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Vivir 10 Dic 2012 - 11:35 pm

El proyecto cuesta $1 billón

Adiós a los boquetes del Dique

La obra de infraestructura se enfrenta a la ausencia del Minambiente, las advertencias de la academia para involucrar los corales de Islas del Rosario y las sugerencias de la Contraloría sobre fallas en la fase de prepliegos.

Por: Elespectador.com
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No alcanza a recuperarse el país por el impacto del fallo que le quitó a Colombia cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de aguas que rodean al archipiélago de San Andrés y un desastre de similar magnitud se asoma peligrosamente sobre la misma costa norte colombiana.

En esta ocasión, no se trata de sentencia alguna por parte de la Corte Internacional de Justicia, sino de una a la que la misma mano del hombre está llevando a la región de manera gradual pero sostenida y que demanda inmediatas acciones estatales: la protección de la cuenca del río Magdalena y, específicamente, de la zona aledaña al Canal del Dique, cuyo abordaje debe hacerse con criterio de integralidad e incluso hasta los arrecifes de corales de las islas del Rosario. 

Así se desprende de las inquietudes expresadas ayer por ambientalistas, organismos de control y líderes locales y regionales, durante el foro ‘Siguiendo Canal del Dique’ convocado por El Espectador, Semana,  Caracol, El Universal y The Nature Conservancy, entre otros, que se celebró en Cartagena.

En dicho encuentro se pasó revista al proceso emprendido desde 2010 con miras a buscar una solución definitiva para la problemática de los municipios ribereños del Magdalena que fueron arrasados por la temporada invernal a finales de ese año, cuando el Canal del Dique se rompió y las aguas se llevaron  lo que los labriegos de la región tenían.

A partir de entonces, el Ministerio de Ambiente ordenó retomar los estudios que desde los años 80 se habían realizado sobre la situación del canal y  estructuró una estrategia para resolver la problemática de los colombianos afectados por el invierno con énfasis en tres obras: las del jarillón del río Cauca en Cali, las de la subregión de La Mojana en Sucre y las del Dique.

Para este último proyecto, el Ejecutivo asignó $1,2 billones de los cuales cerca de $1 billón será específicamente para obras y los recursos restantes se invertirán en la fase inicial, que contempla la contratación de los diseños y para la cual se estableció un plazo de 25 meses.

Según el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, la concertación con autoridades locales y regionales, así como con los centros académicos especializados, hacen pensar que no será necesario esperar tanto tiempo para poder iniciar la construcción del proyecto. Sin embargo, Arrieta cree que las instancias nacionales encargadas de tomar las decisiones respecto a temas ambientales no han acompañado el proceso con la misma diligencia. En similar sentido se pronunció el exministro Manuel Rodríguez Becerra, quien recordó que dicha cartera se ha caracterizado por estar ausente en varios de los grandes debates que sobre  infraestructura y medio ambiente vive el país.

Reflexiones como las de Arrieta y Rodríguez llaman la atención sobre el que por el momento es el primer gran escollo que debe surtir la megaobra. Si el Ministerio de Ambiente no acompaña el proceso desde sus orígenes, es más posible que pueda objetarlo cuando la construcción se vaya a iniciar, retrasando así la solución que los colombianos esperan para la zona del canal. Dicha situación parece empezar a conjurarse con la llegada de Juan Gabriel Uribe a la cartera de Ambiente, pues ayer mismo se comunicó con los líderes asistentes al foro y les manifestó su intención de iniciar un proceso de acercamiento para buscar la solución que más le convenga al país.

Un segundo problema para el avance del proyecto fue conocido ayer cuando la Contraloría reveló sus objeciones al proceso. Según Jorge Cruz, contralor delegado para asuntos de Medio Ambiente, las preocupaciones del ente de control tienen que ver con supuestas falencias en cuanto a la solución del problema. Dice la Contraloría que no se ha pensado en una estrategia integral que atienda desde las necesidades de transporte por medio del río hasta la afectación social, económica y ambiental para los habitantes de la región. Aduce que tampoco se ha manejado de manera adecuada el tema de los santuarios y el área marina, que falta la valoración económica de los servicios ambientales y que no se ha hecho la articulación del proyecto con otros entes responsables.

Arrieta lamentó que esas observaciones surjan apenas ahora, cuatro meses después de definidas las condiciones para los prepliegos y sostiene que algunas de ellas ya fueron incluso corregidas. 

Pero al proyecto ayer mismo le apareció también una tercera consideración. La expuso Juan Darío Restrepo Ángel, investigador de la universidad EAFIT, al solicitar al Fondo de Adaptación y a los juristas que lideran la consultoría para el proyecto que se incluya el área de arrecifes coralinos de islas del Rosario como uno de los componentes del proyecto del Canal del Dique. ¿Por qué? Restrepo considera que los arrecifes son parte externa del Dique como sistema estuario técnicamente considerado (ver gráficos). Eso explicaría parcialmente porqué en sólo 30 años los corales dieron paso a algas y sustratos en las Islas del Rosario. Todo lo que pase en el canal afectan la zona de corales, que es parque natural y, por lo tanto, demanda estudios y monitoreo permanente para el cual Restrepo pidió apoyo. Más aún dijo que los problemas en el Canal del Dique son exclusivamente consecuencia del cambio climático, sino un efecto inmediato de la tala de árboles.

Tres desafíos con distinto origen para los cuales Gobierno, órganos de control, academia y la comunidad deben seguir buscando soluciones, con el fin de sacar adelante el proyecto y poner fin a un problema de vieja data del que el país parece sólo acordarse cuando llegan las lluvias.

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