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Vivir 2 Ene 2013 - 8:56 pm

Amenazas y atentados a ambulancias y personal ponen en jaque a las regiones

En conflicto y sin salud

Según la Cruz Roja Internacional, en 2012 se presentaron 64 incidentes contra misiones médicas, lo que vulnera el derecho a recibir atención hospitalaria a los habitantes de las zonas más recónditas del país.

Por: Mariana Escobar Roldán
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Emblematización del puesto de salud en Conquista, Nariño / Boris Heger

El 10 de enero del 2010, en pleno medio día de domingo, Joan Gerson Muñoz, agricultor de 17 años, fue atacado con un arma de fuego en el municipio de Argelia, al occidente del Cauca. Los agresores no fueron identificados, tampoco los que lo sorprendieron más adelante.

El caso era grave y los médicos decidieron que el herido debía ser trasladado a un hospital de Popayán, donde podría recibir mejor atención. Sin embargo, cuando el joven, su madre (Angelina Muñoz de 44 años), dos enfermeras y el conductor de la ambulancia iban llegando a Balboa (en límites con Argelia), dos encapuchados, sin ninguna señal que los relacionara con algún grupo armado, los interceptaron.

Detuvieron la ambulancia e insultaron y amenazaron al personal médico. Al herido le propinaron dos impactos de bala: una cerca del corazón y otra en el cráneo. A la madre la obligaron a bajarse del vehículo y la lanzaron por una pendiente.

De acuerdo con información del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) del Cauca, la vulnerabilidad de las misiones médicas se ha agravado en la zona. En 2012, hubo 15 infracciones y el panorama es congruente con la situación de conflicto armado del departamento.

El escenario del país es similar. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reportó 64 incidentes a las misiones médicas en Colombia durante el año que acaba de terminar (en 2011 fueron 39), pese a que el Derecho internacional humanitario (DIH) garantiza la atención de las comunidades que viven en zonas de conflicto, y protege de forma especial a los profesionales involucrados en el servicio de salud y a los establecimientos y vehículos sanitarios.

Estas infracciones generan graves secuelas. Francisco Moreno, director general de Salud de la Cruz Roja Nacional, menciona algunas: “Las consecuencias humanitarias van desde la restricción de acceso al servicio de salud, interrupción de programas de prevención, vacunación y desarrollo, hasta la falta de tratamiento y atención a enfermos crónicos”.

Mariée-Jose Sierro, coordinadora de Salud del CICR en Colombia, se refiere a esto como un problema epidemiológico: “No sólo se afecta un médico, sino que la ausencia de este perjudica a cientos que dependen de su atención. Es como una gran enfermedad”.

El aumento de los episodios y la gravedad de estos preocupan al organismo multilateral. Entre enero y agosto de 2011 se documentaron 35 casos, mientras que en el mismo período del año pasado hubo 57.

Caroline Putman, encargada del área de Protección del CICR, dice que el aumento podría deberse a los programas de información que han recibido las comunidades sobre la importancia de denunciar violaciones contra las misiones médicas.

Por el contrario, Luis Fernando Correa, Coordinador del Grupo de Atención de Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud, habla de un descenso en los casos, aunque le preocupa que los registrados sean “particularmente graves y amenazan la prestación del servicio de salud”.

En lo mismo concuerda Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos de la Universidad de los Andes, quien señala que aunque aparentemente hoy existe menos riesgo que en la década pasada, “el peligro radica en que la guerrilla ya no es el único autor, sino que aparecen otros grupos criminales con las mismas intenciones”.

Según Jorge Enrique Calero, director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, las comunidades afrodescendientes e indígenas de zonas rurales, los campesinos de regiones remotas, el personal sanitario y los civiles que prestan el servicio médico son los más expuestos al riesgo que representan las infracciones contra misiones médicas.

Estas, por ejemplo, son ataques a centros hospitalarios, amenazas a personal del servicio sanitario, bloqueo de campañas de prevención, atentados contra personal, prohibición de circulación a ambulancias y acciones para rematar heridos o enfermos en centros de atención o medios de transporte del sector de la salud.

La más reciente ocurrió el 22 de noviembre del año pasado, cuando una lancha que iba a atender a víctimas del conflicto armado entre los municipios de Mosquera y El Charco (costa Pacífica de Nariño) fue atacada a bala por desconocidos en aguas del río Tapaje.

El 10 de noviembre había sido noticia un atentado a una ambulancia del hospital de Argelia (Cauca), y días antes una explosión había afectado los tanques de almacenamiento de agua del mismo centro médico.

En otro rincón del país, exactamente en el municipio de La Hormiga, Putumayo, el personal médico teme a acercarse a atender a los habitantes de algunas veredas, por la presencia de minas antipersona que obstaculizan el tránsito.

“Son formas de mantener el control del territorio y de la población. Los armados consideran que el ingreso de las misiones puede estar siendo utilizado para otros fines y esta sospecha puede llevar a impedir su ingreso”, añade Jorge Enrique Calero de la Defensoría.

Pero estas condiciones no son las únicas que afectan la atención en zonas rurales. Marc Bosch, coordinador general de la organización Médicos sin Fronteras en Colombia, advierte que existen grandes deficiencias en el acceso a la salud: “Muchos de los hospitales no están realizando actividades extramurales y la red de atención primaria se ha ido deteriorando. Hay puestos de salud abandonados y el personal es escaso. El conflicto armado y los ataques a la misión médica pueden explicar en parte esta situación, pero para nosotros es evidente que la mayor parte de barreras que limitan el acceso a la salud está relacionada también con el diseño y la implementación del actual sistema de salud”.

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