Alejandro Ordóñez

Foto: Daniel Gómez - El Espectador

Cuando Alejandro Ordóñez fue elegido presidente del Consejo de Estado lo primero que hizo al llegar a su nuevo despacho fue descolgar la imagen del general Santander, el llamado “Hombre de las leyes” y poner en su lugar un crucifijo. Esta decisión, que por supuesto no tenía nada que ver con una preferencia decorativa, refleja bien el orden de sus prioridades. Es por eso que sus actuaciones como funcionario público se entienden mejor si se parte de sus creencias como católico.

Antes de eso, sin embargo, hay que decir que Ordóñez es un jurista con una larga y meritoria trayectoria académica y judicial; que muchos de sus fallos en el Consejo de Estado fueron muy importantes y que tiene una enorme capacidad de trabajo y de compromiso con lo que piensa.

Pero volvamos al principio. Ordóñez no es un católico cualquiera, sino un creyente dogmático y ultra conservador. Una muestra de eso se encuentra en la admiración que profesa por Ezequiel Moreno (escribió un libro sobre él), un cura de finales del siglo XIX que se hizo célebre por sostener que el liberalismo era pecado y que “la guerra no es otra cosa que un castigo enviado por Dios para purificar la nación”.

Más significativa aún parece ser su vinculación actual con la llamada Orden de la Legitimidad Proscrita, cuyo líder es Don Sixto Enrique de Borbón, primo exiliado del Rey Juan Carlos de España y convencido de que la corona le pertenece a él y no a su primo. Don Sixto y los suyos creen que este mundo se vino abajo con la Ilustración francesa (siglo XVIII) y su horda de ateos que convirtieron a los fieles de las iglesias en ciudadanos de la calle. Don Sixto admira a Ordóñez y hace poco lo nombró caballero de su orden. Son también conocidas sus simpatías por los católicos lefebvristas; los mismos que la Iglesia católica, que no se caracteriza ni mucho menos por su apertura, condena por retardatarios.

Con estos antecedentes es natural que Ordóñez se oponga a la decisión de la Corte de despenalizar parcialmente el aborto. “De una sociedad que practica el aborto se puede esperar cualquier cosa”, dijo recientemente en una entrevista. El Procurador tampoco ve con buenos ojos las normas constitucionales que consagran el libre desarrollo de la personalidad. En contra de esas normas escribió un libro titulado Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad, en el cual califica la homosexualidad como antinatural, irracional y contraria al designio de Dios.

En asuntos políticos sus posiciones han sido menos consistentes. En el caso de la yidispolítica, primero exoneró a los implicados del Gobierno y luego de que la Corte le abrió una investigación disciplinaria por esa decisión, destituyó al ex ministro Sabas Pretelt. En el caso de la reelección, emitió concepto favorable con argumentos tambaleantes que después fueron abatidos por la Corte. En el caso de las chuzadas del DAS, primero ordenó archivar las investigaciones que había abierto contra los funcionarios de la Presidencia y luego destituyó a Bernardo Moreno.

Muchos ven en estas ambivalencias una simple adaptación política a los tiempos más moderados que corren con el actual Gobierno. Otros, en cambio, ven en ellas y sobre todo en otras como la destitución de Piedad Córdoba y el reciente regaño a Uribe por hablar mal de la justicia, un signo de su independencia.

En un sistema democrático las creencias religiosas de los funcionarios públicos no tienen por qué ocasionar problemas en su desempeño profesional. Una cosa son sus convicciones personales y otra su deber de aplicar la ley. Para Ordóñez, en cambio, parece haber una incompatibilidad fundamental entre su visión conservadora del mundo y la filosofía liberal y pluralista que dio lugar a la Constitución de 1991.

Pero uno puede entender al Procurador. No es fácil llevar una vida serena cuando se piensa que el mundo actual perdió su rumbo hace tres siglos a manos de la Ilustración. Peor aún, no es fácil vivir en paz con el derecho cuando se sabe que la Constitución está inspirada justamente en esa Ilustración y en las revoluciones liberales que de allí surgieron y que acabaron con el mundo antiguo. Un contraste tan grande entre los ideales y las realidades es insostenible: o se cae en la desesperanza o se hace de la vida una cruzada. Ordóñez optó desde muy joven por lo segundo.

Pero así como no es fácil para el Procurador vivir en un mundo que considera descarriado, tampoco es fácil para el país tener a un Procurador que no está del todo comprometido con el espíritu de su Constitución.

El problema no está en tener un procurador católico, por supuesto que no, sino en tener a un procurador que no parece estar convencido del proyecto de sociedad que está plasmado en la Constitución. Me pregunto qué pasaría si el procurador actual no fuera Ordóñez sino, digamos, un comunista ortodoxo. ¿Qué tanto soportarían las élites nacionales a alguien que, incluso sin apoyar la violencia, estuviera convencido de que la solución para Colombia es el comunismo y por lo tanto descreyera de las libertades y de los derechos? El país no lo toleraría, estoy seguro. Sin embargo, en el fondo, ambos casos se parecen; la monarquía católica está tan lejos del espíritu de la Constitución de 1991 como el igualitarismo comunista.