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El ex fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto el domingo 18 de enero de 2015 en el baño del departamento que habitaba en la ciudad de Buenos Aires, apenas cuatro días después de denunciar a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex canciller Héctor Tímerman, entre otros, por el presunto encubrimiento de cinco iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994, y un día antes de presentarse ante una comisión en el Congreso para explicar su denuncia.
Este jueves, a tres años de su muerte, si bien todavía existen muchas dudas, los avances en la causa judicial son significativos. Hace poco menos de un mes, el juez federal Julián Ercolini determinó que a Nisman le quitaron la vida, apoyándose en el dictamen del fiscal Eduardo Taiano y el informe pericial de la junta interdisciplinaria.
Tanto para el fiscal Taiano como para el juez Ercolini, Nisman murió por su tarea como fiscal, por investigar el atentado terrorista más grave de la historia argentina: el ataque con coche bomba a la AMIA que dejó un saldo de 85 muertos, un atentado internacional que aún está impune.
Su denuncia se basaba en más de 40 mil audios de escuchas telefónicas que involucran a altas autoridades del gobierno anterior y que denunciaba la existencia de un plan de encubrimiento destinado a dotar de impunidad a los acusados iraníes. El objetivo, según Nisman, era quitar las alertas rojas de Interpol que aún pesan sobre los cinco iraníes acusados y restablecer el intercambio comercial con Irán.
El pasado 27 de diciembre, el juez Ercolini procesó a Diego Lagomarsino, quien asesoraba a Nisman en temas informáticos, como partícipe necesario del delito de homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego, dado que fue quien proporcionó el arma ilegal de la que salió el disparo que lo mató y con la que se intentó simular un suicidio.
En tanto, la justicia federal espera recibir en los próximos meses informes sobre mails y llamadas telefónicas que permitan descifrar quiénes estuvieron detrás del homicidio de Alberto Nisman. Se trata del requerimiento realizado a Estados Unidos para que brinde información sobre dos cuentas de mails del fiscal, de las cuales se recibieron informes parciales.
Si bien los autores intelectuales y materiales del crimen siguen siendo desconocidos, la pesquisa avanza para determinar si se encuentran entre figuras del mundo del espionaje. Uno de los indicios es la cantidad de llamadas entre el exdirector de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Antonio Stiuso; el exjefe del Ejército, César Milani, y el director de reunión de la SIDE, Fernando Pocino, el mismo día de la muerte del fiscal.
El escenario judicial podría pasar desde febrero a la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, que deberá decidir si avala el fallo que dio por probado el asesinato del fiscal.
La exesposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, que es parte querellante junto a las hijas del fiscal fallecido, estudia la posibilidad de pedir que el crimen sea declarado como delito de lesa humanidad y que la causa no prescriba, ya que el atentado de la AMIA fue calificado así por el juez de la investigación y la muerte de Nisman está vinculada con esta investigación que él llevaba adelante.
El jueves en la mañana, Arroyo Salgado y sus hijas Iara y Kala encabezaron un homenaje a Nisman en el cementerio israelita donde yacen sus restos.