Seis días después de que Benigno Perilla, un miembro de la comunidad indígena de Taraira (Vaupés), aceptara ante tres magistrados de la Corte Constitucional que había recibido la asesoría de abogados de la minera Cosigo Resources para interponer una tutela y pedir la revocatoria del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, el representante legal de esta compañía canadiense negó cualquier acción de la compañía en ese sentido.
En entrevista con W Radio, Diego Ramírez de Cosigo Resourcers, aseguró que la empresa “no paga para que una comunidad indígena presente una tutela. Nosotros tenemos principios de responsabilidad para colaborar con las comunidades donde desarrollamos proyectos”.
La versión de Diego Ramírez es contraria a la que expresaron los propios indígenas así como organizaciones e instituciones que trabajan en la zona. Desde que comenzó el conflicto por los títulos otorgados a la compañía por parte de Ingeominas, dos días después de ser declarado Parque Natural, muchas personas fueron testigos de las maniobras de la empresa para dividir la opinión de los siete pueblos indígenas de la región.
Martin von Hildebrand, director de Gaia Amazonas, una organización que ha trabajado en la región por más de 30 años, aseguró también a través de W Radio que era un secreto a voces que la empresa hizo lo posible para entorpecer la consulta previa necesaria para la declaración del Parque Nacional.
Ramírez defendió el derecho de Cosigo a los títulos mineros en la región argumentando que la solicitud de esos títulos comenzó en 2007, dos años antes de la declaración del parque. “Solicitamos la licencia el 17 de junio de 2007. Dos años antes de la declaración del parque. Para esa fecha no existía el trámite del parque. Nos requirieron el 16 de septiembre de 2009 en Ingeominas para la firma. Son trámites establecidos para seis meses y se demoró dos años. Ese día a la empresa se le concede dos meses para firmar. Firmamos el 29 de octubre, lo que quiere decir que el derecho sobre los títulos era anterior a la declaración del Parque”.
Ramírez dijo que la empresa ha propuesto que el parque se financie con parte de las regalías que dejaría la actividad minera en la zona. Recordó que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, levantó el veto sobre el parque Yasuní para permitir la explotación de petróleo. Aseguró que la empresa se somete al “imperio de la ley” y esperaran la decisión de los magistrados de la Corte.
Por su parte, Martin von Hildebrand le recordó que fueran las propias comunidades las que le pidieron al gobierno declarar parque ese territorio de más de 10.000 hectáreas cuando se dieron cuenta que existía un gran apetito minero por los minerales ocultos en el subsuelo. Aunque sobre esa zona ya existía una figura de protección, como lo es un resguardo indígena, eso no incluye el subsuelo y por eso fue necesario pensar en una medida más potente como un Parque Nacional.
Desde los años 90, recordó Hildebrand, el gobierno colombiano había estado interesado en declarar parque esa región por su alto valor ecológico y cultural.
Curiosamente, durante la entrevista concedida a W radio, Ramírez atribuyó a la empresa y al conflicto que se ha generado, que las comunidades indígenas lograron darse a conocer en el mundo.