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Vivir 3 Mar 2013 - 12:18 am

Proyecto será presentado al Congreso este mes

Cara a cara entre el minsalud y los gremios

Pacientes, médicos, voceros de clínicas y hospitales y EPS le plantearon al ministro Alejandro Gaviria sus dudas sobre la reforma.

Por: Redacción Vivir
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El minsalud Alejandro Gaviria socializó esta semana el proyecto de reforma a la salud, que ha despertado un sinnúmero de inquietudes. / Luis Ángel

NÉSTOR ÁLVAREZ, vocero de los pacientes de alto costo

¿Por qué la reforma no plantea un acceso de salud para todos los colombianos indiferente de la capacidad de pago. Por ejemplo, ¿dónde queda este derecho para las personas que son independientes, se les acaba el empleo y se quedan sin seguridad social, pero no son suficientemente pobres para que el Gobierno les subsidie el servicio?

La reforma plantea el acceso a los servicios de salud en condiciones de equidad. La Sentencia T760 señaló, de manera reiterada, que la capacidad de pago debe tenerse en cuenta en la definición del derecho. Este tema no es abordado directamente por la reforma. Pero sí podría ser tenido en cuenta en la reglamentación de los recobros que debemos completar antes de abril por mandato de la misma Corte Constitucional.

¿Por qué en lugar de la reforma ir orientada a las personas indiferente del estrato, la están orientando para incentivar la medicina prepagada? ¿Por qué no se habla de los determinantes de salud (prevención y riesgo), sino de agrandar el negocio de los privados?

Hoy los ciudadanos que compran planes voluntarios pagan dos veces por el cubrimiento. La reforma plantea eliminar esta característica odiosa. Con la reforma, quienes desean adquirir un seguro voluntario podrán “trastear” la UPC (Unidad de Pago por Capitación, que es el valor anual que el Gobierno le reconoce a las EPS por cada uno de los afiliados y hoy está en un poco más de $500 mil) para pagar por una parte de la prima. Repito: la reforma no busca agrandar el negocio de los privados. Busca lo contrario: evitar que los ciudadanos paguen dos veces por lo mismo (a los privados). De otro lado, la reforma define un modelo de atención básica que enfatiza, precisamente, la promoción y la prevención.

Usted dice que se acabará el No POS, que todo lo que las personas necesitan quedará cubierto en un plan de beneficios ampliado excepto lo que esté en la lista negativa. ¿Qué va a pasar con lo que no quede en el plan de beneficios ampliado, pero tampoco esté incluido en la lista negra?

La reforma plantea un plan integral de beneficios que busca reducir el No POS (medicamentos y procedimientos que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud), esto es ampliar el universo de lo cubierto. Algo quedará por fuera, como ocurre en todos los países del mundo. El 50% de los recobros No POS han beneficiado al 20% más rico y los abusos han sido generalizados por parte de todo el mundo: EPS, IPS, farmacéuticas, médicos y asociaciones de pacientes.

SERGIO ISAZA,presidente de la Federación Médica Colombiana

¿De qué manera quedaría incluida en la ley la obligación de los resultados periódicos de indicadores en salud y con qué indicadores de salud contaría el sistema?

Somos conscientes de la necesidad de fortalecer los indicadores en salud y los sistemas de información. Una de las ventajas del Fondo Único que proponemos es que generará una gran cantidad de información sobre la prestación de servicios y las condiciones de salud.

¿Dónde y cómo quedaría incluida en la nueva reforma la situación laboral y de actualización en conocimientos de todo el personal profesional, técnico y auxiliar del sistema de salud, teniendo en cuenta que esta condición es sine qua non para garantizar la calidad de la atención y la seguridad de las personas atendidas?

La reforma sentará las bases para la formalización de los trabajadores de la salud en los hospitales públicos. En la versión actual, no existe un capítulo de talento humano (no podemos abordar todos los temas). Sin embargo, estamos abiertos a propuestas en ese sentido.

No hemos encontrado en las declaraciones que la sociedad civil haga parte, a través de sus estructuras representativas, de la dirección del centro único de recaudo (Mi-salud), ni encontramos claro cómo será la articulación de éste con los organismos de control del Estado para blindarlo contra los cacicazgos políticos.

El Fondo Único será vigilado por la Superintendencia Financiera y tendrá todos los controles posibles. Su junta directiva tendrá miembros independientes y podrá incluir a representantes de la sociedad civil.

¿Por qué persisten en mantener como articuladores a intermediarios con posibilidad de integración vertical en el régimen subsidiado, cuando los articuladores naturales de los servicios de salud son las instituciones prestadoras (hospitales y clínicas)?

