La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) y la comunidad del Resguardo de Huellas-Caloto protestaron por la muerte de dos soldados y las heridas sufridas por un suboficial cerca de una finca ubicada entre las localidades de Caloto y Toribío.

"La instalación de bombas explosivas por parte de la guerrilla de las Farc representa una clara violación del derecho internacional humanitario y de los derechos fundamentales de los pueblos", indicaron los aborígenes.

Los mismos indígenas de esa región, principalmente guambianos y paeces, reiteraron "lo que hemos afirmado en palabras y hechos: rechazamos las balas y la violencia armada venga de donde venga, y por eso lamentamos la muerte de personas en acciones de guerra".

La muerte de los dos uniformados se suma a otras acciones ocurridas a lo largo del año en inmediaciones de la finca La Esperanza, que han dejado cuatro militares muertos y varios heridos.

En el comunicado Acin y la comunidad Huellas-Caloto señalan también: "aunque rechazamos el maltrato y denunciamos las violaciones a nuestros derechos por parte de la Fuerza Pública, nos horroriza la muerte de soldados y agentes" de la fuerza pública.

"Nos horroriza la muerte y el sufrimiento de civiles a quienes se involucra de manera perversa en una guerra cruel y despiadada, pero también nos causa horror el desprecio por la vida de combatientes de uno y otro bando", indica la denuncia.

Asimismo, rechazan el "afán de los actores armados por involucrarnos en el conflicto armado", y exigen "respeto a nuestra posición de autonomía y resistencia civil pacífica desarmada" y "la desmilitarización" de sus territorios.

La explosión en la que murieron los militares se registró cuando de manera simultánea, desde Cali, miles de indígenas iniciaron una gran marcha de 538 kilómetros hasta Bogotá.

Los nativos, que emprendieron una "minga" (movilización de resistencia) hace un mes decidieron proseguir su marcha hacia Bogotá tras el fracaso de su reunión con el presidente colombiano, Álvaro Uribe, el pasado 26 de octubre.

Los indígenas colombianos, cuya población alcanza los 1,4 millones, exigen tierras, que sean tenidos en cuenta en los proyectos empresariales y gubernamentales que se planean en sus territorios, y su exclusión del conflicto armado.

Reclaman igualmente que respeten sus derechos humanos y protestan contra el Tratado de Libre de Comercio (TLC) con Estados Unidos.