Sin consideraciones de ninguna especie por la legitimidad y la independencia que pueda tener la ONG, el gobierno de Venezuela se expuso a la atónita mirada del mundo actuando bajo preceptos que emanan de la guerra fría y obvian, de manera ingenua, la existencia de una sociedad globalizada en la que el poder ya no solo deriva de lo militar y lo policivo.

La expulsión, efectuada a media noche y, según Vivanco, en medio de abusos físicos por parte de la Policía, ha sido objeto de todo de tipo de señalamientos de parte y parte. Vivanco sostuvo que el mandatario venezolano “abandonó su propia Constitución y se las arregla para intimidar a todo aquel que le se cruce en el camino”. Cuestionó el hecho de que un país se permita “expulsar personas que elaboran informes, por críticos que sean, en materia de derechos humanos”. Pese a que Human Rights Watch ha sido igualmente crítica frente a los Estados Unidos, la guerra con Irak y su política migratoria,  el mandatario venezolano, locuaz como siempre, calificó a Vivanco de estar “haciendo el trabajo sucio que le ordena el imperio”.

El documento de la discordia señala que en Venezuela se han aplicado políticas discriminatorias que limitan el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas, la capacidad de la sociedad civil de promover los derechos humanos y el derecho a la libertad sindical. Puntualiza, igualmente, que no hay respeto alguno por la separación de poderes y que las instancias judiciales se encuentran cooptadas por el Ejecutivo. Críticas que ya con anterioridad la propia oposición al gobierno de Chávez se ha encargado de formular y que, tras la expulsión de los dos funcionarios, se confirman con evidencia.

Ante la situación, el canciller de Chile, Alberto van Klaveren, aseveró que su país le enviará una nota diplomática a Venezuela en respuesta a la expulsión de Vivanco. Por no ser lo suficientemente enfático frente al tipo de misiva que enviará, algunas voces de oposición en el país austral han señalado que es imperativo que el mensaje trascienda el de una simple acotación. Lo propio han hecho, a partir de diversos comunicados de apoyo, las organizaciones de derechos humanos radicadas o que trabajan en América Latina.

Incurren en un error grave quienes, como el gobierno de Hugo Chávez, desestiman el poder y la seriedad de Human Rights Watch. Si hace 20 años los defensores de los derechos humanos contaban con pocos adeptos y en general puede decirse que los países que lo deseaban podían  expulsarlos impunemente  cuando sus críticas no les convenían, la actualidad de un mundo globalizado opera sobre otra base y con otras lógicas. La expulsión de los funcionarios, en un escenario altamente mediatizado, le representa a Vivanco y su equipo poco más que un gesto de apoyo a la política de la vergüenza de la que emana todo su poder. Sin reparar en cálculos políticos, como sí lo hacen los Estados, Human Rights Watch arremete contra las violaciones de los derechos humanos estén donde estén. De ahí su credibilidad y su poder retórico y disuasivo. 

La siguiente estación de Vivanco y su equipo es Colombia, país del que  ya había dicho con anterioridad que, junto a Cuba, representa “un caso único” de violación a los derechos humanos en Latinoamérica. Dada su conocida independencia, la cual ratifica cada que se inmiscuye indistintamente con los abusos de Estados Unidos o de Rusia,  pondrá a prueba la capacidad autocrítica del gobierno del presidente Álvaro Uribe, que haría bien en ser respetuoso frente a las posibles críticas que pueda traer el reporte que será presentado en las siguientes semanas. Entre otras, para que quede explícita la diferencia con el vecino.