Entre las funciones del gestor está la auditoría de los servicios de salud. Por lo tanto, conviene separar la gestión de la prestación. De lo contrario, los hospitales y clínicas se auditarían a sí mismos. Las secretarías de Salud, en el régimen subsidiado, sí podrían cumplir este papel.

JUAN CARLOS GIRALDO, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas

Una transición de dos años, como ustedes la plantean, es muy larga. ¿Cuál es el plan para evitar que en este tiempo no se acaben de deteriorar las cosas y al final sea simplemente un período de interinidad?

En el corto plazo seguiremos lidiando con los problemas de la coyuntura. En las próximas semanas, por ejemplo, vamos a pagar directamente a los prestadores un monto sustancial de los recobros al Fosyga. Además, estamos estudiando, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, una serie de medidas para aliviar la crisis financiera del sector. La reforma no implica que vayamos a descuidar los problemas del presente.

En la situación actual hay enormes deudas de los aseguradores y otras entidades, y es posible que algunos se liquiden o se retiren del sistema. ¿El Estado va a responder por todas esas deudas? Para nosotros, el Estado es corresponsable de esta situación por su falta de vigilancia y control.

Este es un tema complejo que tendremos que discutir en el Congreso. La responsabilidad es compartida, no sólo recae sobre el Estado. La tesis plantea un argumento polémico: que el Estado, por supuesta fallas de control, es el responsable último de todas las deudas privadas. Llevada a un extremo, esta tesis implicaría que muchas de las pérdidas del sector privado tendrían que socializarse.

Ustedes plantean que se acabe la intermediación financiera, pero no entendemos cómo va a funcionar eso si las administradoras o gestoras van a seguir recibiendo la UPC y se les permite que hagan márgenes (les quedará parte de ese dinero de acuerdo al manejo que hagan de la UPC).

Decimos que se va a acabar la intermediación financiera porque los gestores no manejarán la plata, no tendrán rendimientos financieros ni incentivos de atesoramiento de la liquidez. Estamos definiendo los mecanismos de paga a los gestores. Creemos que deben asumir algún riesgo. Si no, será muy difícil garantizar la sostenibilidad.

Creemos que el sistema va a empezar mal si no se desmonta del todo la intervención vertical. Con esta reforma se les da más oportunidad a las empresas para que amplíen su integración vertical.

Pensamos que la integración de la atención básica puede ser importante, en algunos casos, para garantizar una adecuada gestión del riesgo. Así lo reconocen muchos estudios. Entendemos que el tema es polémico. Estamos dispuestos a discutirlo de manera general, no sólo desde la perspectiva de los hospitales.

JAIME ARIAS, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi)

Sabemos que lo más difícil serán los dos o tres años de transición. ¿Cuáles son las principales dificultades que ve en ese proceso?

Hay tres dificultades principales. Una, el montaje de la operación del Fondo Único. Dos, el manejo de las deudas de las actuales EPS. Y tres, la puesta en práctica del nuevo modelo en zonas especiales o rurales dispersas.

¿Usted cree que ese fondo tan gigante (Mi-salud) puede ser manejado con eficacia por el Estado?

Sí creo. La experiencia de un fondo virtual como el Fosyga, que delegó buena parte de sus funciones a un administrador fiduciario, no fue precisamente exitosa. Además, el Estado ya ha asumido algunas de las funciones que tendrá el Fondo; en el régimen subsidiado, por ejemplo, buena parte de los recursos ya se giran directamente a los hospitales.

¿Por qué finalmente coincidió el Gobierno con la propuesta que había presentado el Polo Democrático para reformar la salud (la que presentaron es casi la misma propuesta del Polo)? ¿A qué se debe que coincidieran estos dos extremos?

Algunos miembros del Polo han dicho que la reforma es decorativa. Sea lo que sea, la refutación por asociación me parece un argumento muy pobre.

¿Cree que con la situación financiera tan difícil del sector habrá empresas que se presenten en las regiones, cuando hoy más bien muchas de éstas están saliendo o ya se han retirado?

No todas se han retirado. La situación cambió con el aumento de la UPC del régimen subsidiado. Celebramos, por ejemplo, la creación de la EPS mixta en Antioquia, que podrá fácilmente adaptarse a las nuevas reglas.

¿Cómo va a blindar este modelo de las fuerzas políticas regionales?

Los mandatarios locales están expuestos al menos al escrutinio público. En la situación actual algunos de los caciques regionales están en el mejor de los mundos: manejan la plata de la salud sin tener que rendirle cuentas a nadie.

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