Se hunde el paraíso

Foto: Luis Ángel

Pese a la gran cantidad de turistas, los ingresos de la población de San Andrés son muy bajos: alrededor del 33% apenas alcanza el salario mínimo.

Nada, absolutamente nada, ha logrado evitar la crisis de San Andrés. Ni sus sorprendentes paisajes, ni su declaración como Reserva de Biosfera por la Unesco, ni el fervor revivido en los colombianos por la intensa disputa con Nicaragua. Nada de eso ha servido. O, por lo menos, no para que la isla se libre de los problemas ambientales que la han agobiado año tras año.

La bonanza económica que ha vivido desde que en 1953 fuera declarada puerto libre por el gobierno de Rojas Pinilla, contrasta con la escasez de agua, el mal manejo de los desechos, el exceso de población, la erosión del 80% de las playas y la sobreexplotación pesquera. Y detrás de todos esos males hay otro, según el ecólogo Germán Márquez, aún mucho peor: “Un modelo de desarrollo precario en el que la isla es la única perdedora”.

Las cifras evidencian los motivos de esa afirmación: un desempleo que supera el 40% y unos niveles de pobreza que agobian al 66% de los habitantes.

Ellos, que en la década de los cincuenta apenas alcanzaban a ser 4.000 y hoy suman 60.000, han visto cómo su territorio es devorado por el paso arrollador del turismo. Según Johannie James, experta en temas de medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional, sede Caribe, casi 400.000 viajeros visitan el archipiélago al año.

Y aunque, sin duda, de estos visitantes depende gran parte de la economía de la población, los resultados ecológicos son nefastos. Silvina Pomare, magíster en medio ambiente, ha estudiado la problemática por largo tiempo y ha sido testigo del constante deterioro de San Andrés.

Según Pomare, el inadecuado manejo de los residuos sólidos es un inconveniente que no para de crecer. Hay terrenos baldíos, manglares y bordes costeros que se han convertido en rellenos sanitarios. Llantas, neveras, lavadoras y aires acondicionados son ahora los nuevos ocupantes costeros, y junto a ellos, una bahía que parece un cementerio de buques olvidados por narcotraficantes adorna el preciado mar de siete colores. Hay entre 15 y 20 embarcaciones oxidadas alrededor de la isla y el muelle está ocupado por dos barcos colosales.

A diferencia de éstos, que están encallados, hay otros activos que a su paso dejan enormes estelas de residuos. Y si no son los desperdicios que arriban a la playa, son las enormes cargas de peces que le roban al océano. En su mayoría se trata de navíos jamaiquinos y hondureños que, según cuenta Pomare, pescan en las cercanías al límite marítimo para dar celeridad a su escape. Por su culpa, especies como el caracol pala, que hizo parte de la gastronomía isleña, están en vía de extinción.

Si el panorama marino y costero es desalentador, los problemas al interior de la isla son agobiantes. “Hay sectores donde el agua llega una vez cada quince días y casi toda el área rural carece de alcantarillado”, dice Pomare.

Pero mientras gran parte de la población soporta la ausencia del líquido, mayormente extraído de acuíferos ante la inexistencia de ríos y fuentes naturales, los hoteles gozan de él. De acuerdo a la investigación de James, la cantidad de agua consumida por cada turista es casi dos veces mayor a la que utiliza un residente: 289 litros frente a 150.

Sumado a esto, “esa agua se les vende a los hoteles a un precio muy bajo y la energía que usan es subsidiada”, asegura Germán Márquez.

En San Andrés hay 32 hoteles que reciben diariamente un número aproximado de 1.450 turistas. De acuerdo al estudio de la profesora Johannie James, el 44% de ellos no tributa en la isla, porcentaje en el que se incluyen los de las redes más grandes: Decameron y On Vacation.

“Los ingresos están recayendo principalmente en los gastos que hacen los turistas, pero los hoteles, principales beneficiarios de los atractivos insulares, no están retribuyendo debidamente a los isleños los beneficios que obtienen de sus ganancias”, dice la experta en su investigación.

En el caso del impuesto a la renta, eso sucede por dos motivos. El primero, porque, como asegura Jorge Ramírez, director de asuntos legales de Hoteles Decameron, la declaración de renta la presentan en Cartagena, donde tienen la sede principal, tal como lo exige la ley. “La distribución de los tributos -explica- ya es cuestión del gobierno nacional”.

La segunda razón es que la Ley 788, expedida en el primer año del gobierno Uribe, permite que los hoteles nuevos y los que remodelen sus instalaciones en los siguientes 15 años no paguen renta durante tres décadas.

“Técnicamente es un error que la ley extendiera el beneficio a tantos años. En la tributación no se utilizan privilegios tan extensos. Además, el impuesto sobre la renta sólo llega a regiones a través de participaciones del Estado; entonces, en ese caso, la isla sencillamente no recibe ningún beneficio frente a lo que ellos están dando”, afirmó Horacio Ayala, ex director de la DIAN.

En suma, este paraíso caribeño, del que toda Colombia estará pendiente a finales de 2012, cuando se defina el litigio con Nicaragua, afronta, como dice el profesor Márquez, un problema muy sencillo, “uno de irremediable injusticia”.