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“La ley nos obliga a los gobernantes a adoptar las decisiones del pueblo, y eso fue lo que hicimos. De ninguna manera esperé que me abrieran una investigación por una consulta que cumplió con toda la normatividad colombiana”, dice Arquímedes Ávila Rondón, alcalde de Piedras (Tolima) y primer mandatario en ser investigado por realizar la consulta popular en la que, el 28 de julio pasado, la mayoría de los habitantes de su municipio eligieron que no querían actividades mineras en su territorio.
Las advertencias de la Procuraduría pasaron del dicho al hecho con el expediente disciplinario que en días pasados le abrió a Ávila. El ente de control había anunciado que los funcionarios públicos que motivaron las consultas populares en Piedras y Tauramena (Casanare), para oponerse a la minería y a las actividades petroleras, se expondrían a investigaciones que podrían terminar con su destitución, pues se estarían “extralimitando en sus funciones” al tomar decisiones sobre el subsuelo que, según el ente de control, le competen “exclusivamente” a la Presidencia.
Lo mismo, insistió la Procuraduría, ocurriría con los mandatarios de los municipios casanareños de Monterrey, Chámeza, Recetor y Aguazul, que ya adelantaban procesos similares.
La actuación del Ministerio Público ha sido fuertemente criticada por especialistas en derecho ambiental como César Rodríguez Garavito, investigador de la Universidad de los Andes y miembro fundador de De Justicia. Para el abogado, la Procuraduría ha emprendido un “matoneo ambiental” contra los derechos ciudadanos. “Las consultas populares están autorizadas por la Constitución, y la de Piedras cumplió todos los requisitos. Sancionar a los alcaldes por proteger el derecho al agua sería tan arbitrario e ilegal como lo fue destituir a Alonso Salazar por proteger los derechos de las mujeres”.
Esta semana, cuando se corrió la voz en Piedras de que la Procuraduría estaba investigando al alcalde, cientos de piedrunos salieron a las calles a protestar y pedir que se respete la decisión que tomaron.
“La gente no salió a defenderme. Salieron a exigir que se respeten sus mecanismos de participación democrática. Agradezco a los ciudadanos que marcharon pacíficamente para respaldar la defensa de nuestros recursos hídricos”, dijo Ávila Rondón.
El alcalde está convencido de que sus actuaciones no estuvieron en contra de la ley: “La consulta en Piedras fue respaldada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima y por la Gobernación departamental; cumplimos con todas las instancias establecidas por la norma. Por eso estoy tranquilo y entregaré todos los documentos que me solicite el ente de control”.
La medida de la Procuraduría no deja de representar una presión para los demás alcaldes interesados en promover acciones de participación ciudadana similares, y aunque la Corte Constitucional aclaró el mes pasado que el Gobierno Nacional debe tener en cuenta la voz de los habitantes de los municipios para tomar decisiones sobre su subsuelo, el mandatario de Piedras cree que la investigación pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
“Me preocupa que se juegue con las expectativas de la gente y que no se le dé validez a lo que el pueblo decidió. La consulta se realizó desde todos los puntos legales, así que todos esperamos que no quede a la deriva”, señaló.
El 9 de abril El Espectador le pidió a la Procuraduría conocer los detalles de la investigación. La entidad respondió que no era posible ya que el proceso se encuentra en indagación preliminar.
acuevas@elespectador.com
@angelicamcuevas