Las marcas vuelven a Venezuela, ¿qué pasa si las personas no quieren hacerlo?

En el último año, 402.354 venezolanos salieron de su país. / Gustavo Torrijos

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Esta semana, el grupo español Inditex, matriz de tiendas como Zara y Pull and Bear, anunció que regresaría a Venezuela luego de tres años de haber abandonado el país. Otras firmas como Mango vienen pensando lo mismo desde mediados del año pasado. Pero este no es solo un asunto de moda. Hay más nombres que lo contemplan también, en un cambio interesante para la economía venezolana que empezó hace dos años.

Empresas colombianas de más sectores, como Nutresa y Aldor, también pensaron volver a operar en ese país. En aerolíneas, Avianca ya se adelantó, pues la compañía aérea retomó sus actividades en Venezuela. La ruta entre Bogotá y Caracas empezará a operar desde el 1.° de febrero. Hay vientos de cambio. Incluso en el área cultural se ve una actividad enorme.

El pasado diciembre, los suecos de The Hives se convirtieron en la primera internacional anglo en presentarse en el país en una década. Luis Miguel y Karol G tienen fechas programadas en Caracas e incluso se rumora que la estadounidense Olivia Rodrigo tendría una parada en el país con su gira a finales del año.

Todos estos cambios han dado la impresión de que Venezuela atraviesa un período de “reactivación económica”, que la prensa ha abordado desde una óptica que para algunos es reduccionista. Y es que en medios se destacan historias de migrantes que han vuelto al país debido a esta recuperación del desastre económico registrado en la última década. En esta exposición, algunos titulares podrían causar la impresión de que, por un lado, las cosas van realmente bien, y, por otro, que la migración se ha detenido o no se ve tan pronunciada como antes. Ambas interpretaciones están equivocadas.

Un caso lo pone la BBC con la nota “La economía mejoró un poco y quería estar con mi familia: los migrantes venezolanos que regresan a su país”, que destaca la historia de Fátima Camacho, una migrante que decidió volver a Venezuela porque atestiguó un “movimiento económico” que no veía cuando se fue. Pero aunque hay indicadores positivos, como el fin de la hiperinflación y el aumento del crecimiento del producto interno bruto, hay otros que dibujan un panorama más desalentador.

Si bien el salario mínimo subió a US$100, a más de la mitad de la población todavía le resulta insuficiente este ingreso para cubrir los bienes de la canasta alimentaria básica, que incluye lo que se debe consumir para apenas sobrevivir. La desigualdad continúa, siendo impresionante fuera de la capital. Por eso, Nicole Kolster de Voz de América acertó al referirse el año pasado a una “Venezuela prémium” a la que pertenece la élite y que hace ver más vistosa la muy leve mejora en la economía nacional.

“Venezuela sigue enfrentando problemas de infraestructura, pero empieza a ver un proceso de recuperación que lo convierte en algo más normal que lo que teníamos en 2018. Lo que pasa es que este país de 2024 es muy diferente al de años pasados. La situación no se resolvió, pero no es la misma que el pasado”, dice Luis Vicente León, presidente de Datanalisis.

“Sí hay una reactivación económica, pero en ciertos estados del país. Allí es donde empieza a verse la desigualdad profundizada en los territorios. No es lo mismo que me digas que te vas a Caracas, o a la frontera, y a zonas donde hay restaurantes nuevos y una cantidad de bodegones y cosas importadas a que te vayas al interior del país, y no encuentras productos necesarios o los encuentras, pero a costos inalcanzables. Lo que hay es una burbuja en ciertos sectores para ciertos estratos que provocan la impresión de que el país está avanzando”, agrega por su parte Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede.

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Por otro lado, en el contexto de estas historias, se puede crear la impresión de que, con el hecho de que algunas personas estén decidiendo volver a Venezuela, la migración hacia otros países del vecindario ya no sea tan pronunciada. Solo en enero, García dice que su fundación recibió a unas 600 personas migrantes en Bogotá debido a que la “situación es insostenible en Venezuela”.

“En el último año, 402.354 venezolanos salieron de su país; un incremento del 8,3 %, ubicando la diáspora en los 7′722.579 migrantes, según los datos más recientes de la plataforma R4V. Asimismo, entre enero de 2022 y octubre de 2023 más de 440.000 venezolanos cruzaron el Tapón del Darién, según el Informe 2024 de HRW. La migración venezolana no se ha detenido ni está retornando a su país, y según las primeras estimaciones para el año 2024 la región solo contará con la quinta parte de los recursos de cooperación internacional necesarios para la atención e integración de la población en condición de movilidad humana proveniente de Venezuela”, destaca el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, en una carta que le será enviada a la Cancillería para que se cerciore de que los mecanismos de regularización de migrantes continúen.

