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Vivir 29 Jun 2013 - 9:00 pm

Se llamaría Salud Andina y estaría en el régimen subsidiado

EPS cuestionada antes de nacer

Uno de sus principales accionistas es el empresario Gerardo Vecino Villarreal, salpicado por desmovilizados de las Auc. Él niega vínculos. Supersalud se ha negado a dar aval porque sigue “analizando”.

Por: Carolina Gutiérrez Torres - Alexánder Marín Correa
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Una nueva EPS quiere entrar al sistema de salud para atender a usuarios del norte, nororiente y sur del país. / Archivo

Una nueva EPS quiere entrar al sistema de salud colombiano, justo cuando sigue en trámite un proyecto de ley que pretende quitarles poder a estas empresas reduciendo los giros directos que el Gobierno les hace actualmente. Tendría como nombre Salud Andina, operaría en el norte, el nororiente y el sur del país, y atendería a usuarios del régimen subsidiado. Aunque desde el 8 de junio de 2012 la solicitud está en estudio en la Superintendencia de Salud y ya existe un borrador de la resolución que le daría luz verde para empezar a operar, el documento sigue sin la firma del superintendente Gustavo Morales. ¿Cuál es el motivo?

La respuesta de Morales es que “es cierto que las delegadas en su revisión formal hicieron acreditación de cumplimiento de los requisitos exigidos en la normas, pero el despacho del superintendente está evaluando muy detenidamente los antecedentes administrativos, penales y éticos de cada uno de los directivos de las empresas socias de esta EPS”.

Las dudas de la Superintendencia podrían radicar en dos aspectos: por un lado, uno de los socios principales de la EPS,  Gerardo Vecino Villarreal y quien actualmente no tiene investigaciones en la Fiscalía, ha sido salpicado por desmovilizados de las Auc como supuesto colaborador de la organización ilegal en el Atlántico a través de una EPS  de Quibdó, la cual estuvo en 2007 al borde de la liquidación. Por el otro lado, los actuales secretarios de Salud del municipio de Soledad (Atlántico) y de este departamento aparecen como miembros de la junta de una de las sociedades accionistas de Salud Andina.

Y aunque son hechos sobre los que  los organismos de control ni las autoridades han abierto investigaciones formales, sí parece que han sido suficientes para que la Superintendencia se tome el tiempo de revisar nuevamente los detalles.

El proceso

La creación de Salud Andina EPS-S S.A. comenzó a mediados de 2011, con la conformación de una sociedad con escritura de Barranquilla, de donde son la mayoría de accionistas, pero registrada en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja (Santander). Las principales reuniones de accionistas, en las que se pulieron detalles de empresa, las presidió Gerardo Vecino Villarreal. En los documentos figura como representante legal Rafael Leonidas Lugo y como miembros de junta se encuentran Róbinson Alberto Domínguez Gómez, Jenni Ximena Ruiz Ruiz, Leidy Salazar Hoyos, Álex Alejandro Páramo Samper, Juan Bautista Pacheco Padilla, Yair Antonio Cera Mercado y Gerardo José Vecino Villarreal.

En junio del año pasado fue enviada formalmente la solicitud de habilitación de la EPS, cuando todavía Conrado Adolfo Gómez estaba al frente de la Superintendencia. Desde entonces empezaron evaluaciones jurídica, financiera y administrativa, que obtuvieron el visto bueno de las diferentes dependencias de la Supersalud. El concepto jurídico señaló que todos los papeles estaban en regla, el financiero consideró que los $10.000 millones de capital inicial permitían su entrada en operación y el concepto técnico aseguró que el plan de operación y la capacidad proyectada cumplía con los estándares exigidos por la ley.

