La cosa no mejora con el nuevo sistema penal mexicano

AFP

México se despertó en el 2017 con la tasa de homicidios más alta de su historia. 938 personas fueron asesinadas solo en enero. Según el portal Animal Político, desde 1997, cuando se empezaron a registrar casos de homicidios doloso, nunca se habían presentado tantas muertes en ningún mes de ningún año.

Solo en comparación con el mes de enero del año pasado, la violencia aumentó en un 34%. Y si el punto de referencia es el número de víctimas, el incremento llega al 38%. Además, según informó la ONU, México es el país con el mayor número de migrantes del mundo. Más de 12 millones de mexicanos viven por fuera de su país.

Su primer lugar de destino sigue siendo Estados Unidos, en donde Donald Trump, desde antes de llegar a la presidencia, se ha encargado de lanzar este tipo de frases en su contra: “cuando México nos manda gente, no nos manda a los mejores. Nos manda gente con un montón de problemas, que nos traen drogas, crimen, violadores”, dijo en junio de 2015, en pleno lanzamiento de su campaña electoral.

En ese contexto, en el que la violencia es la constante y la mejor opción para muchos es abandonar la tierra, incluso, cuando el trato del otro lado del charco es del calibre de las palabras de Trump, México se enfrenta a un nuevo reto: implementar modificaciones en el sistema penal.

 El presidente Enrique Peña Nieto se encargó de presentarlo en junio del año pasado. Dijo que era la “transformación jurídica más sorprendente de los últimos 100 años”. En Twitter, agregó: “hoy entra en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal, un paso decisivo para brindar a la sociedad una justicia más cercana y eficaz”. En efecto, los cambios pretendían influir precisamente en los índices de criminalidad, disminuir la migración y brindarles a los mexicanos una suerte menos áspera a la hora de enfrentarse al aparato judicial.

En el papel, el nuevo sistema penal se propone celebrar juicios más transparentes, menos costosos y respetuosos de los derechos humanos. El objetivo es que la justicia se preocupe menos por demostrar que una persona es inocente. La finalidad es demostrar que es culpable. Con esto, el sistema contribuiría no solo a garantizar los derechos de los investigados y sus familiares durante el proceso judicial, sino también, a frenar el hacinamiento carcelario que la semanada pasada causó la muerte de 28 reos en la cárcel Las Cruces de Acapulco.

Según escribió el analista de seguridad Alejandro Hope para El Universal de México, la tragedia abruma, “pero no sorprende”, pues Las Cruces es uno de los 15 peores penales del país. Y, seguramente, un resultado del sistema penitenciario.

Es así como el nuevo sistema penal no ha cumplido con lo que prometió.

Los gobernadores le echan la culpa al sistema en sí mismo. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, se convirtió en la voz de sus colegas, cuando la semana pasada aseguró que “si una persona es detenida, a las pocas horas está en las calles y esto genera una percepción negativa en la ciudadanía (…). Prepárense porque 4 mil presos estarán en las calles en los próximos días”. Para Mancera, las modificaciones en el sistema penal han permitido que no exista la prisión preventiva en delitos menores, lo que ha creado un aparato judicial laxo, responsable del aumento de la violencia.

Sin embargo, según le explicó a El País José Ramón Cossío, ministro de la Corte Suprema de Justicia, los gobernadores tienen mucho que ver en que el sistema no esté funcionando. “Los jueces somos el último eslabón de la cadena judicial y parece que lo resuelto por el juez es lo único que está mal y que todo lo anterior está bien y eso es injusto e irresponsable”. mucha gente dijo que como era una reforma judicial se trataba de un asunto exclusivamente de los jueces, pero la reforma implica a muchos actores que debían aprender cosas nuevas y nadie pensó en eso. Se creyó que el sistema penal era cambiar a unos jueces, ponerles unas togas, darles salas de audiencia y que todo lo demás, por una extraña razón, se iría ajustando solo. Cosa que no ha sucedido”, agregó.

Uno de los eslabones a los que se refiere el ministro es la Policía mexicana, que tiene un rol bastante problemático en esta discusión. Nueve de cada diez mexicanos cree que la policía de su país es corrupta, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi, que también encontró que es la policía la institución más corrupta de todas para los mexicanos.

Según un estudio de la organización mexicana Causa en Común, 12.590 habitantes por cada 100 mil, experimentaron directamente un acto de corrupción. Cuando se trata de la corrupción relacionaada con la seguridad pública y la policía, el número asciende a  55.215.

Las principales causas de esta problemática, de acuerdo al informe, son la falta de claridad en las leyes relacionadas con la disciplina y la sanción y la ausencia de protocolos para el uso de la fuerza.

La capacitación a la policía estaba incluida en el nuevo sistema penal, pero nunca sucedió. Tanto para la capacitación, como la construcción de salas orales, el nuevo sistema penal destinó 817 millones de dólares que no se vieron invertidos.

El proyecto empezó a ejecutarse sin ninguna supervisión a los gobernadores y autoridades locales.

La Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio, organización que debía encargarse de fiscalizar el proceso, se quedó sin facultades para hacerlo.

Cuando el programa entró en marcha, esta misma entidad aseguró que solo 4 de los 32 departamentos mexicanos, que ellos llaman entidades federativas, estaban listos para la implementación. Además, advirtió que la ciudadanía no estaba bien informada al respecto. La polémica está abierta, pues no es la primera vez que los gobernadores han sido acusados de corrupción.

La Auditoría Superior de la Federación, encargada del control fiscal de los poderes públicos en México, denunció que los gobernadores han desviado 258 mil 829 millones 185 mil pesos mexicanos de los recursos públicos durante el gobierno de Peña Nieto. Ahora vuelven a estar en el ojo del huracán, un año después de que el nuevo sistema penal, la esperanza del ejecutivo para salir de la crisis, deje cifras aún más desalentadoras.