En efecto, el fiscal encargado consideró que Camargo había incurrido en dos delitos, a saber: celebración indebida de contratos y peculado a favor de terceros. Pero, ¿de qué contratos estamos hablando? Mirémoslo detenidamente. Comenzaba el año de 1999 y las obras de Transmilenio en la calle 80 avanzaban regularmente, hasta que la firma adjudicataria, ICA, dejó tirados los trabajos. Para hacerle frente a la novedad, Camargo habría podido, apelando a una urgencia manifiesta, adjudicar directamente lo que restaba para la finalización de la construcción, lo cual se habría ajustado plenamente a la ley.
Y no lo hizo. Consciente de las implicaciones que entonces tenían las decisiones que se adoptaran alrededor de las contrataciones relacionadas con Transmilenio, Camargo resolvió irse a Washington a hablar con el Banco Mundial —entidad que financió el proyecto— y pedir vía libre para convocar propuestas de culminación del tramo que faltaba por hacer en la troncal de la calle 80, avaluado en 26 mil millones de pesos. Con la autorización en su bolsillo, llamó a licitación. Se presentaron dos ofertas y el ganador fue el reconocido contratista Mario Huertas, quien culminó con éxito las obras en mención.
Volviendo a la medida de aseguramiento, encontramos que para el Fiscal, el proceder del ex director del IDU fue delictuoso, sin detenerse en un aspecto que en este caso es fundamental: Andrés Camargo estaba facultado legalmente para, como se dice vulgarmente, entregar esa obra a dedo, y no lo hizo. Prefirió retrasar seis meses el proyecto mientras se surtía el trámite normal de un proceso licitatorio, que se hizo de acuerdo con lo contemplado en la Ley 80, aunque en las contrataciones con recursos del Banco Mundial esta ley no se aplica.
Respecto al peculado, basta decir que el Fiscal considera que éste es exactamente igual al valor del contrato. Según él, se robaron el 100% de la obra. Si así fuere, ¿la troncal de la 80 está ahí por arte de birlibirloque?
Pareciera que Camargo está detenido por haber sido director del IDU, entidad que condujo durante tres años, ejecutando 1,8 billones de pesos reflejados en 2.100 obras que, pasados 10 años, siguen siendo consideradas como las generadoras de la nueva imagen de Bogotá y, paradójicamente, son el resultado de la eficaz administración en el IDU.
Me pregunto, entonces, si este es un asunto puramente jurídico o, como casi todo en Colombia, hay un interés político creado. Haciendo un poco de memoria, surge el recuerdo del espectáculo que en febrero de 2004 montó el Polo Democrático en el Congreso de la República, cuando el desmovilizado senador Antonio Navarro citó a un debate sobre Transmilenio.
Todos sabíamos que el hoy gobernador de Nariño estaba haciéndole la segunda a su partido político y, de paso, preparando el terreno para una eventual candidatura suya a la Alcaldía de Bogotá, que afortunadamente no “cuajó”. A raíz de ese debate, comenzaron los dolores de cabeza para Camargo quien, ingenuamente, creyó que todo hacía parte de un proceso legítimo de accountability.
No tengo ni la más remota idea sobre cuál será la suerte de este ex funcionario que ha recibido el respaldo de sectores políticos, académicos y privados —Camacol lo nombró como miembro de su junta directiva—. Lo único claro en todo este confuso proceso, es que cada vez será más difícil que personas de las calidades de Camargo se le midan a cargos de ejecución como la Dirección del IDU. Ahora sí podemos gritar a todo pulmón: ¡Adiós expertos, bienvenidos los manzanillos!
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