De acuerdo con los documentos, que se presentaron ante la Superintendencia de Sociedades, los dueños de Salud Andina EPS-S son las sociedades Inversiones Clínicas Andinas (40%), Fundación Social Santo Tomás de Villanueva (20%), Inversiones Novel y Cía. (20%), Medi Hos Ltda. (10%) y la Agropecuaria El Roble del Caribe (10%). Hasta ahí nada extraño. Sin embargo, al revisar en detalle la composición de cada una de estas sociedades se encuentra que todo el proyecto gira en torno a Gerardo Vecino Villarreal y su familia. El empresario y ganadero del Atlántico, junto con sus familiares, tiene participación en tres de las empresas (Inversiones Clínica Andina, Inversiones Novel y Agropecuaria El Roble) que concentran el 70% de las acciones de Salud Andina.

“Tengo la frente en alto”

Ante las dudas que hay alrededor de Gerardo Vecino Villarreal, el propio empresario y ganadero explicó que nunca ha tenido investigaciones en contra y que, por el contrario, ha sido víctima de extorsiones. “No tengo vínculos con grupos ilegales. Mi hoja de vida es intachable y está abierta para el que quiera investigar. Tengo la frente en alto para enfrentar cualquier cuestionamiento”. Negó ser el dueño de Salud Andina y explicó que fueron varias empresas las que se unieron para prestar “un buen servicio”. “El país ve con buenos ojos la creación de una EPS nueva, sin deudas, con calidad en la prestación de servicios”, señaló.

Al cuestionarlo sobre su participación y la de sus parientes en varias empresas detrás de la EPS, que la convierten en una especie de EPS familiar, explicó que el proyecto cuenta con muchos accionistas “correctos y exitosos”. “Somos un grupo de empresarios que, ante la crisis del sistema de salud, contratamos importantes consultores , entre ellos el actual secretario de Salud del Atlántico”.

Precisamente el nombre de este secretario, David Peláez Pérez, y el del secretario de Salud del municipio de Soledad (Atlántico), Carlos Mario Bula, aparecen en la junta directiva de Inversiones Clínicas Andinas, la mayor accionista de la nueva EPS. Ambos coinciden en afirmar que estuvieron sólo en la formación de esta empresa como asesores y que renunciaron antes de posesionarse como funcionarios públicos (incluso enviaron a este diario las cartas de renuncia, la de Peláez fechada el 25 de agosto de 2011 y la de Bula, el 8 de agosto de 2011), pero en un registro de la Cámara de Comercio de septiembre de 2012 siguen apareciendo como miembros activos.

Ya el superintendente de Salud, Gustavo Morales, ha recibido dos derechos de petición de Salud Andina (ver recuadro superior), pidiendo que se surta el único trámite que hace falta (su firma) para empezar a operar. La respuesta de Morales ha sido la misma: que no firmará “a ciegas” la solicitud y que la está sometiendo a un nuevo “responsable análisis”.

Los derechos de petición de Salud Andina

El pasado 14 de junio el superintendente de Salud, Gustavo Morales, recibió un derecho de petición firmado por Rafael Leonidas Lugo Pérez, representante legal de Salud Andina EPS S. A., pidiendo “muy respetuosamente” que se firmara el acto administrativo “mediante el cual se autoriza a nuestra empresa operar”, teniendo en cuenta que ya era de su conocimiento que la entidad había cumplido “de manera cabal, integral y oportuna los estándares de habilitación”.

Lugo Pérez afirmaba, además, que la tardanza de este trámite podría “traer graves consecuencias empresariales y afectaciones que empezaremos a cuantificar”. En su respuesta Morales señala que, teniendo en cuenta la coyuntura del sistema de salud, era necesario hacer un “responsable análisis (...) que conlleva incluso la verificación del contenido y calidad de los conceptos técnicos emitidos por las diferentes áreas, y del mismo acto administrativo”.

 

El 20 de junio Salud Andina envió un derecho de petición reiterando sus argumentos y señalando que  “calculó y valoró económicamente todos los daños y perjuicios irremediables” que está causando la demora del trámite. La Supersalud  no ha dado respuesta.

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