El expediente Urrá

Historia de los 20 años de la represa de Urrá, “la disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas”. Epílogo.

Mamá y papá de Lucindo Domicó, asesinado por paramilitares en 1999.  / Fotos: Conchita Guerra C.
Mamá y papá de Lucindo Domicó, asesinado por paramilitares en 1999. / Fotos: Conchita Guerra C.

La historia es a la vez única y típica. Es única porque Urrá condensa con una claridad sin paralelo el entrecruzamiento de los hilos de la Colombia de cambio de siglo: el conflicto armado, la judicialización de la política, la lucha por la tierra, el narcotráfico, las innovaciones de la Constitución de 1991, los efectos de los megaproyectos de desarrollo sobre los pueblos indígenas y la movilización política de éstos. Es típica porque los casos como Urrá se han multiplicado viralmente a medida que el país ha girado de una economía cafetera a una minero-energética. En estos nuevos “campos minados”, las disputas por el territorio, la cultura y la consulta previa han seguido trayectorias muy similares (1). Con desmedida frecuencia decidimos las vidas de personas y comunidades que apenas conocemos, como dijo el legendario antropólogo David Maybury-Lewis (2).

Para muchos, las imágenes televisivas de los emberas protestando en los jardines del Ministerio del Medio Ambiente en 1999 fueron las primeras noticias concretas sobre los 102 pueblos indígenas que suman más de 1,3 millones de personas, hablan 65 lenguas diferentes y han ayudado a conservar más de 30 millones de hectáreas de resguardos. Quienes no se enteraron entonces, vinieron a hacerlo en agosto de 2012, cuando las imágenes de otra protesta indígena —la de los nasas del Cauca pidiendo la salida de las Farc y del Ejército de su territorio— le dieron vuelta al mundo.

Lo que se sabe menos aún es que la mayoría de los pueblos indígenas colombianos están en riesgo de desaparecer por los mismos factores presentes en Urrá, como concluyó la Relatoría de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus informes de 2004 y 2010 (3). En el diagnóstico estatal más completo, la Corte Constitucional declaró que 35 pueblos “están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno” y por los factores asociados con él, como las economías extractivas. A ellos se suman 31 pueblos que tienen menos de 500 habitantes, incluyendo 18 que cuentan con menos de 200 y 10 que tienen menos de 100, según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) (4).

De modo que cerca del 65% de la población indígena está caminando la delgadísima línea entre la supervivencia y la desaparición. Ahí están los últimos 50 miembros del pueblo wachina, en el Vaupés, o los últimos tres hablantes del tucano del pueblo makaguaje, en Caquetá. Todos ubicados en la nueva frontera económica de la Amazonia y la Orinoquia —la del coltán, el petróleo, el oro, el agua y la coca— donde están cerca de la mitad de los indígenas (5). Son los nuevos campos minados, donde las olas anteriores de colonización (la Conquista española, la fiebre del caucho del cambio del siglo XIX al XX, las misiones católicas y evangélicas más recientes) habían empujado a los nativos y hoy son las últimas fronteras de los recursos naturales.

De modo que la historia de Urrá es emblemática de muchas otras que vienen ocurriendo en las zonas de frontera económica, en Colombia y otros países, donde la presencia secular de los pueblos indígenas y el deber de consulta con ellos resulta el último “inconveniente” para el avance de la explotación de los recursos, como dijo el ministro de Energía cuando se acabó el plazo para la consulta con los embera katíos en 1999. Vienen a la mente los casos de las explosivas consultas de proyectos mineros o energéticos en lugares como la represa de Belo Monte en la Amazonia brasileña, la mina de oro Marling en Guatemala, o el proyecto petrolero en territorio Sarayaku en la Amazonia ecuatoriana.

El caso de Urrá, cuyo pecado original fue la omisión de la consulta con el pueblo embera antes de la construcción de la represa, muestra los efectos volátiles y trágicos de los conflictos que giran alrededor de las consultas. El derecho a la consulta es con frecuencia el único instrumento eficaz para, al menos, reducir el ritmo o mitigar los impactos de los vertiginosos procesos de explotación de recursos naturales en los territorios indígenas. Las disputas por los detalles de la consulta —quién participa, cuánto dura la consulta, qué tipo de indemnización se pacta, etc.— pueden abrir oportunidades para la movilización política indígena, como lo hicieron en algunos episodios de la historia de Urrá. Y el hecho de que se cumpla o no el deber de consultar puede definir la suerte de un pueblo afectado por un proyecto económico de gran escala. Los emberas conocen la diferencia en carne propia.

“En últimas, ustedes dirán qué hacer para que nos respeten la consulta, porque yo soy sólo un indio y no sé de estas cosas”, nos dijo Neburubi Chamarra aquella noche de mediados de 2010 al concluir su presentación en Power Point, al calor de la única planta eléctrica que alumbraba la escuela de la comunidad de Sambudó, en medio de la selva del resguardo embera. Nunca volvimos a ver a Neburubi. El 8 de septiembre de 2011, cuando conducía una motocicleta cerca de Tierralta, perdió la vida en un extraño accidente. Las circunstancias de su muerte son hoy tan inciertas como el futuro del pueblo que lideró. Pero en su último escrito dejó una respuesta a su propia pregunta: “Los Êbêra no hemos renunciado a nuestro territorio y jamás lo haremos, pues el paraíso, que dicen los cristianos, está para nosotros en el Alto Sinú y allí están nuestros ombligos enterrados y también esperamos que nuestros huesos queden allí. Allí está el aire que limpia y el agua fresca que no hay que comprar, está la bagabaga o mariposa azul que anuncia agua, montaña fresca y cielo, el canto de la guarana, ave que advierte el peligro al Êbêra, el horizonte que muestra de dónde llegaron los ancianos y sus abuelos. Allí está la planta que cura y a la que hay que pedir permiso para tomarla y la planta que hace que el Jaibaná vea y controle los espíritus. Está el río que Karagabí dio al Êbêra para que la hormiga Jenzerá no mezquinara el agua” (6).

 

CITAS(1) Rodríguez Garavito, César. 2012. Etnicidad.gov: los recursos naturales, los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa en los campos sociales minados. Bogotá: Dejusticia.(2) Véase Davis, Wade. 2007. Light at the Edge of the World: A Journey through the Realm of Vanishing Cultures. [p. 132]. Vancouver: Douglas& McIntyre. Esta sección está tomada parcialmente de RodríguezGaravito, César. 2012. “Indígenas sobre campos minados”. El Espectador, 29 de julio.(3) Organización de las Naciones Unidas, ONU. 2004. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Misión a Colombia. Ginebra: ONU; ONU. 2010. Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. James Anaya. La situación de los pueblos indígenas en Colombia: seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial Anterior. Ginebra: ONU.(4) y (5) Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. 2010. Palabra dulce, aire de vida. Bogotá: ONIC.(6) Chamarra, Neburubi. 1999. “De los indios del Alto Sinú y sus cosas” (mimeo).

 

(*) Fragmento del libro Adiós Río publicado por Dejusticia

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