La presidenta del Consejo de Reparaciones de Perú, Sofía Macher, estuvo en Colombia invitada por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), entidad que apoya la ley de víctimas que se tramita en el Congreso —y que ayer se volvió a atrasar por falta de quórum—. Macher, quien realiza una labor similar a la de Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), dialogó con El Espectador acerca de cómo se ha llevado a cabo el proceso de reparaciones en su país. Destacó que en Perú se haya establecido la existencia del conflicto armado y dijo que el Estado colombiano debería ser “honesto” y reconocer a sus víctimas.

¿Cómo ha sido el proceso de reparaciones en Perú?

En los años 90 se hicieron varias leyes y resoluciones supremas en el sentido de establecer la reparación a las víctimas del conflicto. En ese momento, estas normas iban dirigidas sólo a los afectados por Sendero Luminoso. Se constituyó una Comisión de la Verdad para documentar y reconstruir los crímenes del pasado, y en 2005 el Parlamento aprobó una gran ley que reconocía a las víctimas de los agentes del Estado.

El presidente Álvaro Uribe asegura que en Colombia no hay conflicto armado, sino una amenaza terrorista, ¿cuál de los dos conceptos se usa en Perú?

El de conflicto armado, entre otras cosas, porque es el término más neutro que puede haber. Es un concepto que no reconoce guerra y que tampoco está dando estatus de beligerancia a la guerrilla. Lo que tratamos de contestarnos en la Comisión de la Verdad fue lo siguiente: ¿Hay conflicto? Sí, ¿es armado? Sí.

¿Qué opina de que el Gobierno de Colombia insista en no reconocer a los afectados de los agentes del Estado en la ley de víctimas que se tramita en el Congreso?

Es inaceptable que el Estado no quiera reconocer a sus víctimas. Sea por omisión o porque directamente violaron los Derechos Humanos, el Estado es el responsable de proteger la vida y la dignidad de los ciudadanos. El Gobierno no puede salir a decir que porque ellos son buenos, por filantropía, van a reparar a las víctimas.

En Perú, el Estado reconoció a sus víctimas, ¿qué tantos afectados hay a nombre de los agentes estatales y qué tanto tuvo que ver en ello el ex presidente Alberto Fujimori?

Fujimori está a la espera de una sentencia por violación a los Derechos Humanos. Esto podría darse en los próximos días y tiene que ver con un grupo criminal que se creó al interior del servicio secreto del Ejército. Aunque el Estado tiene muchas víctimas, al menos el 54% son afectados por Sendero Luminoso.

¿Cómo está concebida la ley de reparaciones en su país?

Es una ley de 11 artículos nada más. Establece, entre otras cosas, que sólo quienes han sufrido daños personales, y no materiales, tienen derecho a ser reparados. En este punto, entiendo que en la ley de víctimas que se tramita en Colombia la cuestión sea diferente, ya que en Perú no tenemos el problema de tierras que padecen millones de personas acá.

¿En qué consiste la reparación?

Es un plan integral de reparaciones que consta de siete programas. Tenemos un registro único de víctimas para el cual no cuenta quién es el perpetrador. La indemnización económica sólo aplica para familiares de desaparecidos, personas con lesiones que los inhabilitan físicamente y víctimas de violencia sexual. Los demás tipos de víctimas pueden acceder a programas de vivienda, de educación y salud, entre otros. También hay reparaciones simbólicas.

¿Cuál es el número de víctimas del conflicto que se ha establecido en Perú?

Tenemos registradas unas 120.000 personas, pero como la ley determina que los familiares de los afectados también son víctimas, pienso que en total estaríamos hablando de unos 280.000 ciudadanos. Hay que tener en cuenta que a esa cifra habría que sumarle el número de desplazados, que es de 500.000. En todo caso, son cifras muy inferiores a las de Colombia.

¿Cómo se acreditan las víctimas?

El 89% de las víctimas en Perú vive en el área rural y el 90% no cuenta con ningún documento de identidad, por eso se decidió que toda la carga probatoria quedara en hombros del Estado. Si una víctima se registra y cuenta que le pasó algo, nosotros partimos de la base de que eso es cierto.

¿Qué recomendaciones le haría a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación?

La reflexión que el Estado colombiano tiene que hacer, no sólo la CNRR, es que para que se dé un proceso de reconciliación hay que empezar por ser honestos y reconocer las víctimas de los agentes estatales. Que el Gobierno niegue la existencia de los posibles afectados por el Estado es una posición que aguanta la ley, pero no la aguanta la sociedad.