En poco tiempo se conocerán los primeros señalamientos contra los responsables del incumplimiento de los compromisos adquiridos en torno a la atención a los desplazados por la violencia, anunció la Corte Constitucional.

Al término de la audiencia en la que fueron escuchadas las explicaciones en la materia, de parte de las autoridades gubernamentales de Antioquia, Valle, Cundinamarca, Bogotá, Medellín, Cali y Soacha, el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva precisó que en pocos meses se conocerán las primeras decisiones.

Allí figurarían las primeras medidas que podrían significar sanciones, de establecerse responsabilidades individuales, que rayan con el incumplimiento del deber, según representantes de algunas organizaciones civiles veedoras del proceso.

"Esperamos que un futuro muy cercano podamos tomar decisiones muy de fondo entorno a las responsabilidades, a corresponsabilidad y tomar las medidas que tengamos que tomar", dijo el magistrado Vargas.

Con esta advertencia, finalizó la audiencia fijada por la Corte Constitucional, en su propósito de ejercer el seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025, a través de la cual se declaró un estado de cosas no acorde a la Carta Política, en lo que atañe a la atención a desplazados.

Algunos de los aspectos más importantes fueron los aportes por 10.000 millones de pesos, provenientes del Ministerio de Hacienda, y 5.000 millones más, asignados por el Ministerio de Agricultura, que contrastan con la preocupación expresada por el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, frente a las dificultades que enfrentan los sistemas de salud y seguridad social por el aumento del desplazamiento forzado.