La crisis social y económica generada en gran parte del país por el derrumbe de las denominadas empresas captadoras de dinero, conocidas como pirámides, y que tiene en vilo los capitales de miles de ahorradores, obligó al Gobierno Nacional a decretar el estado de emergencia social, amparado en el artículo 215 de la Constitución Política, con el fin de buscar fórmulas que permitan expedir una legislación especial para poder intervenir administrativamente a esas empresas.

El presidente Álvaro Uribe presidía un consejo de ministros al que no asistieron los titulares de las carteras de Transporte, Andrés Uriel Gallego, y el de Medio Ambiente, Juan  Lozano, quienes se dedicaron a atender a las comunidades damnificadas por la ola invernal en varias regiones del país.

En el encuentro, el Primer Mandatario, los miembros del gabinete y el equipo jurídico de la Casa de Nariño trabajaron desde las cinco de la tarde para ajustar el contenido de los decretos.

Previo a la reunión, a la que concurrió el comandante de la policía Nacional, general Óscar Naranjo, el presidente Álvaro Uribe Vélez precisó que la legislación especial que sea expedida en vigencia de la emergencia social, velará por los intereses de los estratos más pobres, con el fin de encontrar el proceso más ágil de devolución de dineros. Recomendó a los promotores de esas pirámides —cuanto antes—, hacer las devoluciones con vigilancia policiva.

“El Gobierno tendrá toda la consideración con los estratos 1 y 2, con los pobres. Una vez se hagan las devoluciones de lo que se alcance a intervenir, de lo que se decomise, miraremos cómo queda la situación de los estratos 1, 2”, señaló el Presidente en el Consejo Comunal de Gobierno sobre educación, que se realizó el sábado en Bogotá.

Uribe Vélez advirtió que la legislación especial sobre el tema permitirá que el delito de captación ilegal de dinero tenga una pena elevada y no sea excarcelable.

“Porque así hubiera captado antes, si llega la nueva legislación y no lo ha devuelto todo (el dinero), se tiene que ir para la cárcel con un delito no excarcelable, con una pena que no permite la excarcelación”, explicó el Mandatario.

La medida de emergencia social permitirá al Ejecutivo expedir una serie de decretos de carácter penal, administrativo y financiero.

El primero de ellos implica retomar un proyecto de ley que había sido presentado al Congreso en septiembre pasado y que no hizo trámite. La iniciativa, que consta de dos artículos, modifica el Código Penal en cuanto a la “captación masiva y habitual de dineros” y la “omisión de reportes sobre transacciones y almacenamiento de dinero en efectivo”.