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Vivir 23 Mar 2013 - 9:00 pm

En Colombia es nuevo el debate pero existen mecanismos para defender al usuario

Por el derecho al olvido

El caso de un español que le planteó una pelea jurídica inédita a Google, para obligarlo a borrar de sus archivos una información desactualizada que atenta contra su intimidad y su reputación.

Por: Carolina Gutiérrez Torres
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Google ha tenido que enfrentarse a decenas de quejas en los últimos cuatro años, de usuarios que reclaman el retiro de datos que los afectan. / Fotoilustración

Mario Costeja González es perito en caligrafía y experto en comunicación no verbal. Es español. Es el protagonista de una inédita batalla judicial contra el gigante de internet Google. Es el hombre que aparece en el diario El País de España diciendo: “Google es una herramienta fantástica, y no tengo nada contra ella”; y enfatizando que no está dispuesto a que “gane la prepotencia norteamericana”.

Su demanda, que está a la espera de un fallo en el Tribunal Europeo de Justicia y que cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Protección de Datos, parecería sencilla: le está pidiendo al buscador que elimine una información de su pasado que está desactualizada y que está afectando su imagen, su buen nombre, su dignidad, su vida. Se trata de un anuncio publicado en 1998 en el diario La Vanguardia, en el que se subastaban los bienes embargados del señor Costeja, por una deuda con la Seguridad Social. “Todo está solucionado y pagado desde hace años, me divorcié desde entonces, pero según Google sigo siendo deudor y casado”, le dijo el hombre de vestido formal, de respuestas joviales, a El País.

Un día de noviembre de 2009 Costeja digitó su nombre en el buscador y se encontró con que, en la memoria infinita de internet, sigue siendo un deudor moroso del Estado. Primero le pidió a La Vanguardia que retirara la información porque el “problema estaba superado” y “carecía de relevancia en la actualidad”.

Estaba invocando, en otras palabras, su “derecho al olvido”. El derecho a borrar su rastro de la red. El mismo que en los últimos tres años vienen clamando decenas de españoles: mientras en 2007 sólo dos usuarios habían pedido a los motores de búsqueda que ignoraran ciertos documentos indeseables en los que aparecían sus nombres, en 2010 se contaban 156 personas con inconformidades parecidas (datos de la Agencia Nacional de Protección de Datos).

Entre ellos sobresale la historia de Mario Costeja González (quien sale siempre sonriente en las entrevistas, quien dice “lo que me preocupa es que no haya derecho a quitar de internet algo de tu pasado que, pese a estar resuelto, te persigue”), porque por primera vez un caso de este tipo llega a una instancia judicial tan alta.

A la queja de Costeja, La Vanguardia Ediciones contesta el 24 de noviembre de 2009, diciendo que no podían desaparecer sus datos porque la publicación se había realizado por orden del Ministerio de Trabajo. En febrero de 2010 el señor remite su queja a la filial de Google en España y ésta, a su vez, la envía a Google Inc., la sede principal de la compañía en California, EE.UU. Aquí entra a interceder la Agencia Española de Protección de Datos. Aquí comienza una serie de alegatos que aún siguen en suspenso.

Los argumentos de la defensa: los buscadores de internet tienen obligaciones con los usuarios “que no desean que determinadas informaciones, que contienen sus datos personales, sean localizadas, indexadas y puestas a disposición de los internautas de forma indefinida”. Otro más: “El buscador Google no sólo facilita el acceso a los contenidos alojados en las páginas web indexadas, sino también aprovecha esta actividad para incluir publicidad de empresas de bienes o servicios”. Y un último: Google debería ser identificado no sólo como un buscador de datos, sino como una web que gestiona información personal.

La respuesta de Google es que no están en contra del derecho al olvido, sino a favor del derecho a la información. Sostiene que no halla la razón de retirar un enlace cuando la información es legítima y veraz. Sostiene que deberían ser los medios de comunicación los que oculten los datos para evitar que aparezcan en los buscadores.

¿A quién le daría usted la razón? Germán Realte, consultor en derecho informático y asesor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se inclina porque el Tribunal Europeo de Justicia avale los argumentos de Mario Costeja. “Tú información evoluciona, prescribe; no puedes ser identificado por una conducta de hace diez años”, dice. Pero también reconoce que, en la técnica, “cada vez es más difícil borrar definitivamente los datos, porque los servidores están en varias partes del mundo y la información está muy fragmentada”.

Por eso continúa el suspendo. Porque internet sigue teniendo enorme vacíos jurídicos. Porque su capacidad y su inmensidad desbordan cualquier legislación. Y eso que España empezó a hablar del derecho al olvido cuatro años atrás.

¿Qué pasaría si sucediera en Colombia? Según Germán Realte, ya existen derechos que protegerían a una persona en la situación de Costeja. “Está el derecho a la intimidad y el del habeas data (el derecho a conocer, actualizar y rectificar toda información que se recopile o almacene en bancos de datos). También hay pronunciamientos de la Corte Constitucional que ha dicho, sin importar si es Google o Facebook, que existe algo que se llama la autodeterminación informática”.

Por dar sólo un ejemplo, Realte menciona una decisión reciente en la que la Corte obliga a un padre de familia a borrar una cuenta de Facebook de su niña de cuatro años, “porque nadie puede manejar información de una persona, sólo puede hacerlo el titular”. Y en menos de un mes habrá un mecanismo más a favor de un colombiano que como Costeja quiera desafiar a Google: el 18 de abril empezará a regir la Ley 1581 de 2012, de protección de datos personales, que dicta que “en toda base de datos que estén los ciudadanos se debe tener la autorización de ese titular. Obliga además a la empresa, sin importar si es grande, mediana o pequeña, a que tenga una política de protección de bases de datos de sus empleados, y las que no lo hagan tendrán sanciones económicas”.

Del derecho al olvido se ha dicho que todavía es intangible. Indescifrable. Vincent Cerf, considerado uno de los padres de internet por la creación del protocolo TCP/IP y hoy director de “Evangelización de Google”, ha repetido que la idea de irrumpir en la memoria de la red es “aterradora”. Se pregunta qué pasaría si la misma medida se quisiera tomar en el mundo análogo: “si alguien dijera ‘quiero que todos se olviden del libro que publiqué porque me parece vergonzoso’, ¿cómo lo lograría? Tendría que entrar a la casa del agente y robarle el libro de su biblioteca. Hay serios problemas legales con eso y para mí no debería ser muy distinto en el mundo en línea”.

También es famosa la frase de Ofelia Tejerina, representante de la Asociación Española de Internautas, quien ha dicho: “Internet es un tatuaje. El derecho a arrepentirnos es lícito, pero tenemos que saber que muchas veces, sin importar los esfuerzos, lo más posible es que nunca lograremos borrarlo”.

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