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"En mis pesquisas para un libro que publicaré a fin de este mes sobre el Galeón Señor San José, donde presento con vasta documentación el vergonzante proceso de contratación que se adelantó en la anterior administración, encontré que el señor Roger Edward Dooley, alias Roger Montañez, alias Roger Montañés Caballero, estuvo incluido en la “Lista Clinton” o listado de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) por más de una década. Su nombre fue retirado del listado de personas bloqueadas (SDN) el 18/08/2000".
Así empieza la carta en la que le advirtieron a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que el principal aspirante a rescatar los restos del galeón San José tiene oscuros antecedentes que deberían ser tenidos en cuenta por el gobierno de Iván Duque a la hora de adjudicar el posible contrato el próximo 10 de marzo. Quien hizo la denuncia ante la vicepresidenta, encargada por Duque de este caso, fue Francisco Hernando Muñoz Atuesta, miembro de Número de la Academia de la Historia de Cartagena de Indias y veedor nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, es decir de que los derechos de la nación y de los colombianos en el lecho marino sean defendidos y respetados. El mensaje está fechado en Cali el pasado 12 de febrero y es el primer avance del libro que el investigador publicará en breve sobre el galeón San José. (Le puede interesar: charla de Nelson Fredy Padilla, autor del libro sobre el galeón San José, y el escritor Héctor Abad).
Dooley es el enigmático personaje que se hizo famoso luego de que el gobierno de Juan Manuel Santos anunciara a finales de 2015 el hallazgo del naufragio más famoso de la era colonial, el galeón hundido por los ingleses frente a las Islas del Rosario, el 8 de junio de 1708, a 12 millas de Cartagena, con un cargamento de oro, plata y bienes avaluados hasta en diez mil millones de dólares. El cazatesoros sería quien le mostró a Santos y sus asesores el mapa y el plan para encontrar la embarcación, finalmente localizada por la firma Maritime Archeology Consultins Switzerland (MAC), con respaldo británico, y de la que "el señor de la barba blanca" es director. Su inclusión en la lista de bloqueo por parte del Departamento Tesoro de los Estados Unidos se puede verificar aquí: (https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Documents/sdnew00.txt. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1997-06-27/pdf/97-16900.pdf)
Muñoz criticó, por antecedentes e idoneidad, que este personaje sea el más probable contratista dentro del proceso de Asociación Público Privada con el que se sacará a flote la estructura y carga del San José. Dice la carta: "El Ministerio de Cultura, cita en el proceso que se surte ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Anexo 1), la primera propuesta de factibilidad presentada el 20 de septiembre de 2016, con una lista de nombres bajo la columna “documentos de idoneidad del equipo MAC”, allí aparece Roger Edward Dooley, bajo su propio nombre como arqueólogo y en el mismo documento y lugar, pero con uno de los alias con que estuvo registrado el señor Dooley en la lista Clinton: “Roger Montañés Caballero”, registra con “título de nivel medio en investigación oceanográfica”. (El Espectador reclamó claridad oficial frente al tema).
El veedor añadió: "Cuesta creer que Colombia ha estado a portas de abordar un tema de la magnitud del Galeón Señor San José, sin indagar con quién se está metiendo. En el proyecto del galeón San José, está previsto negociar los metales preciosos (oro y plata) al peso, sin tener en cuenta el valor histórico, cultural y numismático de las piezas, esto hará que se entreguen unidades con valor de mercado de $50 millones de pesos, en $600 mil: Este es el mayor sueño en lavado de activos, y el volumen involucrado, garantizaría la criminal operación por años y miles de millones de dólares".
Y preguntó a la vicepresidenta: "¿Hasta cuándo está dispuesta Colombia a seguir considerando la posibilidad de adelantar algún tipo de proyecto con personas de tan cuestionada reputación, sumiendo a la Nación en el oprobio?".
El polémico caso, que desde 1982 ha sido motivo de demandas judiciales en Colombia y Estados Unidos (desde donde la firma Sea Search Armada reclama derechos como primera descubridoira y con derechos sobre la mitad del tesoro), queda en manos de lo que decida la vicepresidenta, asesorada por una comisión especializada en especies náufragas. El gobierno de Duque ha venido aplazando la decisión desde octubre del año pasado (la había pospuesto para febrero) a la espera de que aparezcan más proponentes, pero hasta la fecha sólo está formalizada la de MAC y su controvertido director, también denunciado desde España por el diario ABC, como saqueador de tesoros coloniales, más interesado en utilidades comerciales que en salvaguardar la memoria histórica y científica que la Constitución de Colombia declara como inviolable e indivisible.
Habrá que esperar hasta la nueva fecha, el 10 de marzo, y a la respuesta de Marta Lucía Ramírez.