En los años recientes se ha visto el florecimiento y proliferación de pirámides y negocios que generan rentabilidades superiores a las actividades regulares. La práctica se inicio en el siglo XIX y tuvo su manifestación más clara en 1920, cuando Carlos Ponti atrajo una gran clientela de Boston para entregar su dinero y obtener elevados intereses en un corto plazo.

El sistema es muy simple. El primer grupo entrega una suma y obtiene un rendimiento, luego de un plazo, con el aporte del segundo grupo, que a su turno obtiene lo mismo con el aporte del tercer grupo, y así sucesivamente. El sistema se mantiene en pie mientras que el aumento de la población, o si se quiere de los ingresos que entran al negocio, supera el rendimiento.

Por ejemplo, si el aporte de un grupo es de $100 millones y el rendimiento de 50%, la promesa puede cumplirse siempre que la siguiente cohorte deposite $150 millones.

La dificultad reside en que el público sabe que el sistema encierra muchos riesgos y le puede significar una pérdida del depósito; sólo acude cuando el rendimiento es muy alto, y como la afluencia de gente en algún momento empieza a disminuir, el esquema no es sostenible. Inevitablemente, se llega a un punto en que no se cumplen los compromisos y, en particular, el último grupo no obtiene la suma prometida.

De tiempo atrás se ha advertido que estos sistemas, aunque en períodos determinados pueden generar ganancias para los operadores e incluso para los clientes, a la larga son lesivos para la sociedad porque significan un engaño y un alto riesgo de pérdida que se traslada a toda la población. En todas las legislaciones que se respeten se introducen por diferentes conductos prohibiciones para impedir su gestación y consolidación.

Colombia no es una excepción. Las normas expedidas en virtud de la Emergencia Social no cambian el régimen jurídico existente en lo esencial. No van mucho más allá de ampliar las penas carcelarias y perdonar a aquellos que devuelvan la totalidad de las obligaciones adquiridas. Si el Gobierno tenía amplias facultades para actuar de tiempo atrás, la gran pregunta es por qué no lo hizo.

En la cadena de indecisiones predominó la concepción neoliberal de que el mercado lo resuelve todo y la regulación causa ineficiencias y es inútil. Por lo demás, los funcionarios se enredaron en un debate semántico sobre la captación de ahorro público, cuando en algunos casos se entregaban tarjetas prepago para la adquisición de bienes, y sobre la definición de pirámides, que es un término figurado, con las más variadas interpretaciones. En el caso de los negocios registrados lo indicado era acudir a la información contable de la DIAN, la Cámara de Comercio y la Superintendencia de Sociedades, para verificar que los pasivos excedían con creces los activos y el capital, la característica predominante de las pirámides.

Sobre estas bases, la normatividad constitucional, bancaria y comercial les otorgaba amplias facultades a las autoridades para intervenir las organizaciones. Y ahora el retardo en emplearlas les significa la responsabilidad de haberlas tolerado por negligencia e incompetencia.

La solución operativa carece de realismo, pretende ocultar culpabilidades y no es funcional. Los esfuerzos se concentran en la distribución de los fondos decomisados, desconociendo que las pirámides operan sobre la base de ingresos del futuro, que dejan de existir en el momento del cierre. De acuerdo con la información parcial suministrada en la prensa, se encuentra que los recursos encontrados corresponden a una fracción de los monumentales pasivos. De hecho, el Gobierno se verá expuesto a serias presiones políticas y jurídicas para compensar a los clientes desfalcados con recursos públicos, lo cual configura una contradicción moral. Lo peor que puede hacer el Estado es acudir a los contribuyentes para subsidiar a personas que participaron en actividades tipificadas como ilegales.

Mal podría decirse que en todos los casos se trata de una simple pirámide animada por el crecimiento esporádico de la población. En el caso de DMG no se puede desconocer que parte de la atracción proviene del ofrecimiento de mejores condiciones que en el sector institucional en materia de márgenes de comercialización, tasas de interés y acceso de los sectores de menores ingresos.

En cualquier evento, el surgimiento y proliferación de pirámides de alta duración es un llamado hacia una mayor regulación y vigilancia a todos los niveles para evitar el engaño, la discriminación, las prácticas monopólicas y las rentabilidades exorbitantes, y a la necesidad de definir y modernizar las reglas para el funcionamiento de las instituciones financieras, industriales y comerciales.