El año de las protestas ambientales

/ Juan Manuel Hincapié Franco

Un día cualquiera los indígenas de la Sierra Nevada salen a decir que no permitirán la construcción de un hotel en el Parque Tayrona. Al día siguiente la protesta es de los habitantes de Garzón y Gigante, en Huila, en contra de la hidroeléctrica El Quimbo, y la misma semana los campesinos del suroeste de Antioquia salen a marchar para que las mineras no lleguen a sus pueblos. No es coincidencia: en varias zonas del país viene gestándose un fuerte movimiento social en contra de los grandes proyectos minero-energéticos, con banderas como la defensa del medio ambiente y el territorio.

Si bien las manifestaciones son la respuesta evidente a la lluvia de grandes proyectos que han empezado a plantearse en el país por cuenta del impulso que el Gobierno Nacional le ha dado a su llamada locomotora minero-energética, vale la pena indagar en qué radica el notorio escepticismo frente a estas iniciativas.

En análisis que hace Rafael Colmenares, director ejecutivo de Ecofondo y uno de los promotores del referendo por el agua en el país, señala que, por un lado, los megaproyectos son cada vez más agresivos con el medio ambiente y al mismo tiempo hay mayor organización social y mayor movilización. Eso sin contar con las posibilidades de las redes sociales en la difusión de las denuncias y de todo tipo de información.

Pero el asunto trasciende el ámbito local. Así lo confirma César Padilla, director del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (Ocmal), quien insiste en que se trata de un fenómeno regional que se repite en países como Perú, Chile y Bolivia.

Como lo ve Padilla, hoy hay mayor conciencia de la posibilidad de exigir derechos. “Las comunidades dudan de los proyectos mineros o energéticos, porque no les han cumplido lo que prometen” Para Padilla es claro que la serie de promesas no se ha visto reflejado en el desarrollo de las comunidades en las que operan las empresas. Por eso insiste en que “las organizaciones se han encargado de tomar decisiones frente a la implementación de proyectos, porque saben que son pocos los beneficios para las poblaciones”.

Sin embargo, otra es la lectura que hace Eduardo Junguito, director de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, Ministerio de Minas y Energía. “De estos proyectos depende un sinnúmero de empleos, lo que pasa es que esta gente, que es la mayoría y que no hace escándalo, se manifiesta de manera silenciosa, cumpliendo con su trabajo”. Para Junguito, mientras algunos protestan, otros esperan que se concreten los proyectos para asegurar su sustento.

Aunque son varias las lecturas de la situación, lo cierto es que las luchas ambientales están creciendo y el mensaje al Gobierno Nacional es que no están conformes con los proyectos. El Espectador retomó las movilizaciones más representativas del año.

Marmato se niega al desplazamiento

El pulso entre los pobladores del municipio de Marmato y la empresa Gran Colombia Gold se mantuvo durante 2012. Así como en años anteriores, los marmateños se rehusaron a dejar sus casas, pese a que según los planes del Gobierno Nacional, el pueblo tendría que estar reubicado este año, pues se encuentra en zona de alto riesgo.

Los marmateños, herederos de la minería artesanal, no dudan de que su reubicación está relacionada con los planes de la empresa Gran Colombia Gold, que busca hacer minería a cielo abierto en la zona. La suya es una pelea por el territorio y el trabajo, como lo dijo a este diario, Angélica Ortíz, una de las líderes de la comunidad. Durante la etapa de exploración, ya se encontró que en la zona hay 11,8 millones de onzas de oro y 90 millones de onzas de plata.

Las protestas en contra de El Quimbo

A comienzos del año, la comunidad afectada por la Hidroeléctrica El Quimbo le hizo saber a todo el país su malestar frente al proyecto que inició en febrero de 2011. Desde el 3 de enero, y durante 18 días, varios manifestantes bloquearon las obras para impedir el acceso a trabajadores y equipos, con el fin de que se realizara una audiencia pública ambiental. Desde entonces, el tire y afloje entre la comunidad y la empresa Emgesa no ha cesado. Tanto así que el proyecto, que busca generar 2.216 gigavatios por hora, sólo ha avanzado en un 30%. Miller Dussán, líder de Asoquimbo, dice que pese a que los planes de la empresa están marchando, la movilización social de los afectados de los municipios de Gigante, Garzón, Altamira, El Agrado, Tesalia y Paicol ha dado resultados: la Contraloría advirtió que hay irregularidades en el censo de afectados y en la licencia ambiental. Además, que la empresa habría causado un detrimento patrimonial superior a los $350.000 millones, debido a los daños sociales, ambientales y económicos generados con la intervención. Sumado a esto, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia multó con $250 millones a Emgesa, por los daños ocasionados a piezas arqueológicas.

La pugna por el oro de Santurbán

La fuerte resistencia social en contra de la explotación minera en el páramo de Santurbán en 2011 tuvo mucho que ver en la decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de negarle la licencia ambiental a Greystar Resources Ltda (Hoy EcoGold) para extraer oro en la mina Angostura. De lo contrario, este año habrían empezado las labores de extracción. La riqueza en oro ha convertido el páramo, que surte de agua a 2,2 millones de personas en uno de los más apetecidos por las empresas mineras.

Pese a que el proyecto de Greystar no prosperó, la misma empresa, que ahora se llama Eco Gold, junto con otras mineras, tienen varios títulos en la zona: en los municipios santandereanos de Vetas y California han sido concedidos 144 títulos mineros.

Por eso los opositores de la minería en este ecosistema no han bajado la guardia y a esta hora tienen los ojos puestos en el proceso de declaratoria del Parque Regional Natural Santurbán, para que no quede por fuera ninguna zona de páramo y esté a la deriva de la minería.

La represa de Hidroituango

Este año el proyecto Hidroituango, uno de los más importantes del país, estuvo en el ojo del huracán por varios motivos. Por un lado, la licitación para las obras principales desató una fuerte polémica y terminó en la lupa de la Procuraduría. Por el otro, los afectados por el proyecto, que se adelanta en el norte de Antioquia, hicieron varias manifestaciones y bloqueos exigiendo que se suspenda la obra. Aunque sólo se ha avanzado en la construcción de vías de acceso a la zona en la que se construirá la represa y algunos túneles por donde se desviará el río Cauca, que inundará 4.200 hectáreas, los campesinos temen que la empresa no repare los daños generados por el proyecto. En seis años se tendrán que entregar las principales obras del proyecto, que generará 2.400 megavatios.

La defensa del río Ranchería

Uno de los símbolos de las luchas en contra de los megaproyectos en el año fue la que emprendieron los guajiros y varios sectores del país en contra de la desviación del río Ranchería en la Guajira. Los primeros días de noviembre, El Cerrejón anunció que por el momento no desviaría el cauce del río Ranchería 26 kilómetros. Aunque la intervención buscaba ampliar la extracción de carbón en la zona, teniendo en cuenta que debajo del río se esconden alrededor de 500 millones de toneladas del mineral, los directivas de la empresa aseguraron que la caída de los precios del carbón en el mundo, era el motivo para aplazar la obra. Sin embargo, más allá de la fluctuación de los precios, no se puede negar que fue la presión social, que se mantuvo durante todo el año, la razón de mayor peso para evitar el cambio del curso del río. Las múltiples denuncias por los riesgos que corrían en la zona llegaron no sólo al Senado, sino también a la lupa de la Contraloría que encontró irregularidades en el proceso de consulta previa. Fue tanto el rechazo que el propio ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, reconoció que “la fuerte oposición que he visto por parte del Congreso y de algunas comunidades me hace pensar que el proyecto no parece viable”.