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Actualidad 5 Feb 2013 - 11:51 am

El fin es reglamentar, por primera vez, el artículo 246 de la Constitución del 91

Hacia una justicia multicultural

Autoridades indígenas, Gobierno y miembros de la Rama Judicial se reunirán a mediados de febrero para sentar las bases del plan de armonización de la Justicia Ordinaria y la Jurisdicción Especial Indígena.

Por: Juan Sebastián Jiménez
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Cientos de años llevaban las comunidades indígenas recurriendo a su justicia propia para solucionar los conflictos que en ellas se presentaban. Pero fue sólo hasta 1991 que el Estado reconoció a la Jurisdicción Especial Indígena. Lo hizo a través del artículo 246 de la Constitución que establece que las autoridades indígenas “podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”. Y agrega: “La ley establecerá las formas de coordinación de esta Jurisdicción Especial con el Sistema Judicial Nacional”. Sin embargo, después de 20 años, y a pesar de algunos esfuerzos, es poco o nada lo que se ha hecho en este sentido.

Con el fin de remediar esta situación el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y representantes de las Comunidades Indígenas se han reunido desde el año pasado con el objetivo de crear un sistema que de una vez y para siempre coordine a la Jurisdicción Especial Indígena con la Justicia Ordinaria. Para tal propósito se crearon el Acuerdo 9614 de 2012 y la Comisión de Coordinación entre El Sistema Judicial Nacional y La Jurisdicción Especial Indígena que se reunió el 4 de diciembre de 2012 y volverá a hacerlo a mediados de febrero.

La empresa no es fácil. Hay que coordinar el sistema de cerca de 100 pueblos con la Justicia Ordinaria y hacerlo sin menoscabar la autonomía de las comunidades protegidas por la Constitución. En palabras de Iaku Sigindioy, Coordinador de Asuntos de Jurisdicción y Ordenamiento Indígena del Ministerio de Justicia, el objetivo es que “cada pueblo indígena tenga su derecho propio y que los sistemas de justicia sean autónomos y garantes de la ley”. Ya se han logrado avances en regiones como Putumayo, Tolima y La Guajira. Aunque siguen siendo frecuentes los ‘encontrones’ entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Ordinaria por cuenta de procesos en los que no se define cuál de las dos debe juzgar al acusado.

Para Sigindioy hay que establecer un diálogo intercultural y que las entidades del Gobierno se permitan comprender y acercarse a la Jurisdicción Especial Indígena. Con este fin el Ministerio de Justicia planea recorrer el país y establecer una suerte de 'mapa de los pueblos' que reseñe sus costumbres y prácticas a la hora de juzgar a sus integrantes. Una guía que ayude a la armonización y, a su vez, al fortalecimiento y positivización de la Jurisdicción Especial Indígena; es decir, que los pueblos puedan escribir e implementar sus propios códigos.

De acuerdo con el Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, los indígenas ven “con muy buenos ojos el hecho de que se haya creado esa comisión porque va a permitir una interlocución política del más alto nivel entre pueblos y sistema judicial”. En dialogo con El Espectador, Arias lamentó que a la mayoría de las reuniones de los indígenas con el Gobierno no haya asistido la ministra de justicia, Ruth Stella Correa. Pero resaltó que existe la voluntad política para llevar a buen final el proceso de armonización. “No es algo imposible”, aseguró al señalar que el Gobierno debería convocar a los indígenas para hablar con ellos sobre la propuesta de Estatuto Penitenciario y Carcelario que el Ministerio de Justicia presentará al Congreso de la República en marzo.

Para Arias lo ideal sería “que los mecanismos de coordinación sean expeditos, que no hayan procedimientos arbitrarios, que se reconozca a la Jurisdicción Especial Indígena”. En entrevista con este diario el presidente de la Sala Administrativa de esa corporación, magistrado Néstor Raúl Correa, explicó que en este proceso ha habido muy pocos problemas y que la idea es que se vayan estrechando los lazos entre indígenas y Gobierno. Se espera que el Ministerio de Justicia presente al Congreso de la República un proyecto de ley para reglamentar, por primera vez, el artículo 246.

