Tortura y paranoia

Mientras que en Estados Unidos la opinión se divide frente a los límites de las agencias de seguridad para interrogar detenidos fuera de su territorio, una comunidad de norteamericanos crece convencida de que el gobierno los tortura a distancia.

Kevin Burnor tiene un microchip en el colon. Un par en el hígado y los riñones, y otro averiado en los pulmones, cerca de un sistema digital instalado en su pecho. Dice, además, que bajo el puente de su paladar, agentes federales del gobierno de Estados Unidos instalaron un GPS (Global Position System) para monitorearlo vía satélite. A esto se suman los chips tras sus oídos, que los agentes utilizan con metódica rutina para que Burnor vea imágenes y escuche voces.

Desde una cabina telefónica, en Honduras, donde busca escapar de sus supuestos torturadores, Burnor explica con una voz incolora y mecánica, como si, pese  al dolor, hace tiempo hubiera dejado de tener miedo: “Soy realidad virtual, ellos me hacen ver lo que quieren que yo vea; y me hacen oír, lo que quieren que yo oiga”.

Todo esto es, por supuesto, fantasía. O por lo menos así lo piensa la gran mayoría de congresistas, periodistas y defensores de derechos humanos a los que Burnor y cientos de víctimas han acudido en la última década para denunciar lo que ellos llaman “programas de armas de energía dirigida”, y que consideran “el más grande genocidio que se haya realizado en el mundo”.

Cuando supo que El Espectador estaba interesado en su historia, a mediados de febrero, Burnor emprendió una generosa rutina de envío de correos electrónicos. En cuestión de semanas, dos decenas de comunicaciones habían sido recibidas, con documentos y referencias a otros “blancos”, como ellos se llaman entre sí: ciudadanos del común, que tuvieron algún encuentro con una autoridad norteamericana que condujo a que fueran identificados y perseguidos, hasta el punto de ser implantados con chips y ser irradiados con armas no letales de ondas electromagnéticas.

Las supuestas víctimas se cuentan por montones, no sólo en Estados Unidos, sino en varios rincones del mundo. Están tan convencidos de que las agencias del gobierno norteamericano experimentan con ellos que han creado varias organizaciones


para protestar públicamente y reunir a más personas como ellos. Libertad del Acoso y la Vigilancia (LAV), que reúne a unas 400 personas; el Comité Internacional sobre las Armas de Microondas, coordinado por Harland Girard; y Justicia Mental, dirigida por Cheryl Welsh, son algunas de las organizaciones que realizan actividades públicas y han emprendido una campaña mundial empecinada en develar las evidencias documentales de la persecución.

Los juegos de la mente

La gran mayoría de medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos han hecho caso omiso a las reclamaciones de este grupo de personas. “Es una conspiración”, dice Burnor. “Hemos ido a Human Right Watch, a Amnistía Internacional, pero todos, incluyendo los medios, están con ellos”, afirma.

Y sin embargo, no todo el mundo ha sido indiferente. En enero de 2007 la periodista y experta en seguridad del periódico The Washington Post, Sharon Weinberger, publicó en el magazín dominical de este periódico, un extenso reportaje sobre las supuestas denuncias de los “blancos”.

Analista especialista en temas de seguridad para organizaciones como System Planing Corporation, luego periodista de Slate y Wire, Weinberger realizó un juicioso estudio, a través de la petición de documentos clasificados en las que determinó qué tan cerca podían estar las denuncias de los “blancos” de los programas de investigación en armas electromagnéticas realizados en las últimas décadas por las agencias de seguridad norteamericanas.

Weinberger se entrevistó con Harlan Girard, quien en 1984 empezó a escuchar voces de agentes del gobierno en su cabeza, y tras heredar una gran suma de dinero de su familia, se dedicó a investigar en bibliotecas y agencias de Washington el porqué de su condición. Veinte años después, en su página de internet, Mind Control (Control Mental), Girard tiene recopilados dos decenas de documentos clasificados. El más antiguo, con fecha de 1960, extraído del Archivo de Seguridad Nacional, reproduce la petición de un científico norteamericano que buscaba, en ese entonces,  recaudar fondos para lo que la CIA bautizó el Mkultra, un programa de investigación sobre señales bioeléctricas y su efecto en “la activación remota del comportamiento humano”.

