El Parlamento Europeo (PE) acaba de aprobar una resolución que, sin duda, busca evitar una nueva crisis sanitaria como la que se vivió como consecuencia de las prótesis defectuosas de la empresa francesa PIP. A partir de este momento toda mujer europea con implantes mamarios deberá tener un pasaporte – firmado por su cirujano y cuya copia deberá quedar en el hospital en el que fue intervenida– en el que se especifiquen las características del implante, los posibles efectos secundarios, y las medidas de atención postoperatorias.
Con esta información se pretende crear un registro nacional de implantes, obligatorio en cada Estado Miembro, en el que estén consignados los detalles de cada intervención. Un proyecto similar está en ese momento en marcha en España, en colaboración con la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.
Pero las medidas que acaba de tomar el Parlamento Europeo van más allá: se exige que las inspecciones a los productos sanitarios sean más rigurosas, e incluso se planteó que las visitas se pudieran hacer sin previo aviso. “Se llevarán a cabo inspecciones frecuentes (por lo menos una vez al año) en toda la cadena de suministro, así como determinados suministradores”. La resolución también plantea la necesidad de “reforzar los criterios de acreditación y evaluación” de los comercializadores y productores.
También se puso sobre la mesa la necesidad de exigir requisitos más implacables para obtener el sello de calidad CE – el cual certifica que un producto cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos por las autoridades europeas–, que tras la polémica de los implantes PIP se ha puesto en duda.
De esta manera Europa se quiere blindar ante escándalos como el desatado por las PIP, de las que se calcula fueron comercializadas unas 400.000 en todo el mundo.