La isla que reclaman los afro

“Somos unas 725 personas las que desde el año 2000 hemos venido dando una lucha de frente, de fondo, por nuestro territorio”. Así comienza la conversación Éver de la Rosa, representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Caserío Orika, en Islas del Rosario. Al otro lado del teléfono se escucha complacido.

Luego de 13 años de trabajar para organizarse, y de ocho de librar una pelea jurídica que incluyó tutelas, derechos de petición y apelaciones, su llamado por fin es atendido por la Corte Constitucional, que le ordenó al Incoder suspender “los contratos de arrendamiento, renovación, prórroga o adición” en los predios que comprenden las Islas del Rosario (Bolívar), hasta establecer si es posible adjudicar parte de este territorio en forma colectiva a las comunidades negras que lo habitan.

El caserío Orika está ubicado en la Isla Grande. Parte de ese territorio es el que Éver de la Rosa y los otros habitantes están reclamando como suyo; el mismo que comparten con el Hotel San Pedro de Majagua; el exconcejal, exalcalde de Cartagena y exviceministro de Desarrollo Enrique Zurek, el exministro de Medio Ambiente (en la era Samper) José Vicente Mogollón, el Hotel Cocoliso y el empresario de turismo José Roberto Fuentes.

De la Rosa cuenta que la necesidad de que esos territorios fueran titulados a su nombre nació en 1999, cuando la Procuraduría le ordenó al Incora (hoy Incoder) desalojar y recuperar los predios de Islas del Rosario que se encontraban ocupados por particulares. En 1984 esa misma institución había declarado que estas islas eran tierras baldías y por lo tanto propiedad de la Nación.

El miedo a ser desalojados los llevó a unirse. A conformar un consejo comunitario. Y, en 2006, a hacer una solicitud de titulación colectiva argumentando que los terrenos que habitaban habían sido ocupados “ancestralmente por la comunidad negra de las Islas del Rosario”. La solicitud no prosperó en el Incoder (que se mantiene en que estos predios “tienen el carácter de inadjudicables”) y tras una larga pugna judicial llegó a la Corte Constitucional.

En todas sus negativas el Incoder ha argumentado que existe una “controversia sobre la antigüedad de los asentamientos humanos de comunidades negras” en estas islas. Otra realidad es la que ha encontrado el Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional, que señala que los pobladores de estas islas tienen una relación “antigua y muy estrecha” con los de la actual isla de Barú.

Según ellos, “al menos desde las épocas de la colonia española”, los habitantes de Barú desarrollaban actividades agrícolas en varias de las islas que hoy conforman el archipiélago del Rosario, pero que la falta de agua y las condiciones agrestes los llevaron a elegir a Barú como sitio de residencia permanente. La misma teoría comparte el antropólogo Carlos Durán Bernal, quien ha señalado que “el poblado de Barú debe ser visto como el casco urbano y el resto de la península y sus islas, como la periferia agrícola”.

Ante el llamado de la Corte, el Incoder, en palabras de su subgerente de tierras, Jhenifer Mojica, aseguró que “hay que recordar que las Islas del Rosario son inadjudicables y esto también implica que no es fácil titularlas de manera colectiva. Así que tendremos que buscar la solución a todos estos temas (ver entrevista adjunta)”. Además, aseguraron que se estaban revisando las condiciones establecidas en los contratos para los arrendatarios porque “son muy blandas”. También queda abierta la pregunta sobre si se ha desconocido el derecho a la consulta previa.