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La mayoría de las deportaciones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos son de personas que han cometido delitos menores o no tienen antecedentes policiales, a pesar de que la administración Obama afirma lo contrario, según el diario The New York Times.
Dos tercios de los cerca de dos millones de deportados desde que el presidente Barack Obama llegó al poder en enero de 2009 "han cometido infracciones menores, incluyendo violaciones de tránsito, o no tienen ningún antecedente criminal", señaló el periódico estadounidense citando un análisis propio de datos oficiales.
Los registros gubernamentales muestran que solo el 20% de los casos (unas 394.000 personas) involucran a gente acusada de crímenes graves, incluyendo narcotráfico.
The New York Times analizó más de 3,2 millones de deportaciones en 10 años, lo que permite comparar lo ocurrido durante el segundo mandato de George W. Bush (2001-2008) y los primeros cinco años de la administración Obama.
En ese sentido, el diario afirma que el incremento más grande entre un gobierno y el otro fue en deportaciones de personas cuya infracción más seria era una violación de las normas de tránsito.
Estos casos pasaron de 43.000 durante los últimos cinco años de Bush a 193.000 en los primeros cinco de Obama.
Los datos revelan además la decisión de la administración Obama de procesar a quienes violaron las leyes de inmigración en Estados Unidos, en vez de devolverlos a sus países de origen sin cargos penales.
En el último año de gobierno de Bush más del 25% de los deportados que fueron detenidos en Estados Unidos sin antecedentes regresaron a sus países sin cargos penales.
En 2013 hubo procesamientos en más del 90% de los casos, lo que supone para los implicados una prohibición de volver a entrar en Estados Unidos por cinco años bajo la amenaza de ir a prisión.
Obama anunció a mediados de marzo una revisión de procedimientos para verificar si la política de deportación de inmigrantes ilegales podía ser conducida de forma "más humana", luego de fuertes críticas por las expulsiones en masa.
El presidente responsabilizó al Congreso por el elevado número de deportaciones, alegando que no tenía otra opción que hacer aplicar la ley mientras el Poder Legislativo no aprobara una amplia reforma migratoria.
Obama ha reiterado en varias ocasiones que es prioridad de su administración la deportación de personas involucradas en actividades ilegales.
El Senado estadounidense aprobó el año pasado un ambicioso proyecto de reforma migratoria, que incluye la posibilidad de que 11 millones de inmigrantes ilegales obtengan la ciudadanía. El proyecto prevé también un refuerzo de la vigilancia de la frontera y una revisión completa del sistema de otorgamiento de visas, entre otras iniciativas.
No obstante, el texto permanece estancado en un cajón en la Cámara de Representantes, y analistas coinciden en que difícilmente será sometido a votación antes de las elecciones legislativas de noviembre de este año.