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Como cada año, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) llamó la atención sobre las riesgosas condiciones para el ejercicio del periodismo en Colombia. De acuerdo con el Informe sobre la situación del periodismo y la libertad de prensa durante 2014, ejercer el oficio es “cada vez más una profesión peligro y ello se refleja en crímenes como asesinatos, atentados, amenazas, destrucción de instalaciones o equipos, interceptaciones ilegales, detenciones ilegales, desplazamiento forzado y acoso en sus distintas manifestaciones”.
En concreto, durante el año anterior, la Fecolper documentó 146 agresiones contra periodistas, lo que representa un total de 184 víctimas. Con respecto al 2013, el informe registra 20 agresiones más, y 35 víctimas adicionales. Las amenazas fueron el delito más común reseñado por los comunicadores, con un 42,5 %, seguido de las agresiones físicas y/o verbales con el 22,6 %, y la obstrucción al ejercicio periodístico con el 15,1 %.
Durante el año pasado, el 76% de los hechos violentos se registraron en contra de 140 periodistas. También, fueron vulnerados los derechos de 28 trabajadores de medios (28), y en un número menor contra equipos periodísticos e infraestructura de medios. Diferenciados por género, el 75% de las agresiones fueron en contra de hombres (138 en total), mientras que un 16% ocurrieron contra mujeres (19).
El 80,2% de las violaciones o afectaciones se produjeron contra medios privados (comerciales); 9,3% contra medios alternativos (populares); 5,2 % contra comunitarios y 5,2 % contra gubernamentales (oficiales).
En cuanto a la ubicación geográfica, las poblaciones más inseguras para ejercer el periodismo son, de acuerdo con los registros: Bogotá, con el 24%; Antioquia 13%, Valle del Cauca 8%, Bolívar 5% y Huila 4%. Lo que plantea un interrogante sobre un eventual subregistro o incapcidad de protocolizar las denuncias en algunas regiones.
Para Fecolper, es alarmante que “el 34,2% de los ataques provino de desconocidos. El mismo calificativo aplica, con mayor reproche y rechazo, para el segundo principal agresor: la Fuerza Pública, autora del 21,2% de los casos, que equiparó a los a particulares, y se situó muy por encima de funcionarios y/o servidores públicos (11%), paramilitares y/o bandas criminales (6,8 %), guerrillas (2,1%), delincuencia común (2,7%) y exfuncionarios públicos (0,7%)”.
También, denuncia la Federación que la impunidad es la norma una vez son denunciados los distintos abusos contra los comunicadores. Concluye el informe que “los derechos constitucionales de la prensa no pueden seguir siendo letra muerta, sino que deben ser recuperados y cuidados con celo principalmente desde la institucionalidad”.