Por su parte, Weinberger descubrió un informe científico de la Fuerza Aérea que, a mediados de los noventa, menciona “la idea de ciertas armas que podrían ser utilizadas para enviar palabras dentro de la cabeza de un individuo”. Así mismo, determinó que el Laboratorio de Investigaciones de esta misma institución patentó en el 2002 un arma que precisamente realiza esta acción. Todos los funcionarios en la Fuerza Aérea rehusaron hablar, diciendo que la información era clasificada. Sin embargo, Weinberger, a través de un derecho de petición, accedió a documentos que describen las circunstancias que rodean al artefacto patentado: la investigación fue realizada en 1994, en los laboratorios de la Fuerza Aérea, donde los médicos lograron “transmitir frases dentro de la cabeza de seres humanos, pese a tener una inteligibilidad marginal”. Aunque se sabe que la investigación continuó, hasta el 2002, la periodista desconoce sus alcances.

La universidad inglesa de Bradford, por su parte, ha producido varias publicaciones sobre la historia de las “armas no letales”, que han sido desarrolladas en gran parte del mundo para contener fenómenos de violencia urbana como motines o protestas. En uno de estos documentos, el profesor Nail Davison afirma que ya a finales de los 60 y comienzos de los 70 las fuerzas militares norteamericanas habían invertido una “suma considerable de dinero” en desarrollar armas de rayos láser que generaban a distancia extremo calor en la piel y daños a los ojos.

Pero la misma Weinberger acepta que sus hallazgos no alcanzan el nivel de sofisticación técnica que demandan las elucubraciones de los “blancos”. Sin embargo, basta con la existencia de estas pequeñas pruebas para alimentar los miedos de “las víctimas”.

La publicación del artículo suscitó duras reacciones, según confiesa Weinberger en su blog. Cientos de nuevas víctimas


aparecieron escribiéndole, así como muchos otros “atacaron el artículo por no concluir que los ‘blancos’ son todos unos esquizofrénicos que necesitan ayuda médica”.

En diálogo electrónico con El Espectador, Weinberger sostuvo que tras su experiencia, lo curioso es “lo poco que se han estudiado los fenómenos que ellos describen. Incluso si uno asume que ellos están errados, no se ajustan a los modelos de enfermedad mental que uno encuentra en la literatura especializada. Los psiquiatras y psicólogos que consulté mencionan por lo general algún síntoma, como escuchar voces, o la sensación de ser observado o perseguido, pero no hay una investigación en torno al contexto social que los rodea”, sostuvo.

El miedo en tiempos de Bush

Si hay algo que no ayuda a aliviar los aparentes excesos en las denuncias de las víctimas, es el clima actual que genera en la opinión pública norteamericana el tema de la tortura. De hecho, la posición que el gobierno Bush ha venido asumiendo frente a la utilización de prácticas no ortodoxas de interrogación a sospechosos de terrorismo que son detenidos en operaciones en el exterior, ha levantado una polvareda en los últimos meses, tanto en las columnas de opinión como en los corredores políticos norteamericanos.

Las imágenes de tortura a presos musulmanes, que salieron de los celulares de soldados en Abu Ghraib, sacudieron al mundo por su crueldad; sin embargo, su descubrimiento revelaba prácticas que sólo eran reprochables a un puñado de individuos, por lo general soldados jóvenes, sin mayor direccionamiento por parte de sus superiores. Otra cosa se ha conocido durante este año, cuando se reveló la posición del gobierno norteamericano a la hora de realizar actividades de interrogación que son consideradas ilegales por el derecho internacional.

El 8 de marzo, el presidente George W. Bush vetó una ley aprobada por el Congreso, que buscaba limitar el poder que tiene la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para interrogar a sospechosos de terrorismo. Con el veto, Washington permitió que la CIA continúe utilizando técnicas como el waterboarding, a través del cual un preso es sometido a un ahogamiento artificial.

