El Macizo Colombiano se moviliza

Los campesinos se reunieron en 15 de febrero en Almaguer. / Edinson Bolaños

Almaguer ya no es lo que fue en la época de la Colonia: la capital del Gran Cauca. Está incrustado en el corazón del Macizo Colombiano, y es uno de los municipios más pobres del Cauca y de Colombia. Según el censo del DANE de 2005, el 88% de la población vive con necesidades básicas insatisfechas. A pesar de ello, está sentado en el oro que quedó escondido en las montañas de las veredas Jordan, Buenavista, Riñonada y El Tambo, las mismas que hoy están concesionadas a la multinacional Anglo Gold Ashanti y por las que el Macizo Colombiano se movilizó en días pasados en el tercer foro minero en defensa de la vida, el territorio y el medio ambiente

Quizá, que esta región haya sido declarada por la UNESCO como reserva de la biósfera, sirva como pretexto para acuñar lo que dijo un concejal de Almaguer y definir lo que es el Macizo Colombiano: “Somos unidad perfecta de tierra y hombre”. Y lo expresó delante de miles de campesinos que el viernes 15 de febrero de este año se aglutinaron en la concha acústica de Almaguer para decirle al gobierno colombiano: “No a la minería. Sí a la vida digna y al medio ambiente”.

De pronto muchos no los escucharon, porque de todas las instituciones que convocaron, tan solo asistieron la Corporación Autónoma del Cauca (CRC), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Agraria. Y brillaron por su ausencia, el Incoder y Parques Nacionales argumentando que nada tienen que ver con el tema de los títulos mineros. Sin embargo, tampoco apareció la responsable: la Agencia Nacional Minera.

Pero, de cualquier forma lo gritaron y el foro se hizo. Con este ya son tres y se han realizado en distintos pueblos del Macizo Colombiano. El primero fue en el municipio de Santa Rosa, la Bota Caucana, y el rechazo a la minería transnacional fue total. Luego en el municipio de Bolívar, y desde entonces la alcaldesa Yolanda Meneses, lidera la oposición a la minería a gran escala. Y esta vez fue en Almaguer en donde el alcalde Franco Hoyos, dijo que impulsaría la movilización, si era necesario, para evitar que la locomotora minera llegue a su municipio.

La organización social que está impulsando estos foros, es el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). Uno de sus líderes es Guido Rivera, y ha recorrido cada una de las veredas de los pueblos del Macizo invitando a los campesinos a estos encuentros y a la movilización. “El próximo será en otro municipio y al final realizaremos un gran foro regional en el que invitaremos al Gobierno Nacional en pleno para debatirle por qué la política minera es lesiva para nosotros los campesinos”, dice el líder del CIMA.

En resumidas cuentas es por algo: Según el concejal Albeiro Galindez, en Almaguer hay siete títulos mineros que abarcan una extensión de 1.732 hectáreas. De esos, seis son de la Anglo Gold Ashanti y uno de la Palma SOM. Sin embargo, lo más preocupante para esta comunidad es que existen 18 solicitudes de concesión con una extensión de 15.940 hectáreas que equivalen al 50% del territorio almaguereño. “Queremos resaltar que el 95% de las bocatomas que abastecen de agua nuestro municipio están en las zonas tituladas o solicitadas por multinacionales”, dice el edil.

La pregunta que hoy inquieta a los pobladores del Macizo Colombiano es una sola: ¿cómo van a hacer los campesinos para proteger la reserva de la biósfera, si a diferencia de los indígenas y afrodescendientes no tienen un derecho que los ampare como el de la consulta previa? La respuesta de ellos es muy sencilla y toma fuerza en estos encuentros: Movilización. Esa misma que en 1999 paralizó la vía Panamericana durante 26 días. Esa vez un cordón humano con más de 40 mil campesinos taponó la carretera entre los municipios de Rosas y Patía, para exigirle al gobierno colombiano negociar con ellos por un solo motivo: abandono del Estado.

La respuesta del gobierno nacional aún es precaria, pues ni siquiera las comunidades indígenas que también participaron del foro, se sienten protegidas con el derecho a la consulta previa que, según ellos, la realizan las propias multinacionales como pasó en el municipio de La Sierra, Cauca, en 2011 cuando Carboandes llegó a dividir la comunidad, pero no lo logró: “En nuestros territorios no vamos a ningún tipo de consulta previa. Nuestra respuesta es oposición total a la minería”, expresó Olinto Masabuel, líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Según datos que la Agencia Nacional Minera les entregó a los indígenas del Cauca el año pasado, 250 títulos mineros están concesionados en el departamento a multinacionales y particulares, de los cuales 110 tienen licencia ambiental, pero no la consulta de las comunidades étnicas. “Muchos de esos están en territorios indígenas y afrodescendientes”, dijo el líder del CRIC, cuestionando al Ministerio del Medio Ambiente quien no les ha respondido qué pasó con el soporte técnico de la consulta que deben tener estos títulos que están listos para explotar minerales.

En total, son más de un millones setenta y cinco mil hectáreas las que están disponibles para explotación minera en el Cauca, es decir el 35% del departamento, el cual, según el subdirector de patrimonio de la Corporación Autónoma del Cauca, Alfonso Melo, está quedando desprotegido con la restructuración de las CAR. “¿Será que es necesario que desaparezca la CRC para que no haya quien defienda a los colombianos de estas regiones?”, preguntó el funcionario airadamente durante su intervención en el foro y luego les dijo a los campesinos que para la corporación es cada vez más difícil enfrentar este tipo de locomotoras porque han perdido su autonomía.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo del Cauca, Víctor Meléndez, también apoyó a los campesinos del Macizo y los invitó a que persistan en la exigencia del respeto a la vida, el territorio y el medio ambiente. “Si al extraer de las entrañas de la tierra esos elementos que hoy tienen algún valor y de pronto mañana no valgan nada, pudiéramos llenar las entrañas de caucanos que están vacías y crujiendo del hambre, podríamos pensar en cambiar esa negativa que hemos expresado hoy, pero lo que realmente tenemos seguro es que los perjuicios son para la comunidad y los beneficios para personas externas a ella”, sentenció el Defensor del Pueblo.

Así las cosas, los campesinos del Macizo Colombiano siguen fortaleciendo la asamblea permanente que declararon en este foro. Siguen marcando su Macizo con letreros que dicen: “territorio libre de minería”, y siguen esperando que la ley 1382 (reforma al código minero 685 de 2001, demandada por inconstitucionalidad) sea consultada y concertada entre el Ministerio de Minas y Energia con las comunidades étnicas, antes de que venza el plazo y siga en vigencia la normatividad de 2001, que desprotege los páramos y las zonas de reserva.