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Llegaron poco antes de la medianoche, con machetes y azadones, martillos y segaderas, con planes de apoderarse de la tierra. Cuando los 200 activistas y trabajadores agrícolas llegaron allí, el rancho estaba vacío, cubierto de maleza, y la sede de la finca estaba vacía, excepto por una vaca descarriada.
Ahora, tres meses después, es un pueblo bullicioso. En un domingo reciente, los niños andaban en bicicleta por los nuevos caminos de tierra, las mujeres labraban la tierra de los jardines y los hombres ponían lonas en los refugios. Unas 530 familias viven en el campamento de Itabela, un pueblo en el noreste de Brasil, y ya se juntaron para arar y sembrar en el campo frijoles, maíz y yuca.
Los hermanos que heredaron el rancho de casi 150 hectáreas quieren que los invasores se vayan. Los nuevos inquilinos dicen que no irán a ninguna parte.
“La ocupación es un proceso de lucha y confrontación”, dijo Alcione Manthay, de 38 años, el verdadero líder del campamento, quien creció en varios campamentos similares. “Y no puede haber un asentamiento si no hay ocupación”.
Manthay y los otros colonos sin invitación son parte del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), quizás el movimiento inspirado en el marxismo más grande del mundo que opera dentro de una democracia y, después de 40 años de ocupaciones de tierras, a veces sangrientas, una importante fuerza política, social y cultural en Brasil.
El movimiento, liderado por activistas que se autodenominan militantes, organiza a cientos de miles de pobres de Brasil para ocupar las tierras ociosas que están en manos de los ricos, colonizarlas y cultivarlas, a menudo como grandes colectivos. Aseguran que están revirtiendo la profunda desigualdad alimentada por la distribución desigual de la tierra en Brasil a lo largo de su historia.
Aunque los izquierdistas comprenden la causa —las gorras rojas del movimiento que muestran a una pareja sosteniendo un machete en alto se han vuelto algo común en los bares hípsteres—, muchos brasileños la consideran comunista y criminal. Eso ha creado un dilema para el nuevo presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, un partidario del movimiento desde hace mucho tiempo que ahora está tratando mejorar las relaciones entre el Congreso y la poderosa industria agrícola.
En América Latina, otros movimientos inspirados en los principios del marxismo (trabajadores que se levantan en una lucha de clases contra el capitalismo) han tratado de abordar las desigualdades sistémicas, pero ninguno se ha acercado al tamaño, la ambición o la sofisticación del MST de Brasil.
Los organizadores del grupo e investigadores externos estiman que en este momento 460.000 familias viven en campamentos y asentamientos fundados por el movimiento, lo que sugiere una membresía informal cercana a los dos millones de personas, o casi el uno por ciento de la población de Brasil. Es, según algunas estimaciones, el movimiento social más grande de América Latina.
Bajo el mandato del expresidente de derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, el movimiento perdió fuerza. En gran medida, las ocupaciones se detuvieron durante la pandemia y luego regresaron lentamente a pesar de la oposición de Bolsonaro y los agricultores, quienes se armaron más gracias a las políticas más permisivas del exmandatario respecto a las armas.
Pero ahora, envalentonados por la elección de Lula, un aliado político desde hace mucho tiempo, los seguidores del movimiento están aumentando sus expropiaciones de tierra.
“Elegimos a Lula, pero eso no es suficiente”, declaró João Pedro Stédile, cofundador del movimiento, en un mensaje transmitido a los miembros el domingo de Pascua, en el que anunció una ofensiva revolucionaria para ocupar nuevas tierras este “abril rojo”.
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Las nuevas ocupaciones han dado lugar a un contramovimiento llamado “Invasión Cero”. Miles de agricultores dicen no confiar en la protección del gobierno sobre sus tierras y se están organizando para enfrentar a los ocupantes ilegales y expulsarlos, aunque, hasta ahora, ha habido poca violencia.
“Nadie quiere pelear, pero nadie quiere perder su propiedad tampoco”, dijo Everaldo Santos, un ganadero de 72 años que dirige un sindicato local de agricultores y es dueño de un rancho de 404 hectáreas cerca del campamento de Itabela. “Lo compraste, usaste tu dinero, tienes los documentos, pagas los impuestos. Así que no dejas que la gente invada y ya”, sostuvo. “Defiendes lo que es tuyo”.
A pesar de las tácticas agresivas del movimiento sin tierra, los tribunales y el gobierno de Brasil han reconocido la legalidad de miles de asentamientos bajo leyes que establecen que la tierra de cultivo debe ser productiva.
Los críticos dicen que el gobierno está alentando las invasiones al recompensar a los ocupantes ilegales con tierras, en lugar de obligarlos a seguir las reglas, como otros que deben pasar por canales burocráticos para solicitar la autorización de una propiedad. Los líderes del movimiento dicen que toman tierras porque el gobierno no actúa a menos que se le presione.
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Eso es lo que la gente que acampa en Itabela desea.
Los residentes del campamento tuvieron distintos orígenes, pero todos compartían el mismo objetivo: su propia porción de tierra. Un vagabundo llegó con sus pertenencias en una carretilla. Una pareja de mediana edad abandonó una choza en la finca donde trabajaba por la oportunidad de tener una propia. Y unos recién casados que ganaban el salario mínimo decidieron invadir porque pensaban que nunca podrían permitirse comprar un terreno.
“La ciudad no es buena para nosotros”, dijo Marclésio Teles, de 35 años, un recolector de café parado afuera de la choza que construyó para su familia de cinco, con su hija discapacitada en silla de ruedas a su lado. “Un lugar como este es un lugar de paz”.
A unos 90 minutos sobre el mismo camino, se puede ver lo que podría ser el futuro: un asentamiento de 2023 hectáreas que fue declarado legal en 2016 después de seis años de ocupación. Las 227 familias que están allí tienen entre 8 y 10 hectáreas cada una, repartidas entre colinas onduladas de tierras de cultivo y ganado de pastoreo. Comparten tractores y arados, pero por lo demás cultivan su propia parcela. Juntos, producen aproximadamente dos toneladas de alimentos al mes.
Daniel Alves, de 54 años, solía trabajar en los campos de otra persona antes de comenzar a ocupar esta tierra en 2010. Ahora, tiene 27 cultivos diferentes en 8 hectáreas, donde destacan plátanos, granos de pimienta, pitahaya de color rosa brillante y la fruta amazónica copoazú, todos orgánicos. Vende los productos en las ferias locales.
Alves dijo que seguía siendo pobre —su choza estaba cubierta con lonas— pero que era feliz.
“Este movimiento saca a la gente de la miseria”, concluyó.
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*The New York Times Service
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