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Vivir 23 Ene 2013 - 10:00 pm

Una amenaza a la biodiversidad

La carretera que dividirá la Amazonia boliviana

Grupos indígenas sostienen que proceso de consulta previa para la construcción de vía en el Parque Nacional Isiboro Sécure fue irregular. Gobierno defiende trámite.

Por: Mariana Escobar Roldán
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Indígenas protestan en Bolivia por la construcción de una carretera en el corazón de la Amazonia. / Szimon Kochansky

La imagen de proyectos realizados en áreas protegidas sin el consentimiento de las comunidades que allí habitan, parece reproducirse con los mismos desaciertos en Colombia y sus alrededores.

La construcción de una carretera en medio de territorio amazónico en Bolivia y las dudas que genera la consulta previa hecha por el gobierno de ese país a los indígenas son tal vez la muestra más reveladora.

De acuerdo a los trazos iniciales de la empresa brasileña OAS, el tramo II de la vía (306 kilómetros) pasaría por el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), al nororiente de La Paz, entre los departamentos de Beni y Cochabamba. Los tramos I y III ya están en obra y lindan con el territorio sagrado.

En el área demarcada habitan tres pueblos ancestrales (moxeño, yuracaré y chimane), está el 40% del patrimonio biológico del país y circulan importantes ríos que alimentan la cuenca amazónica.

De la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari nace el que podría ser un corredor bioceánico, que una al Atlántico con el Pacífico desde Brasil hasta Chile, pasando por Bolivia. La administración de Evo Morales espera que con este plan el anhelado progreso toque a su puerta.

El marco legal para dar rienda suelta al tramo II (el más polémico, por su ubicación) ya está listo: luego de intensos debates y de prolongadas marchas de indígenas desde el Tipnis hasta la capital, la Ley 222 de 2012 autorizó la ejecución del proyecto si se hacía consulta previa a los indígenas afectados.

A principios de este año, el Ministerio de Obras Públicas entregó los polémicos resultados de la consulta: 58 de las 69 comunidades que pueblan el Tipnis (82% del total) aprobaron la construcción de la carretera. Al parecer, las promesas de desarrollo y de mejoría de las necesidades básicas pudieron más que la conservación del territorio.

La noticia tomó por sorpresa a quienes rechazan el proyecto y argumentan que la carretera dejará las puertas abiertas a una invasión de campesinos cocaleros del Chapare, base política del presidente Morales. Sostienen que la invasión podría provocar una deforestación de especies nativas del bosque andino y la selva amazónica, que se reemplazarían con la hoja de coca, ajena a la región.

Entre los principales detractores se encuentran la Iglesia católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). Ambas, en compañía de delegados de otras organizaciones, viajaron al Tipnis y encontraron que 30 de 36 comunidades consultadas rechazaron la construcción del tramo II de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari, lo que contradice los datos del Ministerio de Obras.

Yolanda Herrera, directora de la APDHB, señala a este diario que se trató de una consulta “totalmente” presionada: “Fueron pequeñas reuniones de tres horas, sin cita; a veces sólo con algunos ancianos, otras, sin las autoridades”.

Dice que tampoco se cumplió la condición de “consulta informada”, ya que no se presentaron estudios sobre los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales que tendrá la construcción de una carretera en medio del Tipnis, sino que sólo se les mostraron fotografías de proyectos ecológicos en otros países. “No fue una consulta previa, fue una consulta póstuma, porque la vía ya se está construyendo”, agrega Herrera.

Juan Carlos Velásquez, secretario de Pastoral Social de Bolivia y miembro de la comisión, escuchó de boca de varios indígenas que el proceso estuvo acompañado de regalos y prebendas, como lanchas con motores fuera de borda, paneles solares y promesas de obras públicas y de servicios de salud. Por su parte, el líder indígena del Tipnis, Fernando Vargas, calificó de “falsos y mentirosos” los resultados de la consulta y anunció una marcha internacional hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pero el Gobierno rechaza estas versiones. Juan Carlos Pinto, delegado para monitorear el proceso de la consulta previa, le dijo a El Espectador que los habitantes del Tipnis aceptaron la carretera a cambio de que no afectara su modo de vida ni el de las especies. Por eso se planea trazar una vía “ecológica” para el libre tránsito de toda la “masa viva” que habita la región y construir túneles que garanticen la seguridad de los animales “cuando quieran cruzar de un lado al otro”, explicó Vladimir Sánchez, ministro de Obras Públicas.

Dichas pretensiones suenan a disparates para muchos. Gonzalo Maldonado, director de la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba, dice que debido al suelo, sin características rocosas, sólo se llegaría a construir un túnel “falso” que afectaría de cualquier manera a las especies y necesitaría de una inversión millonaria. “No entendemos cómo lo van a lograr”.

Lo cierto es que una vía en medio de la Amazonia significa un riesgo enorme. Como lo manifestó Wendy Arenas, directora de la Fundación Alisos, en una entrevista reciente para este diario, el tema de la infraestructura física de transporte es la amenaza más grande para los ecosistemas de la región, ya que “donde haya una carretera, llega gente y se vuelve viable cualquier proyecto”.

¿Conservación o progreso?

 

La construcción de una vía en el corazón de la Amazonia boliviana tiene enfrentados al Gobierno y a organizaciones ambientales. El primero sostiene que el proyecto tendrá un “impacto social y ambiental mínimo”, como se lo confirmó Saúl Chávez, director del Sistema de Parques Nacionales de ese país, a El Espectador: “A título de proteger un área no podemos negar el derecho que tienen los indígenas de tener servicios básicos, como una carretera. Eso es vivir bien y la misma Constitución lo permite. No podemos encerrarnos en conservar”.

Al otro lado de la balanza están los ambientalistas. El diputado indígena Pedro Nuni afirmó que “si se construye la carretera, en tres años se deforestarían 195.792 hectáreas, a los ocho años 344.092, y en trece años prácticamente se estaría liquidando el parque nacional”. Además, unas 800 especies animales y silvestres estarían en riesgo, al igual que la provisión de agua.

 

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