El 19 de agosto de 2007, en la vía que une los municipios de Puerto Asís y La Hormiga, en el departamento del Putumayo, unidades de la Fiscalía detuvieron un camión de valores que, según sus ocupantes, transportaba varias cajas con comida, guantes, víveres y botas de caucho. Sin embargo, al realizar la inspección, los investigadores encontraron que se trataba de $7.370 millones en efectivo, en fajos de $10.000 y $50.000. De inmediato, el dinero fue remitido a la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio (Unaim), en Bogotá.

En ese momento las autoridades creían haber incautado el contenido de una caleta de las Farc, pero súbitamente apareció una abogada, quien en representación de David Eduardo Hemulth Murcia Guzmán, fundador y propietario de DMG, reclamó el dinero como suyo. Fue la primera vez que las autoridades judiciales elaboraron los primeros indicios sobre la extraña procedencia del capital de DMG. Quince meses después, este primer hallazgo es la punta de la investigación que ayer permitió a un juez de control de garantías dictar siete órdenes de captura.

Las órdenes de captura cobijaron al propio David Murcia Guzmán, a su esposa Johana Iveth León, a su madre Amparo Guzmán de Murcia, a su cuñado William Suárez, a la abogada de la compañía, Margarita Pabón, y a uno de sus principales socios, Daniel Ángel, quienes afrontan cargos por concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y captación masiva de dinero. A ellos se sumó Antonio Bastidas, por el delito de cohecho.

Según el fiscal Mario Iguarán, “estas personas no estaban en capacidad de poder patrocinar, fundar o desarrollar una empresa de esa naturaleza. Lo hicieron con recursos de origen ilícito. Eran conocedores de la ilicitud de esos recursos que han procurado aparentar con legalidad”, y agregó: “Esta es una investigación de 14 meses que se inicia cuando se hace una incautación de 7 mil 370 millones de pesos en La Hormiga (Putumayo); de ahí vienen otras investigaciones que se van anexando, iniciadas, por ejemplo, en Tunja y Manizales”.

Aunque sólo se hicieron  efectivas las capturas de Daniel Ángel y Margarita Pabón, ayer mismo empezaron a trascender los detalles de esta investigación que apunta a develar una gigantesca operación de lavado de activos con conexiones en Panamá, México y Brasil. El punto ahora es establecer el origen de la millonaria incautación y otros miles de pesos más en otras operaciones de DMG, pues aunque se tiende a creer que las Farc pueden estar detrás de la operación, también hay indicios de que el paramilitarismo, al parecer, se involucró en este enorme ilícito.

El Espectador pudo establecer que una vez iniciado el proceso por la incautación del camión en el Putumayo, un grupo de especialistas de la Dijín sigilosamente se trasladó a este departamento, y durante varios meses verificaron un inusitado movimiento de dinero en efectivo en todos los municipios del Putumayo, y que en algunas ocasiones estos dineros venían de procedencia de las Farc, y en otras, de los frentes paramilitares que otrora manejó Carlos Mario Jiménez, más conocido como Macaco. La investigación se centró en los movimientos de esos capitales.

Sin recaudar testimonios por las dificultades de las pesquisas, los investigadores de la Dijín y la Fiscalía concentraron sus tareas en seguimientos e interceptaciones telefónicas. Así pudieron constatar que la mayoría de los capitales incautados terminaba convirtiéndose en millonarios giros a cuentas bancarias a Bogotá y el Eje Cafetero, y que de estas regiones se

hacían nuevas transferencias esta vez a Panamá. Pero no sólo la plata llegaba del Putumayo también vía Panamá, se ratificó que llegaba dinero en dólares desde México y que terminaba engrosando un mismo emporio económico: DMG.

Una vez establecido el circuito económico y el destino de los millonarios giros, los investigadores se percataron de que había un personaje que activaba los mecanismos bancarios y que en el Putumayo era algo así como el Rey Midas de la operación. Este personaje resultó ser William Suárez Suárez, quien resultó ser el cuñado de David Murcia. Suárez fue objeto de un estricto seguimiento e interceptación de sus líneas telefónicas, que permitieron establecer que era el gran cerebro de la acción y que él personalmente, con un lenguaje cifrado, coordinaba los envíos de dinero.

Además se verificó que en el momento en que el Estado entró a supervisar y sancionó los negocios de David Murcia y Willliam Suárez, porque funcionaban como una captadora de dinero, fue cuando ambos, bien asesorados desde el exterior, transformaron la naturaleza de su negocio hacia una comercializadora de bienes y servicios impulsada por el mecanismo de la venta de tarjetas prepago. Fue en ese momento cuando se disparó el negocio de DMG, pero también el instante en que las autoridades judiciales tuvieron claro que estaban frente a una bien estructurada organización de lavado de activos.

Desafortunadamente, primero se reventaron las pirámides y en particular DRFE, que coincidencialmente era el blanco de críticas de David Murcia Guzmán. Esta circunstancia suscitó dos escenarios paralelos: las protestas masivas de quienes lo perdieron todo en el primer negocio y las de quienes aún respaldan el negocio de DMG. En medio de la confusión,  el país quedó ante la sensación de que la justicia apenas llegaba al tema, y que al parecer había discrepancias entre la Policía y la Fiscalía sobre el valor probatorio del material recaudado a lo largo de 14 meses.

El miércoles, después de una semana caótica, con protestas masivas, declaratoria de la Emergencia Social, renuncia del superintendente financiero, contrapunteo verbal entre el Presidente de la República y el dueño de DMG, la aparición de dos supuestos socios de la empresa que a su vez resultaron con antecedentes judiciales en otros países, entre otros factores, por fin empieza a verse el fondo del escándalo. Que a su vez constituye el principio del mismo. Es decir, las siete órdenes de captura, son apenas el preludio de un voluminoso expediente que ya tiene tres frentes más, en igual número de procesos.

David Murcia Guzmán anunció desde Panamá que está dispuesto a entregarse a la justicia. El Fiscal dejó entrever que varios políticos podrían estar implicados en el escándalo. Para nadie es un secreto que a las autoridades colombianas les ha prestado una valiosa ayuda el personal especializado de la DEA. El asunto DMG apenas comienza. Sus usuarios preparan respuestas. El abogado Abelardo de la Espriella alista su artillería jurídica, pero los tentáculos de este capítulo judicial sin antecedentes en Colombia, apunta a convertirse en un maremágnum judicial de insospechadas consecuencias.