Todos los días después del colegio, Ana María*, una niña de 11 años de edad, sale de su casa en el barrio Fontibón -al occidente de Bogotá- en compañía de su mamá y sus dos hermanos con dirección a la calle 82, al norte de la ciudad. Esta rutina que repite todos los días, menos los lunes, día programado para el descanso, consiste en cargar desde su casa tres cajones repletos de dulces y cigarrillos que tienen como destino la Zona Rosa, un sitio que en bus le toma una hora y media desde su casa.

"Cada uno se encarga de una ‘chaza' y el más pequeño acompaña a mi mamá", dice.

Ana María trabaja y estudia. Todos los días se levanta a las 4:30 de la mañana para cumplir su jornada escolar en el colegio Distrital de Fontibón, y, después del almuerzo, sale a trabajar.

Algunas jornadas entre semana se extienden hasta las 10 de la noche y los fines de semana van hasta la madrugada. Aunque las ganancias son buenas, nunca se ha gastado un peso. Todo,  tal cual lo recibe, lo entrega a su mamá, la encargada de administrar el dinero.

"Con esa plata pagamos el arriendo, los buses, se compra el diario y se surte la caja", asegura mientras atiende hábilmente a más de cuatro personas en el mismo instante.

La rutina de esta niña no es distinta a la de las docenas de menores que se ven en las calles de Bogotá trabajando, pero sí radicalmente opuesta a lo que establecen derechos de los menores en cualquier parte del mundo. Muchos de ellos ni siquiera estudian y la gran mayoría labora porque son las "reglas en la casa", como lo señala Mario, otro niño que cuenta cómo cuando tiene pereza de ir a trabajar su madre lo amenaza con "echarlo" o no darle de comer.

Luisa Fernanda Manosalva, coordinadora Distrital del Proyecto de Explotación Laboral Infantil en Bogotá, explica que lo más difícil consiste en convencer a los padres de familia de que hacer trabajar a los niños es un delito.

"Generalmente los papás han pasado por la misma situación y han trabajado desde los cinco años de edad. Por esta razón creen que llevarlos a los lugares de trabajo es parte de la educación", asegura.

La Secretaría Distrital de Integración Social, en el marco de un proyecto de ‘Prevención y erradicación de la explotación laboral infantil'  trató durante el año pasado a 17.218 niños que se encontraban trabajando. Actualmente, por lo menos 7.013 han sido identificados por la entidad como menores en riesgo de ser vinculados a algún trabajo.

Los padres que están vinculados en los programas para desenganchar a los menores de la vida laboral, reciben un subsidio de 130 mil pesos y asesorías en educación, pero están obligados a participar en las actividades comunitarias organizadas con este fin en las comunidades.

Además, los resultados reiteran los hallazgos realizados por otros estudios donde se confirma que el aporte de los niños y niñas, en particular aquellos menores de 15 años, no incide en la mejora de los ingresos familiares, dado que mayoritariamente la remuneración se realiza en especie.

La Secretaria de Salud también ha colaborado con esta campaña, pues en las múltiples visitas realizadas a las empresas para jornadas de Salud Ocupacional, han encontrado menores de edad laborando, especialemnte en el sector textil.

"Esta colaboración ha sido muy importante porque ellos han remitido casos de niños que laboran en el área de producción de empresas textiles en el área de Tunjuelito. Ellos nos informan y nosotros acudimos", explica la funcionaria.

En esta localidad la Secretaría de Integración Social ha reportado en los últimos cuatro años 920 casos de menores vinculados laboralmente al comercio callejero, a las labores domesticas y al trabajo de 'pato' (quien acompaña al conductor y ayuda a cobrar el pasaje) y venta de artículos al interior del transporte.

La acción de esta entidad no es punitiva, por eso su función principal es atender los casos, brindar asesoría y otorgar facilidades de alimentación y educación. Con la entrega de kits escolares y vinculación en comedores comunitarios, la Secretaría busca motivar a los menores a disfrutar su niñez en otras actividades.

"El problema también es que la ciudad es muy cara para los menores de estratos bajos. Sería interesante encontrar cines, actividades lúdicas u otras cosas que desvincularan de los trabajos a los menores", asegura Manosalva.

No todos los padres de familia, sin embargo, disfrutan llevando a sus hijos al lugar de trabajo. Gloria, vendedora de minutos, asegura que ellos la acompañan porque no tiene quién ayude con su cuidado.

"Mi esposo no está en la casa en todo el día y no tengo ningún familiar con quién dejarlos. Prefiero tenerlos acá a mi lado a que salgan de estudiar y se vayan para la calle", dice.

Gloria asegura que si el colegio le brindará las garantías o actividades para que sus hijos estuvieran en su tiempo libre, ella preferiría no llevarlos al lugar donde trabaja, pues reconoce que de una u otra manera esto implica un riesgo para los menores.

Para Luisa Fernanda Manosalva, el problema no sólo radica en la responsabilidad del Distrito. Las empresas privadas tampoco brindan las facilidades para estas madres, como por ejemplo brindarles servicios donde puedan tener sus hijos mientras trabajan.

"Es un caso de responsabilidad social empresarial, porque en Bogotá muy pocas compañías ofrecen espacios de guarderías o lugares lúdicos para los menores".