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"El peor enemigo de la conservación es la pobreza"

Acandí, Choco, tiene hoy una de las diez áreas marino-costeras protegidas en el país; un proceso que tardó nueve años y que los hace ilusionarse con un futuro lejos del abandono y la pobreza.

Carolina Gutiérrez Torres *
20 de diciembre de 2013 - 09:54 p. m.
Un total de 26.232,71 hectáreas en Acandí (Chocó), fueron declaras santuario de fauna para proteger a las tortugas carey y caná. / Cortesía Parques Naturales
Un total de 26.232,71 hectáreas en Acandí (Chocó), fueron declaras santuario de fauna para proteger a las tortugas carey y caná. / Cortesía Parques Naturales
Foto: 00672

Todo fue fiesta en Acandí, Chocó. Las niñas bailaron mapalé, las mujeres prepararon fiambre para los invitados y los líderes leyeron discursos enérgicos y emotivos. El 18 de diciembre de 2013 pasará a su historia como el día en que el Chocó le entregó al país 26.232 hectáreas para la conservación de área marina; un proceso de nueve años largos y difíciles que concluyó con la declaratoria del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona.

Ese día, también, quedará registrado porque por primera vez en muchos años, tantos que nadie lleva el cálculo, un alto representante del Gobierno –la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento– pisaba esas tierras. Había que festejar. Y por ahí derecho reclamar, que ahora que la comunidad se estaba comprometiendo con la protección y el cuidado de una área primordial para preservar las tortugas carey y caná, en vía de extinción, era hora de que el Gobierno mirara hacia allá; de dejar de ser invisibles para un Estado que históricamente los ha tenido desamparados.

“El peor enemigo de la conservación es la pobreza”, dijo alguien al micrófono y los pobladores aplaudían incansables. “Con esto le estamos diciendo al Gobierno que aquí hay personas que pasamos pro problemas muy grandes y queremos salir adelante; que se pueda resaltar en el mundo que en Acandí hay una comunidad que está sola, que no lo tiene todo, que necesita empleo, acueducto, alcantarillado, buenos colegios para nuestros hijos, centros de salud”, dijo Efraín Ballesteros, representante legal de Cocomaseco, uno de los tres consejos mayores de Acandí que, junto a Coomanorte y Cocomasur, lideró el proceso.

La celebración fue en La Playona, a donde se llega luego de media hora en lancha desde Acandí y una caminata de 40 minutos bordeando la playa, la misma a la que arriban entre marzo y mayo las tortugas caná a desovar, a cavar sus nidos en la arena para luego emigrar hacia aguas tropicales o mares subárticos. En esa playa, primordial en el ciclo de vida de esta especie –la más grande del mundo con hasta dos metros de longitud, 700 kilos y más de 50 millones de años de existencia –, luce hoy sucia; atiborrada de basura y troncos que llega con la fuerte corriente del mar –otro reclamo al Gobierno–.

Nueve años atrás, en esas mismas playas, las tortugas empezaron a aparecer muertas, “muchas de ellas con signo de tortura, de haber sido maltratadas, de haberse asfixiado por los trasmallos –cuenta Efraín Ballesteros–. Empezamos a preocuparnos, a pensar que era necesario hacer algo para protegerlas”. Y ese era apenas el principio de un proceso largo de consultas previas con las comunidades, que temían que la declaración de área protegida los fuera a privar de pescar en las aguas que les daban su sustento; incluso de atravesarlas, de poder nadar en ellas.

Fue largo el proceso de poner de acuerdo a los líderes de los concejos comunitarios, de las cooperativas de pescadores y cocheros; de ir de vereda en vereda, de casería en casería, respondiendo a las dudas de los pobladores. Educándolos, librándolos de sus miedos. Acandí tiene unos 13.000 habitantes, 54 veredas y 12 corregimientos. No era tarea fácil. Por eso el miércoles pasado había motivos de sobra para festejar.

Celebrar, además, que empezará a hablarse de Acandí como un municipio ambiental, cuidador de sus recursos; más allá de la historia de violencia y de pobreza con la que carga este pueblo pequeñito, en el extremo norte del Chocó, en la frontera con Panamá, a orillas del mar Caribe. “Esos son tiempos que no quisiera recordar porque son muy dolorosos, hubo grupos que hicieron mucho daño y nosotros estamos en un proceso de podernos levantar, de crear, de abrirle al mundo las puertas para que vengan a investigar”, dice Ballesteros.

Esos tiempos de desplazamientos, de muertes –se lamenta Emiglio Pertuz, representante legal de Cocomanorte– atentaron también contra su “soberanía alimentaria. El campesino sufrió mucho”. Por eso, tener hoy una de las diez áreas protegidas marino-costeras del país, los hace pensar que sí es posible lograr “un desarrollo sostenible, en el que los negros podamos volver a producir nuestro territorio, alcanzar nuevamente la soberanía”.

cgutierrez@elespectador.com

* La periodista visitó Acandí por invitación de Parques Nacionales.

Por Carolina Gutiérrez Torres *

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