Meses antes, en septiembre de 2007, el periódico The New York Times publicó un documento secreto, firmado por el fiscal norteamericano Alberto González, donde el funcionario se pronunciaba sobre los interrogatorios en el extranjero y “por primera vez se daba autorización explícita a someter a sospechosos de terrorismo a una combinación de tácticas físicas y


psicológicas, incluyendo los golpes en la cabeza, ahogamiento simulado y temperaturas extremadamente frías”.

La publicación desató la indignación de muchos norteamericanos y avivó un debate en torno a los límites del derecho internacional y lo que cada parte entiende por “trato humillante y degradante”, prohibido por el artículo 3 común a los convenios de Ginebra.

La discusión no ha cesado. Se reavivó la semana pasada al conocerse unas cartas enviadas por el Departamento de Justicia al Congreso de Estados Unidos, que, según informó el domingo pasado el New York Times, le daría potestad a las agencias para decidir en casos individualizados, cuándo es permitido utilizar técnicas como el ahogamiento simulado.

Noticias como éstas despiertan y alertan a los “blancos”, quienes encuentran en ellas la confirmación de sus constantes pesadillas. Hace algunas semanas, cuando otros de estos documentos desclasificados salió a la luz, Harlan Girard, director de Comité Internacional sobre las Armas de Microondas, no esperó un minuto para ponerla a circular.

Se trataba de un informe especial de ABC news, en el que se revelaba que los más cercanos consejeros del presidente Bush, entre ellos Condoleezza Rice y Donald Rumsfeld, habían sostenido varias reuniones para aprobar la utilización de técnicas mixtas de interrogación a los sospechosos de Al-Qaeda, incluyendo “el ahogamiento simulado”.

Con una copia del link de la página de ABC, Girard envió a sus asociados el correo con la noticia. Incluyó en esta comunicación un mensaje, con la certeza de que ahora sus desvelos serían escuchados: “Queridos todos: Algunos amigos me han sugerido que la razón por la que es imposible lograr la atención de Washington acera de los experimentos tipo Nazi que están llevando a cabo los Estados Unidos es porque las autoridades están muy preocupadas acerca de lo alto a lo que puede llegar la responsabilidad. Ahora, el gato está fuera de la bolsa. La responsabilidad llega tan alto como la oficina del Presidente”.

Otras torturas

Privación del sueño: está catalogada como una forma de tortura blanca, es decir una técnica difícil de comprobar. Consiste en evitar que el preso pueda dormir durante largos periodos de tiempo. Los prisioneros son expuestos a luz constante en su cara, baños de agua y ruidos insoportables. Según Time, en Guantánamo la música empleada para evitar que los presos duerman es la de Cristina Aguilera.

Otros métodos usados por las fuerzas militares estadounidenses, según Time, son asilamiento, obligarlos a actuaciones denigrantes como ladrar o privarlos de beber agua hasta la deshidratación.

Qué es el “waterboarding”

La revista Time publicó recientemente un documento oficial, de 84 páginas, en donde se describen las técnicas de interrogación empleadas contra varios presos en la cárcel de Guantánamo, ubicada en la isla de Cuba:

‘Waterboarding’: consiste en inmovilizar al preso de pies y manos, acostarlo en el suelo, cubrirle el rostro con un pañuelo y verter un chorro de agua sobre su cabeza. Comienzan por la frente, pero luego el agua entra por la nariz y la boca. La idea es inducir la sensación de asfixia. Este método fue usado durante la inquisición española para obtener información, presionar confesiones, castigar e intimidar.

Está considerado como una tortura por organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, Bush opina que los servicios de inteligencia, en la lucha contra los terroristas, pueden usar métodos interrogatorios prohibidos bajo las leyes internacionales, como éste. Los métodos son tan severos que, cuando los primeros detenidos fueron llevados a Guantánamo, esta forma de interrogatorio debió ser aprobada personalmente por el propio secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Varios jueces militares en la base militar en Guantánamo advirtieron que esta práctica, entre otras aplicadas a los presos, podría ser considerada como “tortura”.

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