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Más de 200.000 menores habrían sufrido abusos sexuales por parte de religiosos católicos desde 1940, según un primer gran informe independiente sobre este flagelo divulgado el viernes en España, donde por años las víctimas denunciaron opacidad de la Iglesia católica.
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El informe no proporciona una cifra exacta, pero recoge una encuesta realizada a petición de la comisión con una muestra de 8.000 personas, según la cual un 0,6% de la población adulta española (unos 39 millones de personas en total) afirmó haber sufrido abusos sexuales por miembros de la Iglesia católica cuando eran menores.
La cifra aumenta a 1,13% de la población adulta española (más de 400.000 personas) si se tienen en cuenta abusos cometidos por laicos en ámbitos religiosos, especificó en rueda de prensa Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, quien coordinó la comisión que trabajó por año y medio. Gabilondo, un ex ministro de Educación socialista, dijo que hay casos desde la década del 1940, pero que el grueso de ellos ocurrió entre 1970 y 1990.
Además, la comisión de expertos entrevistó a 487 víctimas de abusos sexuales, quienes subrayaron “los problemas emocionales” que les han causado, como por ejemplo estrés postraumático, que sufrió un tercio de ellos, dijo Gabilondo. Para el Defensor del Pueblo, quien hizo entrega oficial este viernes del reporte de más de 700 páginas al Congreso español, que lo había encomendado en marzo de 2022, el texto es una “respuesta” al “sufrimiento y soledad” de los afectados.
“Negación de los abusos”
A diferencia de lo ocurrido en Francia, Alemania, Irlanda, Estados Unidos o Australia, en España, país de arraigada tradición católica, nunca se habían publicado los resultados de una investigación sobre la pederastia en el clero. En Francia se contabilizaron 216.000 menores víctimas desde 1950, en Alemania 3.677 casos entre 1946 y 2014 y en Irlanda más de 14.500 personas recibieron compensación financiera.
En la Iglesia católica española “lamentablemente durante muchos años ha predominado cierta voluntad de negación de los abusos o una voluntad de ocultamiento o de protección de los abusadores”, denunció Gabilondo.
Entre las recomendaciones del informe, destaca “la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones” a las víctimas, agregó.
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La Iglesia católica, que por años se negó en redondo a cualquier pesquisa exhaustiva, declinó participar en la comisión, aunque finalmente facilitó documentos. La Conferencia Episcopal, que no reaccionó inmediatamente al informe, convocó una asamblea extraordinaria para el lunes para sentar posición.
A medida que aumentaba sobre ella la presión política, la Iglesia anunció en febrero de 2022 una auditoría propia y se la encargó a un despacho de abogados, que tiene previsto finalizarla antes de que termine el año. La Iglesia se defiende diciendo que ha implementado protocolos de actuación ante abusos y ha instalado oficinas “de protección de menores” en las diócesis.
“Válvula de escape”
La publicación del informe del Defensor del Pueblo era esperada por las víctimas. El documento “es un reconocimiento público de que las situaciones (los abusos) existen”, dijo a la AFP en días pasados José Alfonso Ruiz de Arcaute, quien denunció agresiones sexuales de un fraile en una parroquia de Vitoria, País Vasco (norte), en 1982, cuando tenía 13 años.
“Significa una válvula de escape para las víctimas, porque hemos estado durante décadas totalmente ninguneados y minimizados y este informe debe servir de espoleta para que los poderes públicos hagan su trabajo” de reparar a los afectados, “ya que la Iglesia no lo ha hecho”, estimó a su vez Juan Cuatrecasas.
Cuatrecasas es miembro fundador de la asociación Infancia Robada y padre de un joven abusado por un profesor en un colegio católico entre 2008 y 2010 en la ciudad vasca de Bilbao. Infancia Robada colaboró estrechamente con la investigación del Defensor del Pueblo, pero no con la ordenada por la Iglesia, alegando que el presidente del despacho de abogados, Javier Cremades, pertenece al Opus Dei, una congregación católica muy conservadora.
Algunas víctimas pidieron que el informe divulgado este viernes sirva para que el Congreso produzca una ley para brindar atención y reparar a las víctimas.
“Todo el dolor que infligieron” no se arregla solo “con palabras”, dijo Francisco Javier Méndez, abusado siendo menor, junto a su hermano gemelo, ya fallecido, por parte de un sacerdote en un seminario en León (noroeste) entre 1988 y 1989.
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Un problema a nivel mundial
En el mundo, los grandes escándalos de pedofilia han ocurrido en Estados Unidos, Colombia, Chile, Australia, Francia, Alemania, Irlanda, España, Polonia y Portugal. En la mayoría de estos lugares se han abierto comisiones independientes para investigar los abusos. Sin embargo, se cree que hay un subregistro de estos casos.
Desde su llegada, el papa Francisco ha buscado combatir la pederastia en la Iglesia Católica, escuchando los testimonios de las víctimas y prometiendo que la institución colaborará con la justicia en todos los países en los que haya casos. De igual forma, el papa aseguró que brindarían todo el apoyo necesario a las víctimas, con un acompañamiento de profesionales expertos y procesos de reinserción.
“Frente a la pedofilia tolerancia cero. La Iglesia debe castigar a los sacerdotes por ese problema y los obispos deben remover de su función sacerdotal a los sacerdotes que tienen esa enfermedad, esa tendencia de la pederastia e incluso acompañar la denuncia de los padres en los tribunales civiles. Eso no tiene salida de otro tipo”, afirmó el papa en un documental que salió en el 2018.
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