¿En vilo concesión en el Tayrona?

Hasta 2015 va la concesión de los servicios turísticos en el Tayrona. / Semana

Por estos días, justo cuando los reflectores están puestos en el Parque Nacional Tayrona por los intentos de Arrecifes S.A. y la multinacional hotelera Six Senses de obtener la luz verde para un proyecto turístico en la zona protegida y, sin duda, por la cuestionada licencia ambiental otorgada al proyecto Los Ciruelos, ubicado también en el parque, una nueva polémica sale a la luz pública. Se trata de una tutela instaurada por la presidenta del Polo Democrático, Clara López, y la Fundación Misión Colombia en contra de Parques Nacionales a propósito de la concesión entregada en 2005 a la Unión Temporal Concesión Tayrona.

La demanda, que ya fue admitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, busca que dicha concesión para el préstamo de los servicios ecoturísticos, la dotación, el mantenimiento y la construcción de la infraestructura física del parque, quede sin ningún efecto.

Los motivos en los que se basa la petición se resumen en que Parques Nacionales no hizo la consulta previa con las comunidades indígenas kogui, arhuaca, wiwa y kankuama, antes de entregar la concesión. El documento recalca que “las comunidades indígenas de la zona no fueron tenidas en cuenta, como si no existieran”. Aunque no hay un resguardo como tal, en el Parque Tayrona viven actualmente alrededor de 6.000 familias, y cerca de 40.000 indígenas de las cuatro etnias llegan a lo largo del año al lugar para hacer diferentes rituales, lo que explica por qué debían opinar al respecto, como señala el abogado Alejandro Arias, quien también participó en la demanda. Según el Decreto 2164 de 1995, los sitios en los que las comunidades realizan actividades sociales, económicas y culturales también son consideradas como territorios indígenas.

La historia de la concesión

En la década de los 80 el Gobierno construyó 14 pequeñas cabañas (ecohabs) en la zona de Cañaveral del parque, en donde se alojaron los turistas, pagándole directamente al Estado hasta 2005. Ese año, el Gobierno decidió entregar en concesión los servicios turísticos (incluida una zona de playa, comedores, algunos senderos y la taquilla) y la Unión Temporal Concesión Tayrona —cuyo socio mayoritario es Aviatur— se quedó con el contrato.

Esa es precisamente la acción para la que se debió tener en cuenta a los indígenas, debido a que “se daba paso a la explotación comercial del parque”, como explica Arias. En temporada alta, al Tayrona pueden entrar más de 5.000 turistas por día, y en los últimos seis años esta concesión ha representado para Parques Nacionales ingresos por casi $6.300 millones. De hecho, como lo publicó El Espectador en octubre de 2012, es la única concesión rentable para sus administradores. En Gorgona, Amacayacu y Nevados, los concesionarios le han pedido a Parques Nacionales cancelar los contratos, aduciendo constantes pérdidas.

Aunque el contrato del Tayrona va hasta julio de 2015, el alto tribunal tendrá que analizar si lo deja sin efecto, como se pide en la demanda. Al cierre de esta edición, Parques Nacionales analizaba la información que tendrá que entregarle al tribunal el próximo lunes para que proceda a revisar si se faltó a la ley. Su directora, Julia Miranda, prefiere no pronunciarse hasta entonces. En el Ministerio del Interior también estudian la información.

Quien sí se expresó fue el presidente del grupo Aviatur, Jean Claude Bessudo, insistiendo en que nunca han desconocido los derechos de los indígenas y que éstos no tienen restricciones para circular por el área concesionada: “No pagan derechos de ingreso al Parque y son siempre bienvenidos”.

El Espectador consultó a expertos en derecho ambiental que coincidieron en que era necesario hacer la consulta. Gloria Amparo Rodríguez, directora de la especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, lo explica así: “Cualquier tipo de decisión administrativa o legislativa que afecte directamente a los pueblos indígenas y sus territorios tiene que ser consultada, y ésta era una decisión administrativa”.

Al final de cuentas, será la justicia administrativa la que determine si se violó o no la ley. Al respecto, Bessudo no parece muy preocupado: “Respetamos la tutela y acataremos cualquier decisión. Si tenemos que devolver la concesión, lo vamos a hacer”. Pero en juego está nada más y nada menos que la concesión en parques más rentable para Aviatur.