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En política, es afortunado quien tiene la posibilidad de revertir los daños hechos en el pasado. A finales de 2021 e inicios de 2022, la Registraduría privó de manera arbitraria de la nacionalidad a 42 mil personas en Colombia, en su mayoría binacionales colombovenezolanos. Los efectos de esta acción siguen siendo devastadores para miles de familias, pues la mayoría sigue con cédulas canceladas. El nuevo registrador, Hernán Penagos, asumió el cargo el pasado 6 de diciembre, y se distingue por una trayectoria basada en el compromiso por los derechos humanos. Ahora, él puede corregir este vergonzoso hecho sucedido durante el mandato de su antecesor.
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La Registraduría, mediante la Resolución 7300 de 2021, canceló las cédulas de 42 mil personas. Un exhaustivo estudio de la Red-LEM señala las graves fallas jurídicas de este acto. La Registraduría no notificó de manera individualizada a las personas, no dio oportunidad a que se defendieran, llevó a cabo actos masivos y no individualizados de cancelación y, por si fuera poco, basó la cancelación de registros y anulación de cédulas en argumentos sin sustento como haber presentado dos testigos en vez de una apostilla en la partida de nacimiento a pesar de que la ley lo permitía.
Pero la gravedad del asunto va más allá de lo jurídico; también trastocó la vida de las personas afectadas y sus familias. En el estudio “Ciudadanía Cancelada, Derechos Arrebatados”, basado en una metodología de corte sociológico, se reveló el impacto de la cancelación súbita de cédulas en múltiples dimensiones de la vida de individuos y sus familiares. Al perder la cédula, las personas perdieron empleos e ingresos, acceso a la salud, perdieron su medio de identificación y su derecho al voto. En el informe se detalla también un aumento en el trastorno sicológico de los individuos y se señala asimismo que, como cualquier fenómeno sociológico de gran calado, las familias de los afectados sufrieron consecuencias graves, y en particular los niños.
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La Corte Constitucional también ha sido crítica de esta acción de la Registraduría. En la sentencia T-183-23, que mereció el tercer lugar de un prestigioso premio internacional, la Corte señala que en la cancelación masiva de cédulas “existe una práctica generalizada de vulneración de derechos fundamentales” y señaló que las acciones de la Registraduría ubican a miles de personas en “consecuencias gravísimas en su vida cotidiana”. Esta sentencia concluyó con un resolutivo que ordena a la Registraduría identificar por qué se dieron los vicios del procedimiento y crear un plan para “superar la problemática”.
Aún hay decenas de miles de personas que todos los días viven con las consecuencias de haberse convertido en indocumentados dentro de su propio país. Bajo el registrador anterior, la entidad respondió de manera tibia e insatisfactoria a la sentencia T-183-23. La Registraduría no ha esclarecido el origen de los vicios en el proceso ni tampoco restituyó la validez de las miles de cédulas que canceló de manera conjunta. Se limitó a abrir una página de internet en donde los afectados pueden volver a subir todos los documentos para esperar que la autoridad los vuelva a valorar y, en su caso, otorgue una cédula.
En otras palabras, la Registraduría actuó como un casino en donde “la casa siempre gana” precisamente porque los individuos siempre pierden. La Registraduría no tuvo empacho en cancelar de manera masiva las cédulas mientras que para restituirlas optó por un mecanismo individualizado, a cuentagotas, y con la carga de la prueba completamente del lado del ciudadano. Para privar arbitrariamente de la nacionalidad, la Registraduría no tuvo reparo en hacerlo de manera masiva; pero para restituir derechos sí que insiste en un proceso lento y uno por uno. Más aún, sigue sin tomar responsabilidad de los hechos, ni esclarecer los orígenes de los vicios jurídicos relacionados con la Resolución 7300.
El nuevo registrador aún puede enmendar gran parte de esta catástrofe. La respuesta acorde a la situación consistiría en restituir todos los registros anulados y las cédulas canceladas de manera masiva (sin menoscabo de la facultad de investigar casos en lo individual y con todas las garantías procesales) sin necesidad de que los ciudadanos vuelvan a hacer un trámite. También existiría una admisión de responsabilidad, así como un esclarecimiento sobre por qué se dio este proceso que no respetó el debido proceso. Por último, corresponderían garantías de no repetición de este tipo de atropellos.
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Experiencias análogas en otros países muestran que hay otras formas de afrontar los hechos. Frente al escándalo de Windrush en Gran Bretaña en donde se dio una privación arbitraria parecida, se llegó a la renuncia de la ministra de asuntos interiores, a disculpas oficiales para las víctimas en Westminster, a la creación de una comisión parlamentaria para esclarecimiento, y a un fondo para resarcir perjuicios económicos y de otra índole.
La Constitución colombiana establece que las hijas y los hijos de colombianos serán nacionales de Colombia. En ninguna parte de la Constitución se dice que son ciudadanos de segunda, ni que su ciudadanía está bajo sospecha. La Resolución 7300 hizo trizas la promesa de formar parte plena de Colombia para 42 mil personas.
La Corte Constitucional ha abierto la posibilidad para que la Registraduría demuestre que la bóveda del banco de los derechos en Colombia sí tiene fondos suficientes para todos, incluyendo los descendientes de colombianos que han regresado a su patria. En una entrevista reciente, Penagos señaló que iba a “organizar la casa”. Miles de familias, muchas de ellas con colombianos retornados, están a la espera de que el nuevo Registrador restituya los derechos que fueron injustamente arrebatados.
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