Esta también es la gran advertencia de la fundación que dirige García, quien pide que no se suspendan los esfuerzos de políticas migratorias del gobierno anterior debido a las urgencias que se presentan en Venezuela, que continúan obligando a miles a salir del país. Con esto, la directora no solo se refiere al aspecto económico, sino también al componente de seguridad. Cabe destacar que el deterioro económico no fue la única cuestión por la que millones de personas abandonaron el país caribeño.

Tres ciudades venezolanas, incluida la capital, aparecen en el último listado de las 50 ciudades más peligrosas del mundo del World Population Review. Si bien las muertes violentas se redujeron en un 8,5 % en 2023 con respecto al año anterior, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) destacó que el país todavía sigue entre los más violentos de América Latina y del mundo.

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“La criminalidad reina en el país. Tampoco hay una infraestructura de servicios básicos. El propio gobierno de Maduro está tratando de normalizar la crisis y que vean que Venezuela está ‘avanzando’. A su vez, los aliados internacionales que tiene repiten esta narrativa. Pero no se puede permitir que se ponga la narrativa política sobre la realidad humana, porque los medios, además, repiten esa postura”, agrega García.

Con los aliados de Maduro, la directora de Juntos Se puede se refiere a figuras como la del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien, recordemos, ha desestimado las razones por las que millones de venezolanos han salido de su país y ha saludado las propuestas de retorno de migrantes a sus países de origen, sin tener en cuenta los componentes de seguridad. Incluso, vale la pena rescatar que el mandatario se autocelebró su participación en las conversaciones para que regresaran los vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia Venezuela.

“Nos sentimos orgullosos de haber colaborado decididamente en este camino que puede devolverles su hogar a muchos venezolanos que emigraron”, dijo Petro en octubre del año pasado.

Frente a esto, García es muy crítica. Si bien hay personas que están decidiendo volver a sus hogares en Venezuela, ¿qué pasa si hay migrantes que no quieren hacerlo y deciden empezar de nuevo en el país al que llegaron?

“Se están tomando a los venezolanos como migrantes voluntarios y no forzosos... El regreso tiene que ser voluntario. Es decir, que tengo las oportunidades en el país de acogida, y que debo poder decidir frente al país en el que debo estar. Pero si yo no tengo ningún tipo de oportunidades porque no he podido regularizarme, o soy víctima de xenofobia, o víctima de violencia por algún grupo irregular, ahí no estoy decidiendo. Me estoy viendo obligada a salir de ahí porque no hay condiciones para la permanencia. La reflexión para los gobiernos de América Latina es cómo estamos viendo la migración”, dice la directora de Juntos Se Puede.

La experta destaca que cualquier país que haya firmado la Convención contra la Tortura, como Colombia, sabe que “devolver a un ciudadano a un país donde hay, hubo o se percibe que puede haber tortura, los convierte en cómplices”. Y cita la deportación de un hijo de un militar, hecha por Estados Unidos, que ahora está siendo torturado en Venezuela.

“Hasta dónde los derechos humanos dejan de ser una narrativa política y cómo hacemos para que se vuelvan una narrativa real”, se lamenta García.

Por esto, los estudiosos de la migración y defensores de derechos humanos, como ella, piden que se continúen los canales de atención para la regularización de migrantes.

“La imposibilidad de lograr una fórmula de regularización migratoria incrementa exponencialmente la situación de vulnerabilidad de los migrantes, alienta dinámicas criminales y economías ilícitas que instrumentalizan a las personas. El tráfico de migrantes, la trata, las formas de trabajo indigno, la explotación sexual y el reclutamiento por grupos armados tienen en la irregularidad migratoria un factor criminógeno que actúa contra la sociedad colombiana y debilita el Estado de derecho”, expresa la Fundación Juntos Se Puede.

No hay cifras oficiales de cuántas personas migrantes han salido hacia Venezuela y han entrado desde allí a Colombia en el último año, pero Migración Colombia entregaría el próximo martes un informe con estas cifras. La Fundación Juntos Se Puede estima que más de 500.000 personas que no están regularizadas en el país. Entendiendo que la no regularización de este grupo les genera problemas, y al propio país de acogida, García pide que se les atienda urgentemente y que la institucionalidad colombiana continúe apostándole a la regularidad migratoria, permitiendo ver los aportes que los migrantes le pueden dar al país.

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