Los ‘guardados’

Una de las problemáticas que se discutirán en el encuentro de mediados de febrero es la de los ‘guardados’. Como ‘guardados’ se les conoce a aquellos indígenas que son condenados por su comunidad pero que, por la falta de un centro de reclusión en sus pueblos, son recluidos en alguna de las 142 cárceles del país.

En unos derechos de petición que rondan por varias entidades del Estado, y que fueron conocidos por El Espectador, algunos ‘guardados’ de la cárcel San Isidro de Popayán se quejan de su situación. Dicen que en sus comunidades se les violó el debido proceso y cuestionan la capacidad de la Justicia Penal Indígena para procesar a alguien.

En uno de los documentos, por ejemplo, un indígena se queja de que en su comunidad lo condenaron a 54 años de prisión por el robo de una moto cuando en la Justicia Ordinaria este delito es sancionado con penas no superiores a los 16 años de cárcel.

Agrega que el vehículo, supuestamente, fue devuelto a su dueño y que a este se le dieron $2 millones como indemnización pero que, a pesar de ello, su pena no se redujo, de hecho cuando su comunidad lo entregó al Inpec le achacaron otros delitos: homicidio, tráfico, porte y fabricación de armas de fuego y falsedad. Crímenes que dice nunca ha cometido. "Me siento discriminado porque a pesar de pertenecer a la Jurisdicción Especial Indígena soy colombiano y como colombianos estamos regidos por la Constitución. Soy una persona y me duele que me traten como un objeto”, asegura.

La situación es tal que en octubre de 2012 los ‘guardados’ de la cárcel de San Isidro se declararon en huelga de hambre por el olvido en el que se encuentran y los abusos de la Jurisdicción Especial Indígena. Sin embargo, ese mismo mes se cooció un fallo de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la que dejaba claro que los indígenas no pueden renunciar a ser juzgados por la Jurisdicción Especial Indígena.

Se trata del fallo del 18 de octubre de 2012, en el que el alto tribunal decidió sobre un recurso que presentó un indígena para que lo juzgara la Justicia Ordinaria y no la de su comunidad. El Consejo Superior de la Judicatura estableció que no era posible que una persona eligiera por conveniencia a su propio juez, aún cuando el demandante aseguraba que su comunidad le había violado el derecho al debido proceso al no permitirle acudir a un abogado.

Sin embargo, de acuerdo con la corporación, en dicha comunidad a los acusados se les permitía fungir de abogados propios y que, por ello, la falta de un defensor, a la usanza de la Justicia Ordinaria, no era una violación a los Derechos Humanos. Por eso confirmó el fallo de la comunidad que condenó al indígena a 25 años de prisión y recordó, una vez más, que hay que respetar la Jurisdicción Especial Indígena.

Preguntado respecto a los ‘guardados’, el Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias aseguró que es curioso que a la Jurisdicción Especial Indígena la cuestionan por laxa y ahora la señalan de lo contrario.

Agregó que los reclusos de sus comunidades viven en las mismas condiciones que los demás y con los mismos beneficios. “Si hay una justicia garantista en Colombia es la justicia indígena. Claro que, igual, tiene sus dificultades y por eso hay que fortalecerla”.

Según Arias, se está avanzando en el fortalecimiento de centros de resocialización en las comunidades. Incluso el Ministerio de Justicia y el INPEC ya han hablado de construir seis colonias agrícolas en las que puedan permanecer recluidos campesinos e indígenas. “Necesitamos recoger nuestras comunidades indígenas y nuestras comunidades campesinas en colonias agrícolas (…) Enseñarles a trabajar, a sacar el mejor provecho de sus artesanías. E instruirlos para que puedan educar a sus compañeros en sus lenguas y sus dialectos”, aseguró en su momento el director del INPEC, general Gustavo Ricaurte.

Son muchos los casos en los que la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Ordinaria han estado en orillas separadas e, incluso, se han presentado conflictos entre ellas. Para el Ministerio de Justicia, las comunidades indígenas y el Consejo Superior de la Judicatura, la posibilidad de un encuentro y una armonización está a la vuelta de la esquina. El fin no es otro que buscar el camino hacia la justicia multicultural.

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