"Universidades deben abrirse a la diversidad"

Los salones de clase se quedaron pequeños. Estudiantes con discapacidad, LGBTI, afros e indígenas denuncian discriminación en el sistema educativo.

Menos del 1% de los discapacitados colombianos acceden a la educación superior. / 123rf
Menos del 1% de los discapacitados colombianos acceden a la educación superior. / 123rf

Terminar la universidad no es tarea fácil, pero para quienes no pueden ver, escuchar o sufren alteraciones motoras recibir el diploma requiere aún más esfuerzo.

Jazmín Bejarano cursa octavo semestre de pedagogía infantil en la Corporación Universitaria Iberoamericana. En la noche estudia, en el día trabaja y el tiempo le alcanza para hacer labor social con mujeres embarazadas. Ser ciega no ha sido un obstáculo para terminar su carrera —desde pequeña aprendió a utilizar el sistema Braille y ahora existe más de un software gratuito que lee en voz alta—; sin embargo, la indiferencia del sistema educativo con los discapacitados es la que le pone trabas.

Según ella, los beneficios que le da la ley “están muy bonitos en el papel, pero en la realidad no hay inclusión”: hubiera querido estudiar en una universidad pública, en donde recibiría tecnología especial para el aprendizaje de invidentes y no tendría que pagar ni un peso, pero su formación del colegio fue insuficiente para pasar el examen de la Pedagógica, que no tiene cupos especiales para esta población. Aunque tiene crédito educativo con Icetex, nunca recibe la información a tiempo y varias veces se ha quedado sin clases al inicio del semestre, mientras los desplazamientos de su casa a la universidad son un problema.

Dyain Loraine Pico es sorda y vive en condiciones similares. Desde muy pequeña empezó su proceso de aprendizaje para niños con esta discapacidad, y así logró graduarse, pero cuando entró a la universidad la situación fue bien distinta: sus profesores y compañeros no conocían el lenguaje de señas, tuvo que empezar a trabajar en las mañanas para pagar un intérprete de nivel profesional, el rendimiento no era el mejor porque los términos académicos no se entienden tan fácil y en las clases donde era obligatorio participar, pese a que tenía la voluntad de hacerlo, comunicarse era difícil y pasaba por mediocre. “Como no saben comunicarse con nosotros, los profesores dejan de prestarnos atención y se quitan la responsabilidad. No tienen estrategias para los sordos y las clases son diseñadas para los oyentes”, expresa.

Hace 20 años, para Carlos Alberto Parra, director del grupo de investigación en derechos humanos de la Universidad Sergio Arboleda, tampoco fue fácil pasar por una facultad de jurisprudencia siendo ciego. En ese entonces, cuenta, “la educación para los invidentes era muy informal”: los exámenes se presentaban como una charla con el profesor y las técnicas de aprendizaje resultaban de la intuición, “era una persona discapacitada luchando contra el sistema educativo, sin metodologías”.

Aunque según él el modelo educativo para las personas discapacitadas ha ido avanzando: “Ya hay un problema detectado y el Ministerio de Educación está ajustando su política pública para cubrir esas necesidades”, falta que las universidades sean más conscientes de esto y que entidades como Colciencias y el Consejo Nacional de Acreditación tengan criterios especiales para personas como él. “Nos quieren recibir, pero no tienen cómo adecuarse a nuestras necesidades. Todavía quedan vestigios de la exclusión social que hemos sufrido”, manifiesta.

Este panorama empeora teniendo en cuenta que, según el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, sólo el 2% del 1’300.000 ciegos de Colombia tienen acceso al mundo digital, indispensable para culminar exitosamente la universidad.

La situación se refleja en otra alarmante cifra del DANE: menos del 1% de la población en situación de discapacidad ingresa a la educación superior y apenas el 0,1% ha cursado posgrados.

Es evidente entonces que su nivel educativo es mucho menor que el del resto de la población, en parte “porque no hay una política pública en ejecución que garantice la inclusión de este grupo al sistema educativo”, como dice una sentencia de la Corte Constitucional de 2011.

Al respecto, Lucía Sánchez, coordinadora del grupo Ampliación Educativa del Ministerio de Educación, afirma que “si bien es cierto que la universidad puede migrar hacia una nueva apuesta de apropiarse de un sistema educativo basado en la diversidad”, el Ministerio tiene un programa de becas 100% condonables para discapacitados, acaba de cerrar una convocatoria para todas las universidades que quieran recibir asistencia sobre el tema y pronto lanzarán un índice de educación superior inclusiva.

Sin embargo, en la práctica, los salones de clase de las universidades colombianas siguen siendo pequeños para tanta diversidad. Durante un foro en la Universidad Manuela Beltrán, estudiantes con discapacidad, LGBTI, mujeres, indígenas y afrodescendientes manifestaron sentirse discriminados por el sistema educativo.

Karina Camacho, socióloga y asesora de la Secretaría de Educación de Bogotá en la implementación de la Política Pública para la Garantía Plena de Derechos de las personas LGBTI, cuenta que los transgeneristas, por ejemplo, prefieren esperar a graduarse para revelar su tendencia sexual. Cómo no hacerlo si, según datos del Distrito, tan sólo en Bogotá, el 83% han sido discriminados por el sistema educativo y, dice Camacho, esto los hace más vulnerables a vivir en la pobreza por las dificultades que tendrán después para encontrar un empleo.

La investigación de Karina también ha apuntado a que el rechazo hacia la población LGBTI afecta su capacidad de aprender e interactuar, genera conductas suicidas, bajo rendimiento académico y muy pocas posibilidades de destacarse. “El proyecto de vida y la desesperanza frente a la vinculación laboral permiten también que muchas de estas personas prefieran no ingresar a la educación superior o que su permanencia quede en veremos”, concluye.

Minorías étnicas, como los indígenas, también sufren por la discriminación en las aulas universitarias, empezando porque, según Ruth Consuelo Chaparro, Mujer Cafam en 2011 por sus proyectos de educación con indígenas en la región amazónica, “se les prohíbe que hablen sus lenguas”. Así ocurrió con ella mientras estudiaba comunicación social: “Era prerrequisito el inglés como segunda lengua, pero yo pedí que me valieran la lengua sicuana y me respondieron que no, porque se necesitaba un idioma moderno”.

De acuerdo con Chaparro, hay muchos caminos hacia la inclusión educativa. El primero, que las universidades incluyan en sus currículos, “de manera amplia y suficiente”, todos los contenidos y métodos requeridos para formar a un colombiano que pueda vivir en la diversidad, “en todas las áreas, en todas las carreras y en todos los semestres, no sólo en una cátedra donde den una induccioncita. Las universidades deben abrirse a la diversidad”.