Foto: Óscar Pérez

El promotor del referendo, Luis Guillermo Giraldo, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Mientras sectores reeleccionistas anuncian una ofensiva jurídica para revivir la posibilidad de una segunda reelección presidencial en 2010 y no en 2014, como se aprobó en la Comisión Primera de la Cámara, la oposición sigue aferrada a las inconsistencias y la falta de claridad que aún persisten en las cuentas en torno a la financiación de la recolección de firmas para el referendo y ahora centran el debate en dos puntos: que algunos de los aportantes son contratistas del Estado y que entre ellos está Transval, empresa transportadora de valores vinculada a DMG, a la que la Superintendencia de Vigilancia le canceló la licencia.

El miércoles, en la Comisión Primera, los representantes Carlos Arturo Piedrahíta, del Partido Liberal, y Germán Navas Talero, del Polo Democrático, dejaron una constancia advirtiendo que el proyecto de referendo, que la próxima semana aterriza en la Plenaria de la corporación, no puede ser debatido y mucho menos votado mientras no se despejen las dudas sobre su financiación. De hacerlo, advirtieron, se estaría apoyando la ilegalidad. “El promotor de la iniciativa, Luis Guillermo Giraldo, nos dijo hasta la saciedad que no estaba salpicado por donaciones extrañas y resulta que la firma Transval, que tiene vínculos con DMG, además de brindar ayuda en especie, entregó en efectivo $4’700.000”, subrayó Piedrahíta.

Además, los congresistas de oposición consideraron como “muy sospechoso” y “poco ético” que empresas concesionarias del Estado hayan aportado plata para impulsar la iniciativa. En efecto, en la lista aparecen firmas como la Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. (aportó $50’000.000) y el grupo Odinsa (dio $20’000.000), concesionario de la remodelación del aeropuerto El Dorado.

A Giraldo le han pedido explicar el origen de los $2.046 millones que costó el proceso de recolección de rúbricas. Hasta el momento ha dicho que $142 millones fueron donados por particulares y que más de $1.907 millones los prestó la Asociación Colombia Primero, dineros que salieron de donaciones de particulares o empresas. Pero la lista, además de dejar la inquietud de que algunos contribuyentes sean contratistas del Estado y otros hayan tenido relación con DMG, puso en evidencia que muchos aportantes superaron los $3’334.000 permitidos, pues según la ley, una campaña de referendo no puede exceder los $334 millones y cada persona puede donar sólo un 1%.

Según el representante Navas Talero, lo que esas cifras demuestran es un claro caso de triangulación: “Hasta última hora no se había querido decir el verdadero origen de la plata y ahora, ante la presión, queda a la vista que se saltaron los topes y que supuestamente fue dinero donado por una asociación. Pero ahora resulta que Giraldo le pide a la gente que aporte entre $20.000 y $30.000 con sus tarjetas de crédito para devolverle este dinero a los que prestaron, o sea DMG a través de Transval”.

Por su parte, el representante liberal Rodrigo Rivera les solicitó a los ponentes del proyecto de referendo abstenerse de presentar ponencia hasta tanto el Consejo Nacional Electoral resuelva lo que está en juego y determine si hubo faltas o no. “Sería terrible iniciar una discusión sin que ese asunto esté claro. Por eso invito a la abstención”, enfatizó.

A su vez, Piedrahíta dijo que ya le solicitó a la Cámara de Comercio el certificado de asistencia y representación legal de las empresas que hicieron donaciones y agregó: “El Partido Liberal no votará el referendo mientras no se dé el cumplimiento de los requisitos constitucionales y, de cara a la justicia, le digan que el referendo no estuvo salpicado de dineros mal habidos”.

Lo claro es que las explicaciones de Luis Guillermo Giraldo no han logrado apaciguar las aguas. Incluso el ex asesor presidencial Fabio Echeverri Correa, gestor de la primer reelección del presidente Uribe, le dijo al noticiero CM& que tampoco tiene claro de dónde salieron los cerca de $2.000 millones que prestó Colombia Primero al comité promotor del referendo y que no entiende cómo se inició un proceso de recolección de firmas sin tener un solo peso en el bolsillo. Una posición que, según muchos, puede ser la estocada final para el proyecto reeleccionista.