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La pareja presidencial está en el centro de la polémica en Argentina.

En la sede de Clarín, el grupo de medios más importantes de Argentina, reina la incertidumbre. Nadie ha podido explicar quién dio la orden para que 200 inspectores de la AFIP, el ente que recauda impuestos en el país, entraran sorpresivamente al edificio y durante más de tres horas abrieran cajones, esculcaran escritorios y revisaran documentos, ante la mirada atónita de los empleados y directivos.

“Es una operación rutinaria”, dijeron algunos de los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Sin embargo, para las directivas del conglomerado, se trató de una operación de intimidación. “El operativo tuvo claramente un objetivo, que es el de intimidarnos y amenazar, de manera virtual, nuestra libertad de expresión”, denunció Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín, a la prensa.

Varios medios de comunicación argentinos fueron más allá y señalaron que la invasión tenía nombre propio: los Kirchner. Según el portal de internet Periodistas 21, este es un capítulo más de la guerra que el ex presidente Néstor Kirchner y su esposa, la actual mandataria Cristina Fernández, emprendieron contra los medios de comunicación y específicamente contra el Grupo Clarín. La respuesta de uno de los inspectores de la AFIP cuando los empleados le preguntaron qué estaban buscando, lo confirma: “Pregunten a los Kirchner”.

El silencio es elocuente. Ni el ex presidente Kirchner ni la Presidencia se han pronunciado. El único que lo hizo fue Ricardo Echegaray, director de la AFIP. En un comunicado, el funcionario negó su participación en los hechos, defendió la inocencia del Gobierno y anunció que Andrés Vázquez y Sergio Mancini, dos directores regionales de su entidad, fueron despedidos por haber ordenado la polémica inspección.

Pero pocos le creen. Jorge Rendo, director corporativo de Relaciones Externas del Grupo Clarín, aseguró a Radio Mitre que la explicación es ridícula. “Esto es un hecho grave y lo es aún más el que el director del organismo no sepa qué pasa dentro del organismo que administra y controla”. Otros periodistas argentinos, consultados por este diario, fueron más allá y recuerdan la estrecha amistad que existe entre el ex presidente Néstor Kirchner y Echegaray, quien en ocasiones anteriores ha sido denunciado por hacerle favores al ex mandatario y favorecer a sus amigos en la adjudicación de contratos.

La guerra K

Durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) las relaciones con el Grupo Clarín y en general con todos los medios de comunicación fueron buenas. De hecho, en el año 2005, mediante un decreto, el Gobierno les extendió las licencias por 10 años más a todos las empresas informativas. Además, días antes de terminar su mandato, Néstor Kirchner permitió que el Grupo Clarín fusionara Multicanal y Cablevisión, dos de sus empresas de televisión por cable, algo que habría demorado mucho tiempo.

Sin embargo, a tres meses de haber asumido Cristina Fernández, las relaciones se complicaron. Estalló el conflicto con el campo y Clarín se puso del lado del agro. Esto desató la ira de los Kirchner, quienes comenzaron a hablar contra el medio. El enfrentamiento llegó a su máximo nivel el año pasado, cuando la Presidenta presentó un proyecto de ley audiovisual que afecta seriamente los intereses del grupo y aumenta el control del Gobierno sobre todos los medios.

El Gobierno argumenta que el objetivo de la ley es terminar con los monopolios informativos, pero la oposición cuestiona diversos artículos y enmarca la iniciativa en el enfrentamiento del matrimonio Kirchner con el poderoso grupo multimediático. La invasión a Clarín se produce a pocos días de que la ley tenga una batalla decisiva en el Congreso. La Cámara de Diputados está siendo fuertemente presionada por el Gobierno para pasar esta ley antes de diciembre, cuando Cristina Fernández pierde las mayorías.

Ecuador: una ley que incomoda

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, presentará el próximo lunes un proyecto de ley que busca regular los contenidos de los medios de comunicación. Aunque aún no se conoce detalle alguno sobre aspectos concretos de la propuesta, el asambleísta Rolando Panchana, su ponente, le explicó al diario quiteño ‘El Comercio’ que “es una propuesta innovadora que viene a llenar los vacíos que existen en el desarrollo de las garantías constitucionales establecidas en la Carta Política”.

Este anuncio se hizo apenas una semana después del incidente entre Correa y Teleamazonas, acusada por el mandatario de violar la ley por revelar una grabación clandestina, tomada en el despacho presidencial, donde se sugiere que Alianza Podemos, partido en el poder, alteró algunos textos de la Constitución aprobada en 2008. El gobernante ha pedido públicamente el cierre del canal por 90 días, tal como lo estipula la ley.

‘Prensa, enemiga del pueblo’

Fuertes acusaciones ha lanzado Daniel Ortega, mandatario nicaragüense, contra la prensa de su país, calificándola en las últimas semanas de “estar al servicio del gran capital”, “trabajar un esquema de terror”, “magnificar informaciones en función de sus intereses” y de no pagar impuestos. Sus palabras dieron pie para que 300 reporteros fundaran el Foro de Periodistas Sandinistas, que busca sumar fuerzas contra “la guerra mediática hacia el gobierno”.

Sin embargo, se han publicado denuncias sobre concentración de pauta oficial en medios de comunicación que pertenecen a la familia Ortega y presiones judiciales a periodistas.

Evo promete respaldar libertad de prensa

Gran conmoción causó en Bolivia la agresión que sufrieron dos periodistas de una cadena de televisión a manos de la policía.

Los comunicadores, al servicio del canal Unitel, cubrían un arresto por policías de civil en Santa Cruz cuando los agentes chocaron su auto, los golpearon y decomisaron el material que habían grabado.

La noticia, que mereció la condena internacional de la ONU, llevó al presidente Evo Morales a reunirse con agremiaciones de periodistas, prometer una seria investigación del caso y comprometerse a proteger la libertad de expresión.

Por el momento, los oficiales comprometidos en el ataque fueron suspendidos y la policía le presentará al gobierno un informe sobre lo sucedido.

Los ojos puestos en Venezuela

Un mensaje de texto fue el causante de la más reciente crisis entre gobierno y medios en Venezuela. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió una nueva investigación sancionatoria contra Globovisión (la sexta en un alargado pleito) por mostrar al aire un llamado a golpe de Estado. Aunque los directivos del medio han acusado al oficialismo de practicar la censura, para Diosdado Cabello, jefe de Conatel, se cometió una falta muy grave: “Aquí no hay excusas de ninguna naturaleza. Estos mensajes son filtrados por las televisoras”.

La nueva investigación contra uno de los canales más críticos de Hugo Chávez, que coincidió con el anuncio para retirarles la licencia de operación a 29 emisoras de radio, además del proyecto de ley que tipificaría el “delito mediático”, llevaron a la Sociedad Interamericana de Prensa a alertar al mundo sobre el atentado de Caracas contra la libertad de información.