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La Sala Octava de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en decisión proferida el pasado viernes 29 de marzo, ordenó el embargo o secuestro de los tesoros contenidos en el naufragio del galeón San José.
Según el documento conocido por El Espectador, esta medida cautelar fue emitida en respuesta a una apelación de la firma norteamericana Sea Search Armada (SSA), que reclama derechos sobre la mitad de la carga de la nave hundida el 8 de junio de 1708 frente a las Islas del Rosario. Estos le fueron reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 5 de julio de 2007 al considerarla como descubridora de los posibles restos del galeón desde que la Armada Nacional le autorizó y certificó las exploraciones hechas desde 1982 a unas 12 millas de Cartagena. (Le puede interesar: Gobierno Duque pide más plazo para decidir).
Con este auto el Tribunal Superior de Barranquilla busca garantizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema, por la cual se declaró a SSA propietaria del 50% de los tesoros que se encuentren en las áreas marítimas denunciadas en 1982 durante el gobierno de Belisario Betancur. En estas mismas áreas se redescubrió el galeón en 2015, gobierno de Juan Manuel Santos, por lo que para SSA se trata del mismo naufragio descubierto en 1982, aunque la firma británica Maritime Archaeology Consultants Ltd. (MAC), autorizada por Santos, asegura que fue ella la que estableció el verdadero lugar donde reposan los restos del más preciado tesoro marítimo de la época colonial.
SSA había interpuesto recursos de apelación a una medida previa del Juzgado Tercero del Circuito Judicial de Barranquilla, que levantaba el embargo de los bienes que fueran localizados y rescatados del cascaron del San José, que según los expertos que asesoraron a Santos están conservados bajo la arena del mar caribe colombiano. (La vicepresidenta asegura que defenderá integridad del San José).
El secuestro de los tesoros fue inicialmente decretado el 12 de octubre de 1994, inmediatamente después de la sentencia de primera instancia, pero fue levantado el 31 de octubre de 2017 por el Juez 3º Civil del Circuito de Barranquilla. Apelado dicho levantamiento por SSA, por auto del pasado 29 de marzo, el Tribunal Superior de Barranquilla lo revocó y ratificó o confirmó el embargo de los tesoros en forma definitiva, ya que al parecer contra esta decisión no procede recurso alguno.
Dice el Tribunal Superior en su providencia: “Siendo así, mantener la medida cautelar de secuestro en esta situación particular es razonable, proporcional, necesaria y adecuada, dado que busca un objetivo legítimo; sirve al fin propuesto, no existe otra medida que sea menos gravosa y garantice los derechos de la parte demandante, por lo que no solo es viable revocar, tampoco modificar la medida”, Por lo que se resolvió “En consecuencia, mantener la medida cautelar de secuestro decretada por providencia del 12 de octubre de 1994”.
Y conforme al procedimiento establecido por el Tribunal Superior en su sentencia de segunda instancia de marzo 7 de 1997, quien rescate el galeón San José a cualquier título y en cualquier tiempo, deberá depositar su carga a órdenes del juez en el Banco de la República de Cartagena, o entidad similar, para la práctica del secuestro y la entrega de los tesoros por partes iguales a la Nación y SSA, como fue dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 5 de julio de 2007.
Además, por expreso mandato de la ley a partir de la medida cautelar ordenada por el Tribunal Superior de Barranquilla, será absolutamente nulo por objeto ilícito cualquier contrato que se celebre sobre los tesoros embargados del galeón San José.
Esto confirmaría al gobierno de Iván Duque un impedimento jurídico para contratar el rescate con Maritime Archaeology Consultants Ltd., el principal y único aspirante al contrato de Asociación Público Privada que se abrió durante la administración Santos, MAC fue el descubridor de finales de 2015, y cuya adjudicación ha sido aplazada por el actual gobierno nacional, la última vez hasta mayo próximo.
El gobierno Duque anunciará la decisión definitiva una vez el Consejo de Estado responda a consultas sobre el caso que le hicieron a través de la Vicepresidencia de la República, encargada por Iván Duque del seguimiento a este polémico caso, que va camino a cuatro décadas de pleitos jurídicos. Si le asignan el rescate a MAC, SSA volverá a demandar, con el embargo de cualquier bien sacado a flote de por medio.
Hoy la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, aseguró que velará por esos bienes que constituyen parte de la historia del país y que no permitirá que sean comercializados para pagar a firmas cazatesoros. Así las cosas, el patrimonio cultural sumergido, de los colombianos según la Constitución, sigue embolatado más por los intereses comerciales que por los académicos y científicos.