La tutela había sido interpuesta por el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, mediante la cual pretendía que quedara sin efecto la orden del juzgado tercero penal especializado de Bogotá para trasladarlo a la Penitenciaría de la Picota.

El ex uniformado había apelado a la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales como la vida, la dignidad y la libertad, que, por a consideración del juez que valoró el caso, nunca fueron violados tras la orden de traslado a prisión.

La más reciente valoración médica practicada por Medicina Legal ratificó que sus condiciones de salud no eran tan dramáticas como para considerar que su traslado a la cárcel constituyera un riesgo latente para su vida.

El concepto médico contrasta con el efectuado por una siquiatra nombrada por el Inpec, a partir del cual se ordenó trasladar nuevamente a Plazas al Hospital Militar.

En una de las audiencias se había advertido que esta siquiatra al parecer era cercana al coronel (r) Plazas Vega y por eso al juez decidió una nueva valoración.