las cosas que ocurren”, generando “pequeñas islas de personas que se comunican entre ellas pero todo es desconectado y eso es absolutamente peligroso para la salud social de un país”, explicó Donatella Ungredda, vicepresidenta de APEVEX, en entrevista con la Voz de América.
La directiva de APEVEX, además, señaló la grave situación de los medios de comunicación y de los periodistas que son perseguidos y sometidos a procesos judiciales, sin respetar el debido proceso.
“El periodismo venezolano está en modo de guerra”, desde hace más de 20 años y “a pesar de la los ilimitados recursos del Estado, de la cantidad de presiones, persecución, amenazas, encarcelamientos, siguen cumpliendo con su deber”, explicó Ungredda.
La encargada también se refirió sobre los poco más de mil periodistas venezolanos exiliados.
“Si una persona tiene que pagarle a un abogado cifras que pueden oscilar 5.000, 6.000 dólares, por ejemplo, en Estados Unidos, y no tiene acceso a un abogado que haga este tipo de trabajo pro-bono, es decir, en forma voluntaria… el periodista se verá obligado a hacer un trabajo, quizás en forma ilegal... y lo poco que gane o lo dedica a mandar algo de dinero a su familia o ahorrar para pagar a un funcionario que le ayude a navegar el sistema legal del país”, comentó.
Por ello, la vocera de APEVEX hizo un llamado a las autoridades de cada país para que presten más atención a los periodistas exiliados y a los abogados a que consideren y apoyen estos casos: “Que haya una visión un poco más solidaria hacia el periodista en función de lo que ellos puedan hacer y en función de proteger el ambiente periodístico y de prensa, y de libertad de prensa del respectivo país”, dijo en la entrevista.
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